Las deudas de ayuntamientos con proveedores han comenzado a cobrarse. Pymes y autónomos pagarán nóminas, facturas atrasadas y préstamos pendientes, pero, en general, no invertirán.
Fernando Arce está pendiente de cobrar del Ayuntamiento de León los cerca de 13.000 euros que le debe. A finales del pasado año, logró que le pagasen la mayor parte de la deuda gracias a un plan especial del consistorio gracias a una línea ICO. Entonces aceptó la imposición de una quita del 20% en la confianza de que iba a cobrar todo. No fue así y ahora espera que pronto le liquiden el resto de la deuda.
Producciones Arce, su empresa, es el ejemplo más lacerante de la morosidad de las Administraciones. Tenía facturas pendientes desde 1999 y su insistencia en reclamar sus deudas a la anterior corporación socialista le costó que no le renovasen algunos contratos. Durante los tres o cuatro últimos años ha logrado sobrevivir ampliando su cartera de clientes privados. Esta será la vía para afrontar el difícil futuro que se avecina para trabajar con las Administraciones. "Tienen que adecuar su dimensión a sus posibilidades reales", por lo que augura que "los últimos recortes no serán los últimos".
Espera que las Administraciones busquen nuevas fórmulas para mantener actuaciones en las áreas en las que trabaja, relacionadas con la producción audiovisual. "En cuestiones de imagen y promoción de la ciudad tienen que seguir haciendo cosas. Hay servicios que no pueden deteriorarse". ¿Cómo? Sugiere una fórmula como es potenciar contactos entre empresas para poder cubrir esos huecos "pero siempre con un sistema de garantías para poder cobrar en 30 o 50 días".
Arce está a punto de olvidar la odisea que ha tenido que pasar durante los últimos años, que le ha obligado a reducir empleo. Agradece a la actual corporación del PP el plan que le permitió cobrar, al menos parcialmente, esa deuda histórica. "Los políticos tienen que darse cuenta de que las empresas necesitamos dinero para seguir invirtiendo y crear nuevos proyectos, sobre todo en ciudades como León, en donde no hay una gran industria".
Por su parte, la presidenta de la constructora malagueña Ielco, Ana María Caparrós, señala que "medidas como ésta ayudarán a salir de la crisis a miles de pymes y autónomos. Es lo mejor que ha podido hacer este Gobierno, ya que tenemos que recuperar la confianza. Nosotros hemos cobrado todo el dinero, menos los intereses, el 30 de mayo". Meses atrás había expresado su malestar por la difícil situación que atravesaba su empresa
Recordó que a estos pagos se sumarán en el plazo de un mes los de las comunidades autónomas. Ielco está controlada por seis hermanos y su proceso de internacionalización ha sido reconocido por la escuela de negocios andaluza Instituto Internacional San Telmo.
La presidenta explica que se ha hecho un gran esfuerzo para mantener a la plantilla, no ha repartido beneficios, ni tiene deuda con los bancos, pero la Administración ha estado a punto de ahogarla. Sobre el futuro, destacó que su empresa seguirá potenciando su actividad internacional en Qatar, donde llevará a cabo varios proyectos con un socio local.
En las Canarias, Francisco Sánchez es uno de los fotógrafos más conocidos de la isla de Gran Canaria. Durante varios años estuvo prestando servicios para el Ayuntamiento de Telde. Esta semana ha cobrado 20.000 euros.
También en el archipiélago, Casimiro Pichardo ha cobrado. En 2006 cuando vendió un par de fuentes de granito y unos adoquines que no han sido colocados. El encargo costó algo más de 11.000 euros. Pichardo dice que el retraso protagonizado por la institución local fue "uno más" de los muchos que tuvo que padecer y que le obligó a dar a la sociedad de baja en 2008. "Ahora, aunque llegue tarde, el dinero supone una inyección para mí y el resto de pymes. Podré pagar cosas pendientes".
Cifras y realidades
Son sólo algunos de los cientos de miles de ejemplos de autónomos y pymes que desde finales de la semana pasada han visto cómo lo que debería ser normal -y que se tornó en pesadilla-, es decir, cobrar por el trabajo realizado, se materializaba meses o años después. Han sido casi dos millones de facturas por aproximadamente 10.000 millones de euros las incluidas en el plan, de las que el viernes pasado ya se habían abonado casi 9.300 millones a más de cien mil proveedores, según el balance que ofreció el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Del volumen ya abonado sobresalen los 2.200 millones cobrados por las constructoras. De quienes ya han ingresado las facturas pendientes, 36.900 son autónomos, 68.800 son pymes y otros 611 son grandes empresas. Hay además 1.500 ayuntamientos que van a entrar en una repesca abierta por Hacienda para que se acojan al plan solucionando los problemas detectados en los planes de ajuste obligatorios. Se estima que estos consistorios restantes precisarán de otros 1.300 millones de euros, según detalló la semana pasada en el Senado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
En total, incluyendo los 17.700 millones previstos para pagar la deuda comercial de las comunidades autónomas, Hacienda estima que el plan acordado con 26 entidades financieras por 30.000 millones, ampliable a 35.000, inyectará en la economía española el equivalente al 3% del PIB, aportará cuatro décimas de crecimiento al país entre este año y el próximo y generará hasta 130.000 empleos.
