
Rechazan que Rajoy pacte temas de financiación con Mas la víspera del Consejo de Política Fiscal. Varias comunidades pedirán compensaciones por la no revisión del reparto del dinero.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves se presenta difícil para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la publicación de las balanzas fiscales y el informe sobre el modelo de financiación autonómica, pero puede ser inabordable si de la reunión que celebrarán la víspera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Cataluña, Artur Mas, salen concesiones económicas para esta comunidad. Otras que se consideran perjudicadas por el sistema, como Valencia, Baleares, Madrid y Murcia, gobernadas por el PP, llevan años reclamando su revisión, que Montoro ha aplazado hasta 2016. Algunas no se conforman y pedirán compensaciones, a lo que el ministro responderá con la refinanciación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se aprobará en el CPFF.
Este será el principal motivo de debate en la reunión, ya que la medida favorece solo a las comunidades que se acogieron al FLA, pero será una anécdota al lado de lo que puede pasar si Artur Mas sale de La Moncloa con algún tipo de acuerdo a la carta para Cataluña. Rajoy ya debe conocer este riesgo, y si no es consciente lo será el lunes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, al que acudirán los barones del partido. Algunos de ellos tienen especiales motivos para estar alerta, después de que el grupo de expertos encargado de las balanzas fiscales, encabezado por Ángel de la Fuente, hiciera público el pasado jueves un segundo informe sobre los resultados del sistema de financiación que revelaban una "preocupante" diferencia de hasta 30 puntos entre unas y otras comunidades en la cobertura de los servicios básicos. Cataluña y Madrid no estaban entre las perjudicadas.
De la Fuente dijo que las balanzas fiscales no deben tenerse en cuenta para establecer el modelo de financiación, argumento que comparten Montoro y todos los gobiernos autónomos, excepto el catalán. Pero el experto también dijo que hay que cambiar el modelo porque es "malo". Los presidentes populares de Madrid, Valencia, Cataluña o Baleares se apresuraron a exigir de nuevo la revisión del modelo este año, algo que Montoro había descartado definitivamente. Conscientes de la cerrazón del ministro, algunos pedirán una compensación a cambio de aceptar el aplazamiento. Lo harán, con diferentes fórmulas, en el CPFF, en el que el resto de comunidades también harán oír sus argumentos.
Valencia exige 1.000 millones para este año
1 Consciente de que no cambiará el modelo este año, la estrategia de Alberto Fabra pasa por exigir una "compensación" de unos 1.000 millones de euros en 2014, que es el desfase entre el presupuesto de sanidad y educación y las transferencias del Estado que deberían cubrir estos capítulos. En 2015 sería una cantidad similar. La Generalitat ha presentado diferentes fórmulas al Ministerio, entre ellas la anunciada refinanciación del FLA. El coste de la deuda, derivada en parte de la infrafinanciación, es uno de los grandes problemas de esta autonomía. La comunidad debe 34.000 millones, el 34,8 por ciento del PIB, de ellos, 22.500 al Estado. El gasto financiero este año será de más de 1.200 millones, el 1,2 por ciento del PIB, lo que obliga a la Generalitat a tener un superávit primario del 0,2 por ciento para cumplir el objetivo de déficit. "Es imposible", según el Ejecutivo. La refinanciación del FLA supondrá un ahorro de intereses de 267 millones este año y 480 en 2015, pero Fabra no quiere un aplazamiento, sino una condonación de los intereses. Si se sumaran los del Plan de Pago a Proveedores y las líneas ICO, el ahorro subiría a 695 millones este año, más cerca de los 1.000 que pide de compensación. Los otros 300 podrían salir de un fondo estatal de compensación para las comunidades infrafinanciadas, según fuentes de la Generalitat.
Baleares insiste en el efecto retroactivo
1 Baleares comparte siempre los últimos puestos en financiación per cápita con Valencia y Murcia. En 2011 fue la última, según el informe de los expertos. Su presidente, el popular José Ramón Bauzá, insiste en la necesidad de cambiar el modelo con efectos retroactivos a 1 de enero de 2014. El Gobierno balear, que también cumplió el objetivo de déficit en 2013, sí se acogió al FLA, por lo que su refinanciación sí le beneficia. Baleares quiere que el nuevo modelo dé más autonomía financiera a las comunidades y se adecue más al cliclo económico, ya que, según fuentes de Hacienda, "los impuestos propios se están comportando muy bien", fruto de la recuperación económica, pero en los cedidos la liquidación tarda dos años y los cálculos que hace el Gobierno para los adelantos son muchas veces erróneos.
Madrid no se beneficia si refinancian el FLA
1 El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pedido "una salvaguarda" en el actual modelo de financiación para asegurar que recibe al menos lo mismo que los demás por habitante para financiar los servicios básicos. Está en la línea de lo que exigen Valencia o Baleares y propone Ángel de la Fuente, que se valore el coste medio de los servicios básicos por habitante -población ajustada, teniendo en cuenta variables como la edad o la dispersión- y se asegure a cada comunidad la financiación adecuada. Según De la Fuente, la infrafinanciación de Madrid no es tan acentuada como la de Valencia, Baleares o Murcia, está más o menos en la media. El Gobierno madrileño no ha revelado qué propuestas va a llevar al CPFF porque no conoce el orden del día, pero González reiteró el miércoles su exigencia de un cambio de modelo y que, entre tanto, se establezca la salvaguarda. La Comunidad ha cumplido en los últimos años el objetivo de déficit y no tiene problemas con la deuda pública. De hecho, no se acogió al FLA, lo que puede derivar en un nuevo agravio si el jueves se aprueba la refinanciación de este fondo por parte del Estado, ya que Madrid no se ahorraría ni un euro.
