Arranque de caballo y parada de asno. Con este dicho popular podría definirse lo que ha ocurrido en España este año con la deuda comercial de muchas administraciones públicas. Antes del verano, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, inyectó a ayuntamientos y comunidades autónomas miles de millones de euros para que éstas pagaran a sus proveedores.
En concreto, afloraron deudas con proveedores de ayuntamientos por valor de 9.263 millones y de Comunidades Autónomas por 17.718 millones. En total, casi 27.000 millones que pudieron pagarse gracias a la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Ejecutivo puso a disposición de las diferentes adminitraciones. "La operación ha sido un éxito y ha contribuido a salvar cientos de pequeñas y medianas empresas y miles de empleos", asegura Antoni Cañete, portavoz de Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa PIMEC.
Sin embargo, los pagos sólo correspondieron a las deudas comerciales anteriores al 31 de diciembre de 2011 y desde esa fecha, muchas administraciones y ayuntamientos han sido incapaces de hacer frente a los pagos con puntualidad, tal y como exigía el ministro Montoro. De esta forma, la bola de la deuda comercial ha vuelto a crecer de forma descontrolada volviendo a poner en jaque a cientos de pequeñas y medianas empresas y a miles de puestos de trabajo.
En este caso, no todas las administraciones se han comportado de igual forma y mientras algunas como País Vasco, Canarias, Galicia y Madrid hacen alarde de cumplir puntualmente con los pagos, otras como Valencia, Cataluña o Castilla y León tienen serias dificultades para afrontar sus compromisos.
Valencia, el peor caso
Quiza el caso más alarmante es el de Valencia, donde ser proveedor de la administración pública se convierte en un auténtico deporte de riesgo. Tras el abono de 4.354 millones a proveedores gracias al plan de pagos, el ejecutivo de Alberto Fabra ha reconocido que necesita al menos 1.000 millones más para entidades que no entraron en ese plan, como asociaciones empresariales e institutos tecnológicos. Además, en 2012 los pagos se están haciendo con cuentagotas, por lo que continúan las protestas de los colectivos afectados.
Por volumen, destaca la deuda a las farmacias, que supera los 500 millones y ha motivado varios cierres patronales por el rosario de promesas incumplidas, debido a la falta de liquidez. El último incumplimiento fue el de pagar una mensualidad -unos 120 millones- a finales de agosto, abono que se ha aplazado hasta que llegue el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Los representantes de los colegios de farmacéuticos aceptaron no tomar medidas de presión porque la Generalitat les aseguró que el dinero del FLA llegaría hacia el 20 de septiembre y cobrarían inmediatamente.
Peor incluso lo están pasando los 14 institutos tecnológicos agrupados en Redit, entidades sectoriales sin ánimo de lucro con más de 6.200 pymes asociadas, 12.000 empresas clientes y 1.041 proyectos de investigación realizados en 2011. La Generalitat les debe más de 51 millones de proyectos de 2010 y 2011 y, según la directora de Redit, Cristina del Campo, "la situación es muy crítica".
La mayor parte de sus ingresos proviene de sus clientes, pero un 36 por ciento sale de proyectos financiados por la Generalitat. Los impagos han provocado varios expedientes de regulación de empleo y retrasos en las nóminas. "Hay gente que se está marchando, capital humano dedicado a la investigación, y eso al final perjudica a las empresas para las que trabajamos", advierte Del Campo.
Otro sector muy afectado es el de servicios sociales, centros concertados que prestan servicios a mayores, enfermos mentales y discapacitados. Si en Cataluña saltaron las alarmas porque la Generalitat anunció que no podía pagar la mensualidad de julio a este tipo de centros, en la Comunidad Valenciana hace meses que las alarmas ya no llaman la atención, a pesar de las continuas manifestaciones que protagonizan los trabajadores y las familias afectadas.
"Estamos sin cobrar todo 2012, en total, unos 100 millones de euros", asegura la gerente de Aerte, María José Mira. Esta asociación agrupa a 140 empresas y entidades con 200 centros y 8.000 trabajadores, aunque "está habiendo despidos", según Mira.
¿Cómo sobreviven los centros tras ocho meses sin cobrar? Según Mira, "hay retrasos de nóminas, el aplazamiento de pago a proveedores es total, incluida Hacienda y la Seguridad Social, y a base de créditos de los bancos, pero todo eso son intereses". Además, muchas residencias tienen plazas privadas, por lo que no dependen al cien por cien de la Administración, y otras que se financian con los llamados bonos de asistencia, que van a nombre del usuario, están haciendo pagar a las familias para luego pagarles el bono cuando lo desembolse la Generalitat. "Es legal, no nos gusta, pero no hay otra solución", afirma Mira.