Lejos de estas grandes cifras y previsiones la realidad del día a día de las pymes españolas es menos halagüeña. Todas las organizaciones de pymes y autónomos consultadas coinciden en algo fundamental: el dinero recibido, en la mayoría de los casos sin aceptar quita alguna para cobrar antes como en un principio se anunció, se utilizará para las necesidades de liquidez más perentorias como pagar nóminas atrasadas, ponerse al corriente con otros proveedores, afrontar préstamos que se han tenido que pedir precisamente para sostener la liquidez ante los impagos, y si aún queda algo, señalan desde la patronal sevillana CES, crear empleo.
Temores a futuro
En cualquier caso, la ejecución del plan puede que no solucione el enquistado problema de los retrasos e impagos de facturas por parte de las Administraciones, que siguen guardando facturas en los cajones en 2012. El portavoz de la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, Vicente Peiró, asegura que la Generalitat está repitiendo este año la práctica de guardar "facturas en los cajones", es decir, que se admite la factura pero no se contabiliza ni se paga. A pesar de que Alberto Fabra aseguró hace dos semanas en las Cortes valencianas que "ya no hay facturas en los cajones ni las habrá", Peiró sostiene que en estos momentos las únicas facturas de proveedores que se atienden por los hospitales son las que no sobrepasan los 300 euros, que se pagan a través de la llamadas cajas fijas.
Según el portavoz de esta asociación que agrupa a unas 30 empresas, las facturas que superan ese importe "continúan sin pagarse, bien porque no disponen de la preceptiva dotación presupuestaria, con lo que no se contabilizan, bien porque, aún disponiendo de tal dotación, están retenidas indebidamente en la Intervención de la Consejería de Sanidad, produciendo un embudo en los pagos como nunca antes se había producido". Esta asociación afirma que la deuda de la Administración valenciana con sus empresas supera los 100 millones. A pesar de que en su día criticó la condición del Gobierno de renunciar a los intereses para entrar en el plan de pagos, las empresas se han acogido porque "no aguantan más". Así lo explica Carmen Carrión, gerente de Dismeval, quien asegura que está dejando de trabajar con la sanidad pública valenciana, de la que "los bancos siguen sin coger las facturas", y está sirviendo a hospitales de Madrid o Murcia, donde "este año sí pagan".
Autónomos
De la misma opinión son en la sevillana CES debido "a la disminución de los ingresos de los ayuntamientos, los planes de ajuste que tienen que realizar, etc. Esperemos que las administraciones cumplan el plazo para saldar sus deudas con sus acreedores con la ley de Morosidad, que en 2013 establece 30 días como máximo".
"Igualmente, hay que tener en cuenta el alto número de empresarios que no se han acogido al Plan, bien por no cumplir los requisitos establecidos por este mecanismo de financión, bien porque no les haya interesado renunciar a los intereses que ha generado esa deuda, por lo que parte de esas deudas de las Administraciones siguen vigentes", recalcan desde esta patronal provincial, la más importante de Andalucía junto a la de Málaga.
La perspectiva de los autónomos tiene algunas particularidades, como explica Álvaro Bajén, secretario general de la patronal UPTA en Aragón. El problema no está todavía totalmente solucionado porque "hay ayuntamientos que no se han acogido al plan y no sabemos qué pasa con esos autónomos", explica. Además, tampoco está solucionado el problema de los autónomos que son subcontratados por las empresas que trabajan para la Administración y sobre los que no se hace referencia.
No obstante, el plan para pagar a los proveedores es valorado por Bajén como positivo puesto que contribuye a aumentar la liquidez de los autónomos "que se han ido endeudando y se van a desagobiar", si bien reconoce que una parte de lo que reciban "se lo quedarán los bancos porque los autónomos devolverán" las cantidades que han solicitado para financiarse.
Valoración positiva también del presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Jesús Morte, quien señala: "debería haberse adoptado mucho antes y su proceso está siendo lento y tedioso. De hecho, desde que se nos anunció hasta que las empresas cobren efectivamente es bastante posible que algunas hayan tenido que cerrar o vender activos a causa de los impagos de las Administraciones".
Información elaborada por Rafael Daniel, Jordi Sacristán, Javier Alfonso, Eva Sereno, Ruth Lodeiro, José María Camacho, José Luis Jiménez y Carlos Pizá.
Los proveedores han cobrado ya 9.263 millones
