El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene en vilo a miles de empresas y autónomos desde que anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan de Pago a Proveedores para que las diferentes administraciones se pongan al corriente de las deudas contraídas durante 2012.
El ministro no ha desvelado las características del nuevo plan, pero sí ha filtrado el importe aproximado del mismo: unos 15.000 millones de euros, una cifra que sin embargo debería subir a los 17.000 o los 18.000 millones para poner el contador a cero.
Inferior al primer plan
La cifra es muy inferior a la del primer Plan de Proveedores que se abonó en 2012 y que estaba dotado con 35.000 millones, de los que finalmente se abonaron unos 27.000. La diferencia estriba en que el anterior plan debía hacer frente a la deuda histórica de las administraciones españolas, mientras que este sólo debe afrontar la generada el año pasado (más las facturas guardadas en el cajón y que no han sido reconocidas).
El primer plan se ha complementado con una ampliación que se cerró el pasado 1 de abril, dotada con unos 2.700 millones de euros, y al que se podían incorporar las mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y Navarra, que quedaron fuera de la primera fase. También se han ampliado el tipo de contratos a las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los arrendamientos de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada, así como determinados concesiones de obras públicas y de gestión de servicios. El Ministerio no ha informado aún del balance de esta prórroga.
Pese al voluminoso importe destinado en el primer plan, la "burbuja" de la morosidad ha vuelto a adquirir dimensiones sobrecogedoras. Según los datos calculados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la deuda reconocida por las administraciones con sus proveedores en 2012 asciende a "entre 17.000 y 18.000 millones de euros". Según el presidente de esta organización, Antoni Cañete, "son las cifras que hemos enviado a la Unión Europea, ya que el Gobierno no ofrece cifras oficiales".
Ante la entrada en vigor de la nueva ley de Morosidad (que traslada a España la directiva europea y fija un plazo de pago de las facturas para las administraciones de 30 días), el Gobierno tiene la urgencia de cumplir con esta nueva legislación ya que de lo contrario el Ejecutivo español podría encontrarse con multas impuestas desde Bruselas que podrían llegar a ser mensuales.
Tope de déficit
Sin embargo, además de cumplir el plazo de pago de 30 días, Montoro tiene otro objetivo que no puede saltarse: el tope de déficit público que le marca Bruselas para el año 2013. Este objetivo hoy está fijado en el 4,5%, pero el Gobierno español está negociando con las autoridades europeas una ampliación que podría ir del 5,8 al 6,3% y que probablemente acabará en el 6. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que "ese punto y medio de más que está dispuesta Bruselas a dar a España está muy ligado a que, de una vez por todas, las administraciones españolas dejen de guardar facturas en el cajón y se pongan al día de verdad en sus pagos", misión que tendría el nuevo plan de pago a proveedores anunciado por Montoro.
Pero, según las mismas fuentes, no todo el margen adicional de déficit va a ir a pagar a proveedores, ya que Bruselas también quiere poner fin a las prácticas de "factoring y confirming que muchas administraciones locales y autonómicas están utilizando para financiarse sin incrementar sus déficit, pero que va en detrimento de sus proveedores". El déficit oculto estimado que podría estar detrás de estas prácticas va de "2.000 a 3.000 millones de euros".
Más control a las autonomías
El ministro de Hacienda quiere aprovechar esta coyuntura para atar más en corto a las administraciones autonómicas y de esta forma asegurarse que cumplen con el déficit que finalmente se les fije (hoy en el 0,7%). Según los planes que maneja Montoro, el nuevo Plan de Pago a Proveedores podría integrarse dentro del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013. Una de las características del FLA de este año es que las autonomías que se han acogido a él "no tocan el dinero". Es el ministerio de Hacienda quién hace el pago de los vencimientos de deuda de las autonomías con los bancos o, en el caso de Cataluña, con aquellos particulares que compraron bonos de la Generalitat. "A nosotros ya no nos dan el dinero y sólo contabilizamos el abono de una deuda y la generación de otra con el Estado", reconocen desde la Generalitat.
Si finalmente Montoro saca adelante su idea, la deuda de proveedores que se acojan al nuevo plan de pagos tendría el mismo tratamiento: sería el Ministerio quien pagará las facturas y se anotará como préstamo del FLA a la comunidad autónoma correspondiente. Hay que tener en cuenta que el tipo de interés anual de este instrumento del Gobierno es del 6 por ciento.
En lo que casi todo el mundo coincide es que es necesario articular de una vez medidas para que nuestro país comience a cumplir los plazos, al igual que se hace en Europa. El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, reconoce que el pago a proveedores a 30 días "no se puede cumplir en estos momentos por ninguna comunidad autónoma. Algunas vamos con buen plazo y otras van muy mal y lo que hay que hacer son unas medidas adicionales de forma que, antes de exigir las responsabilidades para que se cumpla, se permita de alguna manera un mecanismo especial por el que todas las comunidades autónomas puedan pagar a todos los proveedores, quedarse a 30 días y, a partir de ahí, sí se puede obligar".
