Los grandes formatos comerciales tienen todas sus esperanzas puestas en la reforma fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado para el año que viene.
Una reforma que, según Anged -la patronal del sector-, debería poner orden en el ámbito autonómico y acabar con la disparidad fiscal a la que se enfrentan las grandes superficies en función de la Comunidad Autónoma en la que desarrollen su actividad.
"Creemos que la futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) debería ordenar de forma razonable y objetiva el sistema tributario español en sus tres niveles: estatal, autonómico y local, para avanzar así hacia un marco fiscal razonable, justo y equitativo", explican fuentes de Anged, que calculan en un centenar los tributos que actualmente coexisten en España.
Tributos que, según sus datos, absorven hasta el 35 por ciento del beneficio de los grandes formatos comerciales en las autonomías en las que ya se han implantado y que, de generalizarse, pondrían en riesgo la viabilidad de determinados establecimientos y, lo que es peor, la permanencia de hasta 18.000 puestos de trabajo.
A día de hoy son cinco las comunidades autónomas que han implantado cargas fiscales adicionales a las impuestas por el Estado. Cataluña fue la que abrió la veda en el año 2000, gravando con 17,42 euros el metro cuadrado a las superficies comerciales mayores de 2.500 metros cuadrados.
Navarra seguiría su ejemplo en 2001, con un impuesto de 12 euros el metro cuadrado para superficies de igual tamaño. Dos años después Asturias imitaría el modelo catalán para que dos ejercicios más tarde Aragón hiciera lo propio, con una tasa de 15 euros el metro cuadrado a las superficies con más de 2.000 metros.
La Rioja fue la última comunidad autónoma en subirse a este carro y lo hizo en el año 2012. Un año en el que Canarias también anunció que gravaría con 12 euros el metro cuadrado a las superficies comerciales de más de 500.
Amenaza que de momento no ha ejecutado pero que, según advierten desde Anged, el Gobierno de este archipiélago, al igual que el de Baleares, podría poner en marcha en cualquier momento.
De hacerlo, ese tributo sería, según las mismas fuentes, igual de "injustificado e insostenible" que en el resto de comunidades donde ya se aplica.
Las empresas asociadas a esta patronal, entre las que se encuentran Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Eroski, entre otras, sostienen que esos tributos lastran su competitividad y acorralan sus esfuerzos de inversión, tienen un fin puramente recaudatorio y carecen de cualquier justificación medioambiental, pese a que ésa sea la razón en la que se apoyan los gobiernos regionales para defender estas tasas.
"Los impuestos sobre las grandes superficies son injustificados porque no cumplen el principal requisito de la fiscalidad verde de quién contamina paga", explican en Anged.
Y es que según estas fuentes los tributos cargan el supuesto daño ambiental de los desplazamientos en coche hacia las tiendas sobre las empresas y no sobre los conductores.
Por si fuera poco, recalcan dichas fuentes, ese daño ambiental ya está gravado por los impuestos especiales sobre hidrocarburos, por lo que "penalizan dos veces un mismo hecho imposible".
A esta crítica la asociación suma la vinculada a la discriminación que estos impuestos suponen para las grandes superficies frente a otros formatos comerciales que realizan la misma actividad.
Además, apostilla la patronal, "discrimina la actividad comercial frente a otras que, bajo el mismo supuesto ambiental por el que se crea el tributo, podrían ser gravadas, como los estadios de fútbol e incluso los centros hospitalarios".
Y por si esto no bastara, las grandes superficies se quejan de que la presión fiscal las castiga sin tener en cuenta que "la gran distribución se sitúa a la vanguardia de la eficiencia energética, la gestión de residuos y la redución de la huella ecológica en todos sus procesos".
Y si no les faltan motivos para considerar esos impuestos injustos tampoco les escasean a la hora de explicar su lado más insostenible.
"En una situación de grave crisis del consumo como la que se vive en España no se puede castigar a un sector que durante los últimos cinco años ha contribuido a contener los precios, además de a mantener el empleo y que ha ajustado sus márgenes para ser más competitivo".
Según los datos de Anged, sus empresas asociadas han invertido en los últimos cinco años 12.000 millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del total del sector minorista, y han otorgado más de la mitad del crédito al consumo en España.
En esta línea, la patronal indica que estos impuestos también son insostenibles porque se unen a un "incremento desorbitado de otros costes indirectos", como el de la energía, que ya es la tercera partida de gasto en la distribución.
Además de estos impuestos autonómicos, la patronal recuerda que la gran distribución también es objeto de un marco normativo que penaliza su eficiencia lo que impide adaptar sus horarios comerciales a las demandas de sus clientes, por lo que exige liberalizarlos.
"En los momentos actuales, una mayor liberalización de horarios comerciales resultaría un elemento esencial para dinamizar el consumo y reactivar la actividad comercial", sostiene Anged, que pone como ejemplo el impacto positivo que ha tenido en Madrid la desregulación del comercio.
"En la última década de apertura comercial, el número de locales minoristas en Madrid creció un 8,6 por ciento y la generación de empleo un 30,6 por ciento. Cataluña, con una política de horarios radicalmente opuesta, sufrió en ese periodo una caída del 5,4 por ciento en número de establecimientos comerciales y un avance del empleo del 4 por ciento".