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Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)

Eleconomista
7/04/2014 - 10:13
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de abril el polémico Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que busca cambiar la estructura judicial mediante la introducción de los tribunales de instancia (TPI) en las capitales de provincia, el reforzamiento del Tribunal Supremo.

El texto considera que esta forma de responsabilidad "no sólo es sumamente rara en la práctica, como consecuencia de la regulación constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino que es difícilmente justificable en un ordenamiento jurídico como el español que, desde la reforma que en 1999 se hizo de la Ley 30/1992, ha eliminado la responsabilidad civil directa de las demás autoridades y empleados públicos".

La supresión de esta forma de responsabilidad judicial va acompañada de la misma consecuencia prevista en la legislación administrativa para el resto de autoridades y empleados públicos: una vez declarada la responsabilidad patrimonial del Estado por una actuación judicial, aquél podrá exigir la repetición siempre que el daño se hubiese debido a dolo o culpa grave del juez.

Existe una amplia jurisprudencia ha interpretado de manera uniforme que la inexcusabilidad de la ignorancia del juez debe restringirse, únicamente a los supuestos de culpa muy grave.

El número de demandas interpuestas por esta causa, ante la dificultad de demostrar la existencia de culpa muy grave, junto con la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Civil de la responsabilidad patrimonial del Estado, han dado lugar a un número exiguo de sentencias firmes condenatorias.

La jurisprudencia ha basado sus decisiones en base a la garantía de la independencia judicial, cifrada en la sumisión única y exclusiva al imperio de la ley. Los tribunales han considerado que se pone en peligro la independencia si al juez se le presiona con responsabilidad civil, que pueda alterar la objetividad.

De forma paralela a esta medida, la futura norma incluye que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se configure como doctrina jurisprudencial vinculante para los tribunales menores a partir de la entrada en vigor de la norma, lo que para los redactores del Anteproyecto supondrá un incremento de la seguridad jurídica .

El imperio de la Ley

El propio Anteproyecto, no considera que en la norma que se introduzca ninguna "verdadera innovación"en el "sometimiento de los tribunales al imperio de la Ley", y argumenta que, entre otras razones, porque constitucionalmente no podría hacerlo: la fuerza -o, el modo de obligar- de las leyes y demás normas con rango de ley es algo que, en principio, está reservado a la Constitución misma.

Sin embargo, los redactores justifica la medida en que "un sistema judicial en el que se produzcan pronunciamientos contradictorios o distintos ante situaciones fácticas iguales resulta un desincentivo para los operadores económicos de nuestro país, así como para la atracción de inversión extranjera, concluye el texto".

Mientras tanto, las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independendiente se reunieron ayer para debatir "una ley que cierra el círculo del ataque que está sufriendo la independencia de los magistrados

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