La Unión Europea es el principal proveedor de productos agrarios a Rusia con una cuota de mercado del 42 por ciento, y su saldo comercial agroalimentario es muy positivo, con 10.200 millones de euros en 2013 tras exportar 11.800 millones de euros e importar 1.600 millones de euros.
Los principales productos europeos exportados son fruta, queso, carne de porcino, hortalizas y vinos. Según la Comisión Europea, el valor de los envíos europeos al mercado ruso afectados por la prohibición de exportación se cifra en 5.252 millones de euros.
El país que sufrirá mayores pérdidas será Lituania, con 927 millones de euros, seguida por Polonia (841), Alemania (595) y Holanda (528). España se encuentra en sexto lugar en exportaciones directas, aunque hay que tener en cuenta que muchos de los productos de origen español son reexportados desde Holanda o Alemania, con lo que las pérdidas españolas podrían ser aún mayores.
En el caso concreto de España las exportaciones agrarias a Rusia en 2013 ascendieron a 588 millones de euros, siendo los principales capítulos frutas (158 millones de euros, 27 por ciento del total), principalmente fruta de hueso y cítricos; carnes (116 millones de euros, 19,8 por ciento), destacando el porcino; frutas y hortalizas transformadas (89 millones de euros, 15,2 por ciento) y hortalizas (72 millones de euros, 12,3 por ciento).
En conjunto, estos subsectores supusieron tres cuartas partes del total y también suponen la mayor parte de los productos prohibidos, lo que sin duda supondrá un fuerte impacto en la balanza comercial bilateral.
Ante estas magnitudes, las medidas que se han planteado hasta el momento por parte de la Unión Europea para mitigar el impacto en las rentas de los agricultores nos parecen totalmente insuficientes.
Bruselas apenas ha destinado 200 millones de euros a una crisis que va a generar pérdidas de más de 5.000 millones en un año. Sólo en fruta de hueso, el número de toneladas que no han podido ser enviadas a su destino oscila entre el 20 y el 30 por ciento de toda la producción.
Esto ha repercutido en los precios. Los melocotones se están vendiendo estos días a diez céntimos. Antes del veto el precio rondaba los 40 céntimos el kilo, una caída del 75 por ciento. No ha dado tiempo a reaccionar, a modificar cultivos y buscar alternativas.
La planificación de trabajo se hizo contando con el mercado ruso. Al ser una decisión de carácter político, ajena a toda actividad productiva agraria y comercializadora, los agricultores no son responsables de la misma y por tanto no deberían recaer sobre sus espaldas las negativas consecuencias.
En este sentido, consideramos que la indemnización por retirada debe alcanzar un montante que cubra el 100 por cien de las pérdidas derivadas del veto ruso. Dado el carácter atípico y extraordinario, si es necesario se debe hacer con cargo al Fondo de Crisis de la UE o a otros fondos adicionales que se habiliten al margen de la Política Agraria Común (PAC).
Tenemos que tener en cuenta que, aunque las medidas aprobadas tengan efectos retroactivos desde el 11 (melocotones y nectarinas) y 18 de agosto (resto de los productos), las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y los agricultores individuales no han tenido los cauces adecuados para retirar su producción del mercado hasta finales del mes de agosto o principios de septiembre, por lo que esta disposición ha carecido de efectividad.
Además, la lentitud de los organismos competentes de las comunidades autónomas ha agravado la situación y no ha permitido retirar una cantidad suficiente de melocotones y nectarinas del mercado con la celeridad debida para revitalizar los precios rápidamente.
Es previsible que todas las frutas y hortalizas se vean afectadas de algún modo por el veto a medida que vaya entrando su campaña por lo que no compartimos que la aplicación de las decisiones se limite a una lista de productos determinados.
Consideramos que la lista de productos debería ampliarse a melón, sandía y patata (en plena campaña), y aquellos cuyo campaña se inicia en los próximos meses, caso de los cítricos, caqui y granada, berenjena, calabacín, judía verde y lechuga.
Al margen de las actuaciones de choque, se debería llevar a cabo un control exhaustivo de precios percibidos por los distintos agentes de la cadena alimentaria, especialmente en el eslabón de la distribución.
Se debe evitar la especulación en la cadena, tanto en el ámbito del Estado, como a nivel de la UE, de tal manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a la situación de precios en origen y se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados.
Otra línea de actuación debería ser el reforzamiento del principio de preferencia comunitaria. En las circunstancias actuales, no se pueden realizar concesiones comerciales a ningún país tercero y han de comprobarse el estado de las relaciones con determinados países.
La Unión Europea ha de entablar contactos y emprender actuaciones políticas con los socios comerciales preferenciales (Marruecos, Turquía?) o en proceso de alcanzar ese estatus (Mercosur) y que pretenden sustituir a los productos de la UE en el mercado ruso.
Finalmente, se debe trabajar en la búsqueda de nuevos mercados para obtener resultados a medio plazo. La apertura de dichos mercados debería posibilitarse a través de la Unión Europea y no como estados independientes, de la misma forma que se produce la apertura a las importaciones de países terceros.