El nuevo mecanismo de pago a proveedores fue una propuesta realizada por el consejero aragonés y que "al ministro de Hacienda le pareció interesante. Saldar las deudas de las administraciones que asfixian al tejido productivo "es un problema que hay que resolver. El Gobierno ya lo hizo en 2012 y hay que volverlo a solucionar porque ninguna administración, incluso con el 100% de financiación, puede estar dentro de los plazos de pago porque se han generado déficits anteriores y el período medio de pago se alarga. Lo que hay que hacer es acortarlo y poner fin a estas malas prácticas y a partir de ahí exigir el cumplimiento".
De momento, en Aragón, la Administración autonómica está pagando a 80 días en la administración general y a 100 días en Sanidad y el año 2013 ha comenzado con 400 millones de euros pendientes. Y es que Sanz insiste. "Aún con el 100% de la financiación no se puede cumplir. Ya tenemos el 80% de financiación para este año y estamos a punto de conseguir el 100%, pero no se llega a 30 días. Hay que resolver los problemas que vienen de atrás y poner el contador a cero".
El nuevo Plan de Proveedores, aunque bien acogido, genera recelo entre las autonomías y los ayuntamientos tanto por el coste que supone para sus arcas como por los recortes que estarían obligados a hacer. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha tomado la decisión de sí se acogerá o no porque hay que saber cómo se concreta, las condiciones, los plazos, carencias? No obstante, apuntan a que debe ser un instrumento para facilitar liquidez y con condiciones más ventajosas.
También el Ayuntamiento de Madrid da un si con matices. "Nos acogeremos, pero dependiendo de las condiciones. Hay que ver qué plazos se establecen y qué tipos de facturas se incluyen, porque en el anterior plan sólo podíamos acoger parte de la deuda, no toda, por ejemplo, si teníamos un retraso en los arrendamientos no se incluía y sí las facturas vencidas y con posibles exigencias. Si podemos acogernos y con ello adelantamos el objetivo de pagar en 30 días a nuestros proveedores antes de 2014, perfecto", asegura la consejera de responsable de Hacienda, Concepción Dancausa.
También comunidades como Castilla y León están a la espera de conocer la letra pequeña. La Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, no ha acudido a la ampliación del primer plan ya que con los 1.052 millones que solicitó inicialmente les ha servido para enjugar el grueso de la deuda, fundamentalmente con los proveedores sanitarios.
Algo similar ocurre en otra de las comunidades más saneadas, Galicia. Desde la Federación de Autónomos (FEAGA), su presidente, Javier Pérez, considera que esta Comunidad no necesita acogerse al nuevo Plan de Proveedores al ser una comunidad con un índice "bajo" de morosidad y donde la Administración paga en plazo. Con todo, Pérez calificó la reforma como "un paso fundamental" para que la economía funcione, algo que según él, se consigue con "fluidez de crédito" y "rapidez" a la hora del pago de facturas.
A modo de balance, el presidente de FEAGA destacó que en el conjunto del Estado la Administración adeudaba a finales del pasado año en torno a 5.500 millones de euros a los autónomos, de lo que 190 se contabilizaron en la comunidad gallega. Los sectores más afectados por el retraso en el pago a proveedores fueron el de los servicios, el sanitario, y en general, aquellos que trabajan directamente con la administración.
Pese a que la administración gallega es una de las pocas comunidades que cumple los plazos fijados con una media de 70 días, Javier Pérez destacó que siempre existe "margen de mejora" y abogó por seguir aplicando la ley y por la supresión "de las trabas administrativas" adelgazando más el tamaño del ente público para atender "mejor" las necesidades de los ciudadanos.
La Administración autonómica siempre ha destacado que ha sido la única comunidad de régimen común que no ha necesitado acogerse al Plan de Proveedores y que es una de las que paga con más agilidad. No obstante, se muestra partidaria a estudiar las características del nuevo plan.
Sobre la obligatoriedad de pagar en 30 días, considera que lo importante es definir a partir de qué momento empiezan a computar.
En cuanto a la Administración local gallega, autónomos y ayuntamientos realizan una consideración positiva de este instrumento habilitado por el Gobierno y ven con buenos ojos continuar por esta senda. De hecho, un total de 179 entidades locales de la comunidad se acogieron al plan anterior.
La Comunidad Valenciana fue la que más facturas afloró en el primer plan de pago a proveedores, más de 4.500 millones de euros, de los que 1.800 eran facturas no contabilizadas. Sin embargo, quedaron fuera importantes acreedores, como los ayuntamientos, las universidades, beneficiarios de subvenciones y los agentes sociales, a los que debe en conjunto más de 1.000 millones. Por ello, el Gobierno de Alberto Fabra pidió, sin éxito, que los 2.600 millones habilitados para pagar más facturas de 2011 se abrieran a estos acreedores, ya que de los primeros no le quedaba ninguna.
Respecto al próximo plan de pagos, Fabra ha pedido que se abra lo más posible el abanico de beneficiarios, para incluir subvenciones y ayuntamientos, que en principio no están contemplados. La Generalitat no quiere facilitar la cifra de deuda no financiera que tiene en estos momentos, que con seguridad asciende a varios miles de millones.
