El grupo tiene ahora un vehículo jurídico que le permite cambiar detalles del anterior convenio.
El Gobierno, una vez más, ha echado una mano a las inmobiliarias con un nuevo cambio en la Ley Concursal. La anterior modificación de marzo no satisfacía del todo las peticiones del sector, que reclamaban que las empresas en concurso o fase de convenio pudieran beneficiarse también de las ventajas que se habían aprobado con esta norma para las compañías en situación de preconcurso.
Este cambio ha sido decisivo para Martinsa, que antes de que finalice el año tiene que hacer frente a un pago de 454 millones de euros, por lo que aprobar un nuevo convenio con sus acreedores es la única carta en la manga que tiene la compañía de Fernando Martín para evitar la liquidación.
Según ha explicado la inmobiliaria a este periódico, "con la anterior normativa no existía un vehículo jurídico que le permitiera modificar una serie de compromisos que se fijaron en el anterior convenio".
Ahora, la inmobiliaria tiene vía libre para llegar a un nuevo acuerdo con la banca acreedora, que se basará en la "dación de activos y la conversión de deuda en crédito participativo". El grupo espera que este acuerdo se cierre en los próximos dos meses, concretamente a mediados de octubre, para que jurídicamente esté formalizado antes de que finalice el año.
Según fuentes financieras, el proceso de negociación con la banca se encuentra muy avanzado, ya que los acreedores se muestran predispuestos a cerrar un acuerdo cuanto antes.
Próximos a un nuevo acuerdo
Para agilizar el proceso, el grupo encargó a la auditora Deloitte hace ya unos meses que diseñara el conocido como "Proyecto Aurora". Mediante este plan se pretendía realizar un estudio de todos los activos de la compañía, para luego poder negociar con la banca cómo se iban a repartir entre las distintas entidades.
"Con la nueva ley sobre la mesa, ahora sólo hay que finalizar los detalles de este plan y cerrar cúal será el mix final entre la dación de activos y conversión a crédito participativo", aseguran.
Según la inmobiliaria, su intención es que tras el acuerdo Martinsa se convierta en una inmobiliaria saneada y estable con viabilidad en el largo plazo, aunque eso implique que la compañía quede bastante reducida. "Nuestro objetivo es que la deuda sea inferior al valor de los activos", explica desde el grupo.
Asimismo, cuando se ejecuten los acuerdos, la participación de Fernando Martín, presidente de la inmobiliaria, que actualmente tiene el 60,03 por ciento del capital del grupo se verá fuertemente diluida, ya que las mismas fuentes aseguran que no se van a aplicar quitas, pues todo lo que se pierda de deuda pasará a participativo.
Aun así, Martín seguirá al frente del grupo, pues según explicó él mismo a elEconomista, la banca confía en su gestión.
La deuda concursal ordinaria supera actualmente los 3.600 millones, de los que unos 1.500 millones se adeudan a la Sareb, mientras que el resto se divide entre otras entidades como La Caixa, el Popular, Novagalicia y RBS, entre otros.
Las negociaciones de un nuevo convenio se iniciaron cuando la inmobiliaria no hizo frente al tercer pago de la deuda concursal, que ascendía a 40 millones de euros. Tras ese pago, la inmobiliaria tenía que desembolsar otros 454 millones antes de que finalice al año. Asimismo, en 2015 debería abonar 667 millones, otros 918 millones de euros en 2016, 934 millones en 2017 y finalmente desembolsar 667 millones entre 2018 y 2020.
La mala situación de tesorería de la inmobiliaria, la caída generalizada de las ventas y una situación macroeconómica muy desfavorable, hacían imposible que el grupo cumpliera con estas pautas.
De hecho, el informe del auditor llevaba varios años advirtiendo de la "existencia de incertidumbre significativa para continuar sus operaciones, realizar sus activos y hacer frente a sus pasivos".
Según la última presentación de resultados del grupo cerró el primer semestre con unas pérdidas de 185 millones, lo que supone una reducción de sus números rojos que alcanzaban los 267 millones a junio de 2013.
Por otro lado, la facturación creció un 70 por ciento, hasta los 80 millones, sin embargo, el margen bruto del primer semestre es negativo por importe de 15,3 millones de euros, frente al margen negativo del ejercicio anterior de 2,6 millones de euros y los gastos de explotación ascienden a 16,2 millones. Por su parte, las dotaciones por deterioro ascendieron a 108 millones, fundamentalmente, por deterioro de activos inmobiliarios. Por otra parte, los gastos financieros han ascendido a 71 millones de euros, de los que 68 millones corresponde a la deuda concursal.
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