El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley que transpone la directiva de servicios en el mercado interior, con el que prevé que el PIB aumente un 1,2% y se creen entre 150.000 y 200.000 empleos, lo ha hecho el mismo día en el que se ha conocido que el sector servicios español sufrió una caída récord en enero. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha aprobado la reforma de la Ley Concursal y un Plan de Impulso a la Internacionalización de la Economía Española en los sectores asociados al cambio climático.
El sector servicios representa casi el 67% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Esta nueva normativa va a agilizar los trámites con la administración y asegura la transparencia. El Ejecutivo prevé que, tras un plazo aproximado de entre 3 y 3 años y medio estas medidas puedan aportar alrededor de 1,2 puntos porcentuales al PIB así como la generación de hasta unos 200.000 empleos.
El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.
En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como ley paraguas, una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.
Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como ley ómnibus, que modifica 46 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.
Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen, se realizará un examen de todos los requisitos existentes, se garantizará la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro estado miembro y se reforzarán los derechos y la protección de los consumidores.
En las actividades industriales se sustituye el régimen de autorización administrativa previa en las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado, mientras que el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa (comercialización de energía eléctrica, comercialización al por menor de gases licuados y a granel, comercialización de gas natural y operadores al por mayor de productos petrolíferos) por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente.
En el sector de las telecomunicaciones, se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable. En los servicios medioambientales y de agricultura, se eliminarán con carácter general las autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos (declaración responsable o comunicación) en todas las actividades de servicios relacionados.
Reforma de los colegios profesionales
Además, la ley ómnibus contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las restricciones injustificadas a la publicidad por parte de los profesionales, así como las limitaciones que existen ahora para ejercer simultáneamente más de una profesión.
Se elimina también la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso. Con esta medida, se trata de evitar tarifas de ingreso a los colegios profesionales que pueden llegar a los 6.000 euros. Además, la solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija la ley.
Menos cargas administrativas
También se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.
A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.
Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.
Nueva ley Concursal
Finalmente, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley Concursal, con la finalidad de garantizar un procedimiento concursal más ágil, menos costoso y eficiente en sus resultados, así como generar incentivos para que las empresas y el resto de deudores se acojan al concurso, eliminando trámites procesales innecesarios, abaratando costes y reorganizado la administración concursal.
La intención del Gobierno es simplificar la tramitación de los concursos ante los problemas de acumulación de peticiones de los mismos que se están dando en la actualidad como consecuencia de la crisis, así como las dificultades en las funciones preconcursales.
Operaciones de seguro de crédito
El Gobierno también ha decidido hoy cubrir las operaciones de seguro de crédito de las empresas para evitar que el incremento de la morosidad dificulte la firma de este tipo de pólizas, que permiten a las empresas protegerse frente al impago de sus compradores.
Así se recoge en una medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros con la que el Ejecutivo espera "favorecer el acceso de ciudadanos y empresas a los seguros de crédito y caución" a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Cambio climático
El Gobierno también ha aprobado hoy el Plan de Impulso a la Internacionalización de la Economía Española en los sectores asociados al cambio climático, un proyecto presentado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián ante el Consejo de Ministros.
Concretamente, este proyecto pretende integrar la lucha contra el cambio climático como elemento transversal de la política de internacionalización de la empresa española con tres objetivos fundamentales.
En primer lugar, pretende consolidar la presencia de las empresas españolas en sectores de energías renovables y de tecnologías avanzadas, para la lucha contra el cambio climático, contribuyendo a crear una imagen de España y de su sector empresarial asociada con un desarrollo bajo en carbono.
Servicios: Nueva caída en enero