El ejecutivo de Alberto Fabra tiene problemas para pagar incluso el sostenimiento de los menores que tiene bajo tutela por resolución judicial. A mediados de agosto, la asociación Nuevo Futuro anunció el cierre de uno de sus centros en Valencia que acogen a menores tutelados, debido a impagos que ascendían a 200.000 euros, lo que suponía el despido de 10 personas y la devolución de 12 menores a la Administración para que les buscase un realojo. Fuentes de la asociación aseguran que cobraron dos días después y que, de momento, mantienen el centro abierto.
Los retrasos también afectan a las concesionarias de hospitales públicos, los del llamado modelo Alzira. Son cinco centros gestionados por empresas privadas que reciben cada mes un pago per capita de Sanidad, que asciende en total a más de 200 millones. En agosto se pagó con retraso y en septiembre también, lo que motivó que el millar de trabajadores del hospital de Manises -participado por Sanitas y Ribera Salud- cobraran sus nóminas con retraso.
Cataluña, sin liquidez
En Cataluña, la crisis de liquidez también es alarmante y la Generalitat tiene problemas para pagar incluso las nóminas de sus trabajadores. En julio, el ejecutivo de Artur Mas dejó de pagar a los centros sociales concertados, como escuelas, geriátricos y residencias de discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes. Aunque la Generalitat se compromitió a abonar las cantidades de agosto, el impago de los conciertos y subvenciones se sitúa al borde del colapso y pone en peligro la continuidad de algunos de estos gestores de servicio. Miles de trabajadores de pequeñas empresas aún no han percibido sus nóminas de julio.
Aunque la Generalitat garantizó la normalización de los pagos a partir de agosto, lo cierto es que esta misma semana el portavoz Francesc Homs aseguró que no podrían pagarlos si no recibían los 5.023 millones solicitados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para evitar el conflicto, el Gobierno ha adelantado 120 millones a Cataluña que es la cantidad mínima imprescindible para cubrir los compromisos de este mes.
La Mesa del Tercer Sector ha denunciado que el impago de los conciertos de julio deja en "una situación de una gravedad sin precedentes" y al borde del colapso a cientos de centros y residencias de discapacitados, ancianos y enfermos mentales. El presidente de la patronal Pimec, Josep González, asegura que "entiende la situación complicada" de las finanzas de la Generalitat, pero ha pedido al Govern que abone "cuanto antes" las cuotas pendientes del mes de julio a los centros concertados, educativos, sanitarios y sociales.
Los autónomos de Castilla
En Castilla y León, pese a que la Junta asegura que está al corriente en el pago a proveedores, algunos colectivos están denunciando ya la acumulación de deudas, apenas tres meses después de que el Gobierno trasfiriese decenas de millones para que las administraciones públicas pagaran las facturas pendientes. La Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que las administraciones públicas de Castilla y León deben a los autónomos de la Comunidad 287 millones de euros. Estas deudas son las acumuladas desde enero y hasta junio de 2012, y las facturas pendientes que no se pudieron acoger en un primer momento al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central.
Desde la Federación insistieron en que los pequeños empresarios que trabajan habitualmente para las administraciones, tanto para el Gobierno regional como para ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas, ven cómo, "tras la inyección de liquidez y moral que supuso el Plan de Pago a Proveedores, la bola puede volver a crecer demasiado y enquistarse de nuevo".
Según un estudio de ATA, los autónomos y pymes cobran sus facturas atrasadas de estas entidades de la Comunidad en un tiempo medio de 129 días, incumpliendo la Ley de Morosidad, que establece un plazo de 45 días 2012 y que les obligará a pagar en 2013 en 30 días.
Por provincias, Valladolid adeuda a los autónomos de la región 53,7 millones de euros, un 18,7 por ciento del total de la deuda regional. Le siguen León, con 52,5 millones de euros, un 18,3 por ciento del total y Burgos, con 41,6 millones.
Andalucía, va por sectores
Más de 40 millones de euros de deuda pendiente con la Junta de Andalucía arrastra el sector de la formación de desempleados y trabajadores en activo en Andalucía. Integrado por unas dos mil pymes, con un volumen medio de facturación de medio millón de euros y unos 15 empleados en plantilla, la situación por la que atraviesan es dramática, como consecuencia de estos impagos.