Bien distinta, es la situación que se vive en algunos ayuntamientos, como el de Málaga, que no se ha acogido al Plan de Pago a Proveedores en 2012 ni tampoco acudirá en 2013 porque tiene tesorería suficiente para atender las facturas pendientes, señala María del Mar Martín Rojo, concejala de Economía. La edil considera que el plan es "oportuno y necesario" para los ayuntamientos y comunidades porque "pone el dinero en circulación, dinamiza el consumo y reactiva la economía".
Según Martín Rojo, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un plan de ajuste hasta 2020 con el objetivo de mantener todos los puestos de trabajo de funcionarios, interinos y laborales y de todas las empresas municipales. La concejala destaca el esfuerzo del equipo de gobierno por reducir el plazo para el pago a proveedores, la política de rigor presupuestario, de austeridad y contención del gasto.
También ha resaltado que ha agilizado el pago de proveedores posibilitando períodos más reducidos de los establecidos por la Ley. De hecho, se ha pasado de unos 35 días en el último trimestre de 2011 a 23 días en el último trimestre de 2012 en el caso del Ayuntamiento. Si se une al de organismos y empresas, el plazo medio el pasado año fue de unos 30 días, por debajo de los 40 días establecidos en la Ley de Morosidad para 2012.
La buena salud de las finanzas no es extrapolable a otros consistorios andaluces. El Ayuntamiento de Marbella se acogió al Plan en 2012 por importe de 10 millones para atender los pagos a unas 400 empresas. Respecto al de 2013 no hay previsión de que el Consistorio marbellí se vaya a acoger. Ocurre lo mismo con el Ayuntamiento de Estepona que tampoco va a solicitar acogerse este año, ya que "solo son cuatro proveedores los que se podrían beneficiarse y el Consistorio ya tiene con ellos acuerdos de abono de estas deudas -heredadas del anterior mandato-".
En Navarra cerca de una veintena de Ayuntamientos expresaron su voluntad de acogerse al plan el año pasado, tras ampliarse su ámbito de aplicación a las comunidades forales. En un primer balance, se constató que había cerca de 88 entidades locales con deudas a proveedores anteriores a enero de 2012, por un montante global de 11,4 millones. De estos ayuntamientos, cerca de 24 municipios con una deuda conjunta de 9,9 millones, anunciaron su intención de acogerse a los fondos del Ministerio. En el caso navarro el plazo para acogerse al plan se extiende hasta el 19 de abril.
Mientras, en el País Vasco a penas se conoce el Plan de Pago, ya que a pesar de que su aplicación también se ha extendido a esta comunidad, no se va a aplicar, ya que hasta el momento no se ha firmado ningún convenio bilateral entre Hacienda y las tres Diputaciones, que son en este caso las competentes en materia de financiación municipal. La Asociación Vasca de Municipios (Eudel) no ha realizado ni una sola reflexión pública sobre la situación económica de los Ayuntamientos, ni sobre si necesitan apoyos para hacer frente a pagos de proveedores. Tampoco ofrece ninguna valoración sobre la iniciativa del Ministerio como si fuera algo absolutamente ajeno a los municipios vascos.
En Canarias, la deuda de las administraciones con los autónomos asciende a 179 millones de euros. "Lo que no puede ser es que cada año haya que sacar un plan porque las administraciones no cumplan", indica ATA-Canarias. El Gobierno regional asegura que cumple los plazos de pago a sus acreedores, ya que abonan las facturas a 32 días.
Los grandes olvidados
Tanto ATA como Upta coinciden en que el futuro Plan de Pago a Proveedores debe ampliarse a todos aquellos autónomos subcontratados por las empresas adjudicatarias. Del total de los beneficiarios del anterior proceso, en el ámbito de la administración local, tan sólo el 30 por ciento fueron autónomos, cifra que se reduce hasta un número casi inexistente si hablamos de las Comunidades. Para solventar esta cuestión la fórmula propuesta por Upta es "que la empresa contratista informe en el plazo máximo de 6 meses a la administración de la liquidación de la deuda contraída por razón de subcontratación.
En caso de que dicha empresa incumpliese no podría ser beneficiaria de futuras adjudicaciones por parte de la misma administración". Dicha propuesta será presentada por Upta en forma de enmienda al Proyecto de Ley que se tramita en el Parlamento. Desde el cierre del último Plan hasta la fecha, la deuda con proveedores de las Administraciones ha ascendido a unos 4.500 millones de euros siendo los sectores más afectados las empresas y autónomos proveedores de productos sanitarios, servicios educativos y servicios urbanos.
Tal y como resume Lorenzo Amor, Presidente de Ata, "esta medida ha supuesto el gran rescate de los autónomos".
Información elaborada por Jordi Sacristán, Eva Sereno, José María Camacho, Carmen Larrakoetxea, José Luis Jiménez, Ingrid Gutiérrez, Javier Alfonso, Ruth Lodeiro y Rafael Daniel.
