Sacyr tiene hasta el día 20 para llegar un acuerdo con el Canal que evite la paralización de la obra.
Las negociaciones entre el consorcio GUPC (Grupos Unidos por el Canal), liderado por la española Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han entrado en su semana decisiva. Ambas partes tienen hasta el día 20 para alcanzar un acuerdo que, de no producirse, dejaría en el aire la finalización de uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos tiempos. Esta posibilidad parece a priori poco probable, pero a la vista de lo sucedido la semana pasada, con un calentamiento generalizado a ambos lados de la mesa de negociación después de un intenso cruce de declaraciones, tampoco se puede descartar.
Y es que las muestras de buena voluntad y optimismo expresadas tanto por el consorcio como por las autoridades panameñas a comienzos de la semana pasada, justo después de la visita al país americano de la ministra de fomento, Ana Pastor, siguió una auténtica lluvia de meteoritos en forma de amenazas. Un desenfreno verborreico armado de reproches que, ante la mirada impertérrita de Sacyr, ha tenido como protagonistas indiscutibles al iracundo consejero delegado de Salini Impregilo (socio de la española), Pietro Salini, y al administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano.
En medio de esa vorágine de exabruptos, éste último llegó incluso a acusar al grupo español y a la firma transalpina de creer que los panameños son los mismos aborígenes con plumas en la cabeza a los que hace 500 años maltrataron los europeos. Con perlas como éstas en el aire, no sería de extrañar que la negociación pueda quedar enquistada y con muy mal pronóstico.
Dejando de lado la posibilidad de que estos ataques mutuos suban o no de tono en los próximos días, el consorcio y la ACP tienen siete días para tratar de acercar sus posturas, de momento separadas por algo más de 210 millones de euros. La diferencia entre los 293 millones de euros que Sacyr quiere que adelante el Canal y los 73 millones que está dispuesta a poner sobre la mesa la autoridad panameña. Éste es el punto crítico de la negociación ya que por el lado de la inyección que el GUPC tendría que hacer a la obra el acuerdo parece cerrado. Ambas partes coinciden en que el volumen que debería aportar el consorcio a la obra es de unos 73 millones.
Adelantos anteriores
Las negociaciones, en cualquier caso, también pivotan alrededor de un adelanto de 60 millones de euros ejecutado anteriormente por el Canal y que según el punto de vista de éste último Sacyr y sus socios deberían devolver en un plazo de dos meses. El GUPC, sin embargo, no lo ve tan claro y con el objetivo de cubrirse las espaldas ha instado a la ACP a no tener que devolver esta cantidad hasta que el periodo de arbitraje por los sobrecostes de 1.200 millones que ahogan el proyecto llegue a su término.
La razón por la cual se ha generado esta situación de falta de liquidez en las obras de ampliación del Canal de Panamá está directamente relacionada con esos sobrecostes de más de 1.000 millones de euros anteriormente mencionados. Un desfase que hasta ahora estaba siendo sufragado por el GUPC, con la esperanza de que el organismo panameño se comprometiera en última instancia a hacerse cargo de la mayor parte de esa cantidad.
Sin embargo, la negativa tajante de la ACP a asumir cualquier sobrecoste, y menos de esas magnitudes, terminó por empujar a Sacyr a romper la baraja y amenazar con suspender las obras, adjudicadas en 2009 por 2.250 millones de euros. "No hay razón alguna para que el consorcio pague el coste de construcción del canal. Los contratistas hacen su trabajo y lo han hecho bien y luchando con dificultades técnicas importantes. El cliente debe pagar los gastos, incluyendo los imprevistos, y financiar la construcción", dijo la semana pasada Pietro Salini.
El origen de los sobrecostes radica, según se ha esmerado en comunicar el consorcio, en las características geológicas del lugar por donde discurre el nuevo paso de agua. Aquí se han extraído toneladas de tierra con minerales como el basalto que eran los que, según el pliego de licitación, tenían que emplearse para la mezcla de hormigón destinado a las cerraduras de las esclusas. Pero la calidad de los mismos, para sorpresa del consorcio, no era la esperada, así que el GUPC no tuvo más alternativa que importar estos materiales de otros lugares, incrementando los costes.
Pero no ha sido el único contratiempo con el que han tenido que lidiar Sacyr y sus socios durante los últimos cinco años en Panamá. Las constantes huelgas de trabajadores también han desembocado en la revisión de muchos contratos y en la necesidad de intensificar y ampliar las jornadas de trabajo. Un factor que también ha contribuido a generar los sobrecostes señalados por la adjudicataria de la obra.
Polémica en la adjudicación
La firma del contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal, según se destapó en 2010 a partir de los papeles de Wikileaks, no estuvo exenta de polémica al considerar el resto de aspirantes en la licitación que la oferta de la española era peligrosamente baja.
Pero si alguien intentó entonces que el proyecto no fuera a parar a manos del GUPC, esa fue la Embajada de EEUU en Panamá. A través de sus contactos diplomáticos trató por todos los medios de que las autoridades panameñas adjudicaran a la empresa estadounidense Bechtel (su oferta fue de 4.100 millones) una obra que el país consideraba estratégica para sus intereses, máxime cuando la mayoría del tráfico de mercancías que atraviesa por el canal va con destino a los puertos de Estados Unidos.
Para los expertos estadounidenses, la oferta del GUPC no daba ni para poner el hormigón y apuntaban a que la influencia política y diplomática de España en Panamá había sido determinante para el fallo de la licitación.
De hecho, después de una visita en noviembre del vicepresidente estadounidense Joe Biden al Canal junto al presidente de Bechtel, muchas son las voces que apuntan a que la americana podría retomar las obras en el caso de que Sacyr definitivamente sea desplazada del proyecto. De hecho, el propio administrador de la ACP, Quijano, llegó a amenazar al GUPC asegurando que si no alcanzaba un acuerdo con la actual adjudicataria no tendría problema en finalizar la obra con otro contratista.
Esta hipótesis, en cualquier caso, representa el peor de los escenarios que tendría que enfrentar Sacyr, ya que no sólo vería muy afectada su imagen internacional en un momento en el que los mercados internacionales son el salvavidas de cualquier constructora española, también supondría un duro golpe de cara a una posible adjudicación en algunas de las licitaciones en las que está presente. En Colombia, por ejemplo, donde se ha puesto en marcha recientemente un ambicioso plan para modernizar la red viaria del país, las autoridades ya han asegurado que las alarmas están encendidas, aunque por el momento la empresa española y dos de sus socios en Panamá, Impregilo y Jan de Nul, no están causando ningún problema.
El presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura de Colombia, Luis Fernando Andrade, ha reconocido que los concursos de su organismos están blindados con la exigencia de una póliza de cumplimiento por el 15 por ciento del valor de cada obra y una garantía bancaria por el 20 por ciento del presupuesto.
Asimismo, una oferta también es inmediatamente descartada si ésta baja un 10 por ciento en relación con el promedio ofertado por el resto de competidores.
Según los últimos resultados presentados por la Autoridad del Canal, ésta logró unos ingresos en 2012 de 1.760 millones de euros (2.400 millones de dólares), de los que 1.350 millones corresponden directamente a los peajes por utilizar la vía. El resultado bruto de explotación (ebitda) para ese periodo se situó ligeramente por debajo de los 1.000 millones. De media, el Canal cobra casi 40.000 euros por utilizar la infraestructura.
Estos resultados anuales suponen un incremento del 3,5 por ciento con respecto al ejercicio 2011.
Sacyr insta al Canal a un diálogo constructivo
