Uno de cada cuatro radares que vigilan las carreteras españolas son radares fantasma, es decir, un dispositivo de control de velocidad que está señalizado y registrado, pero se encuentra desactivado o no cuenta con el mecanismo que capta y registra la velocidad.
La DGT cuenta con 614 radares distribuidos por las calzadas españolas (no incluye a Cataluña y País Vasco puesto que tienen las competencias transferidas) y, sin embargo, el 25% de ellos no puso ninguna multa desde 2013 a 2015, según el informe realizado por El Confidencial con datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante la Ley de Transparencia.
Destaca especialmente el caso de Alicante, Cádiz, Castellón y Albacete, donde la mitad de los dispositivos no multaron ni una sola vez en el periodo mencionado. Por contra, en Ávila, Teruel, Navarra, Palencia, Valladolid y Cantabria, todos los radares multaron al menos una vez.
No obstante, esta práctica no es nueva. Se puso en marcha en 2005 con Pere Navarro (predecesor de María Seguí) al frente de la DGT, entidad que justificó esta acción por su efecto disuasorio y porque "un radar fijo puede cambiar de ubicación".
Por su parte, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) ya ha presentado varias denuncias por esta práctica reiterada dado que "lo que hay que hacer es educar a la gente y no asustarla".
Y es que estas variaciones de ubicación y operatividad que sufren los radares acaban despistando a los conductores y, como consecuencia, disparando las sanciones por exceso de velocidad.
Especialmente significativo es el caso del radar fijo situado en el kilómetro 18,2 de la A-6, con límite de 90 km/h. Este registró en 2015 el mayor número de multas en los últimos cinco años a pesar de operar solo durante 79 días: interpuso 868 multas diarias para conformar un total de 69.000. En julio de 2015, dejó de funcionar y dos semanas más tarde comenzó a multar el radar del km 12 de la A-5, el cual registró más de 35.000 multas en cinco meses: 244 por día.