Entre un veinte y un treinta por ciento del empleo total que genera el sector -15.000 puestos de trabajo- se ha perdido ya, según estimaciones de Juan Antonio Ocaña, presidente de la única patronal del sector, Cecap. "Más del ochenta por ciento de los ingresos de la gran mayoría de los centros de formación de Andalucía procede de las subvenciones públicas.
La existencia de estas subvenciones a la formación desde hace dos décadas ha eliminado de amplias capas de la sociedad la opción de que haya que pagar para formarse. Si a ello sumamos las dificultades económicas crecientes para pagarse una formación, se entiende el temor a que la gran mayoría del tejido de pymes desaparezca como consecuencia de los impagos", explica.
Estos centros no están además considerados proveedores de servicios, y no han podido, por tanto, acudir al plan de pago a proveedores del Gobierno central para las comunidades autónomas. Jurídicamente son entidades subvencionadas.
El origen de esa deuda está, primero, en los impagos acumulados desde 2007 y estimados en 20 millones. "Esta cantidad se acumula por fallos de gestión administrativa de la propia Junta, no creemos que fuera por falta de fondos", explica Ocaña. Los otros 20 millones proceden del impago, a inicios de año como siempre venía ocurriendo, de la mitad del presupuesto de 2012 destinado a cursos por parte del Gobierno regional.
Esta cantidad es la que permite a los centros contratar el profesorado necesario para iniciar las clases; una vez finalizados los cursos se presenta la justificación para cobrar la otra mitad restante. "Muchos de los centros que han podido abrir sus puertas lo han hecho a costa de que sus dueños han hipotecado sus bienes para obtener liquidez", detalla el empresario.
Madrid, el polo opuesto
El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid tenía una deuda pendiente de pago con los proveedores de 1.279 millones. El 84,4 por ciento de esta deuda, 1.080 millones, era en facturas del área de Sanidad. La Comunidad remitió al Ministerio facturas por valor de 1.279 millones, dentro de los requisitos exigidos para poder acogerse al plan de ayudas para el pago diseñado por La Moncloa.
A finales de junio más de 2.000 proveedores comenzaron a cobrar las facturas pendientes de pago por valor de 1.263 millones de euros. La Comunidad de Madrid decidió adherirse a este mecanismo para acelerar el pago a las empresas y que éstas puedan contar con la liquidez necesaria para mantener la actividad económica y el empleo.
"El Plan de Pago a Proveedores incluía todas las deudas hasta el 31 de diciembre de 2011, y todas las facturas presentadas y que estaban correctas, se han abonado todas", explican desde el Ministerio de Hacienda. Igual respuesta tiene Valentín Ballesteros, vicepresidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas: "En julio se han abonado todas las deudas. También alguna deuda pequeña que no estaba incluida en el Plan ha sido pagada posteriormente". Eso hasta diciembre de 2011, pero ¿ahora? "Se está generando menos gasto y lo están pagando en plazo", añade Ballesteros.
Galicia y Aragón
En Galicia no se ha detectado grandes retrasos en los pagos y la administración autonómica asegura haber actualizado pagos priorizando las entidades sociales, los autónomos y los pequeños proveedores. A finales del mes de julio las asociaciones que gestionan centros de asistencia a personas que sufren discapacidades y que están aglutinadas en Fademga, denunciaron ciertos atrasos en el pago, que fueron subsanados en los siguientes días, ya que la Xunta los atribuyó a un problema de tramitación. El presidente de Fademga, Eladio Fernández Pérez, aseguró que la administración hasta el mes de marzo pagaba antes, pero a partir de ese mes empezaron a retrasarse.
El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Hacienda, señala que "no tenemos a día de hoy problemas significativos y estamos prácticamente al día en los pagos", ya que con el mecanismo de pago a proveedores se ha quitado casi toda la bola que se venía arrastrando. Además, tampoco "se esperan grandes dificultades para seguir pagando, siempre que vayamos obteniendo la financiación necesaria como hasta ahora".
Desde la Confederación de Empresarios de Aragón (Crea), su presidente, Jesús Morte, explica que el plan de pago a proveedores "está funcionando aunque persistan algunos retrasos", si bien recuerda que este plan únicamente incluye las facturas pendientes de ayuntamientos y comunidades autónomas y no de otras entidades públicas como hospitales, universidades y mancomunidades, que también acumulan importantes deudas con las empresas.
Información elaborada por: Jordi Sacristán; Javier Alfonso; Carlos Pizá; Rafael Daniel; Carmen Larrakoetxea; Esther Porta; Ruth Lodeiro, Eva Sereno y José L. Jiménez.
Valencia utilizó 13.500 millones de los proveedores