Murcia pide medidas de financiación transitoria
1 El nuevo presidente de Murcia, Alberto Garre, visitó La Moncloa el pasado 21 de julio e hizo suyas la tesis del Gobierno de que es imposible reformar el modelo de financiación autonómica en las actuales circunstancias. Se desmarcaba así de Valencia y Baleares, con los que el pasado mes de enero, siendo presidente Ramón Luis Valcárcel, formó un frente común para reclamar la revisión. El Ejecutivo murciano asegura que no renuncia a nada y que "trabaja conjuntamente con el Gobierno" para resolver "el castigo" que supone el actual modelo. Mientras se consigue, pide al Ejecutivo de Rajoy que conceda "mecanismos compensatorios" que le permitan pagar los servicios básicos y a los proveedores. Murcia no cumplió el objetivo de déficit en 2013 y ve difícil cumplirlo este año porque, asegura, es "estructural". En su caso, también le ayudará a reducirlo la reestructuración del FLA.
Cataluña amenaza con un recurso judicial
1 En Cataluña el proceso soberanista impide hablar claramente de financiación autonómica. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, no quiere hacer públicas unas posiciones que podrían poner en peligro la postura de máxima exigencia con que Mas acudirá a la reunión con Rajoy. Mas-Colell sólo se atreve a concretar tres cosas. La primera, que el Gobierno tiene el compromiso legal de reformar el sistema de financiación este año, y si no lo hace, la Generalitat presentará un contencioso-administrativo para obligarle. La segunda premisa es que ese nuevo sistema de financiación se aplique de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2014. Y la tercera, que la Generalitat no liderará el proceso de negociación del nuevo sistema, ya que asegura que tiene la experiencia de las negociaciones anteriores, donde el desgaste negociador se lo llevó el Gobierno catalán para que luego se beneficiaran todas las autonomías.
Extremadura pone otras variables sobre la mesa
1 Extremadura, gobernada por el popular José Antonio Monago, rechaza que la reforma del sistema sea urgente y pide que se aplace hasta que España recupere el crecimiento económico. Monago, no obstante, califica el actual sistema como "muy mejorable". Extremadura solicita que se blinde por ley que el 1 por ciento de los presupuestos generales del Estado se destine al Fondo de Compensación Interterritorial. Ello supondría mantener una dotación mínima de 1.000 millones al año para ese fondo. Monago también ha pedido en estos últimos meses que la renta por habitante y la tasa de desempleo alcancen un peso "determinante" en el reparto de ese fondo. "No parece lógico que el criterio de la población pondere un 87,5 por ciento en la asignación de recursos y la tasa de desempleo sólo pese un 1 por ciento; tampoco el nivel de renta que permite el acceso al fondo es tenido en cuenta como un factor de reparto en la fórmula matemática, sino sólo como un criterio corrector", critica.
Andalucía rechaza más cesiones de impuestos
1 Andalucía solicita una reforma del sistema de financiación autonómico "urgente e inaplazable" y que se negocie de la manera más transparente posible, según la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Montero rechaza que se dé a las comunidades nuevas figuras tributarias y mayor capacidad normativa, porque afirma que las comunidades con mayor nivel de renta "pueden obtener ingresos muy superiores a los de Andalucía con un pequeño esfuerzo fiscal". Por ejemplo, el aumento de una décima en el tipo medio del IRPF lograría seis euros por habitante en Andalucía, 12 en Madrid y 10 en Cataluña o Aragón, según calcula. Las bases del nuevo sistema que propone son la autonomía financiera, la solidaridad efectiva entre regiones, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales, así como promover el equilibrio económico y la convergencia territorial, evitando situaciones de privilegio económico y social.
Castilla y León pide ponderar la baja densidad
1 Castilla y León calcula en 450 millones la financiación extra que tendría que recibir para poder financiar adecuadamente sus servicios básicos, "mucho más costosos" que en otras regiones por el alto envejecimiento y dispersión de su población. Estas dos variables son las que según el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, deben tener más peso para garantizar la equidad del sistema. La necesidad de ponderar la dispersión de la población es un argumento que comparte con otras comunidades con baja densidad, como Extremadura, Aragón o Galicia.
Galicia destaca su alto envejecimiento
1 El Gobierno de Galicia considera que el actual sistema no cubre los gastos que tiene que atender, fundamentalmente por el elevado envejecimiento de la población y por la dispersión. Su Gobierno asegura que estas dos circunstancias provocan que Galicia tenga cada año un coste en gasto sanitario a mayores de cerca de 500 millones más que la media de comunidades, por lo que demandará que en la revisión del modelo tengan más peso estos factores diferenciales.
Aragón dice que la sanidad es más cara allí
1 Para el Gobierno de Aragón, no es equitativo repartir el dinero sólo en función del número de habitantes. Según fuentes de su Gobierno, "es mucho más caro prestar la Sanidad y la Educación en los pequeños medios rurales, el Pirineo, el Moncayo o el Matarraña, que en las grandes ciudades como Madrid. Aragón tiene el 10 por ciento del territorio nacional, pero solo el 3 por ciento de la población.