La estrategia de los partidos independentistas de investir a distancia al candidato de JxCat Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat recibió ayer un doble revés por parte del Tribunal Constitucional y del Consejo de Garantías Estatutarias.
Por un lado, el TC admitió ayer a trámite el recurso de impugnación del Gobierno español contra la propuesta del pasado mes de enero del presidente del Parlament, Roger Torrent, de investir a Puigdemont.
En un primer momento, el Constitucional no tramitó el recurso y se limitó a dictar medidas cautelares para suspender el pleno de la cámara catalana si se intentaba una investidura a distancia o el expresidente catalán acudía sin el permiso del Supremo. Aunque Torrent suspendió aquel pleno y designó posteriormente a otros candidatos -Jordi Sánchez y Jordi Turull-, el TC quiere ahora dictaminar sobre la viabilidad legal de una investidura a distancia, mientras mantiene en suspenso la candidatura de Puigdemont.
La vía de escape que hasta ahora habían planteado los grupos independentistas en el Parlament, especialmente JxCat, era la modificación de la Ley de Presidencia para habilitar una investidura a distancia de Puigdemont. Aquí llegó ayer el segundo contratiempo para la estrategia soberanista, de la mano de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que sentenció que la reforma "vulnera" el reglamento de la cámara catalana, el Estatuto autonómico y la Constitución.
El Consejo -que es un organismo consultivo, por lo que sus informes no son vinculantes- también rechazó que esta modificación legal pueda hacerse por el procedimiento de lectura única, que permite una tramitación de urgencia, porque se pretenden modificar "aspectos sustanciales de leyes de desarrollo básico del Estatuto".
Antes de publicarse este dictamen, Torrent había convocado un pleno del Parlament para el próximo jueves 3 de mayo, en el que se preveía incluir en el orden del día la reforma de la Ley de Presidencia por el procedimiento de lectura única. Desde JxCat respondieron a las decisiones del TC y del Consejo afirmando que no renuncian a investir a Puigdemont a través de la reforma de esta ley.
Reclamación a Serret y Comín
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el procés, reclamó ayer a las autoridades belgas que tomen declaración a los exconsejeros Meritxell Serret y Antoni Comín, huidos a finales de octubre, para que designen abogado y procurador de confianza en España. En caso contrario, se les designará uno de oficio.
Alternativamente, el juez ofrece que sean trasladados a España para realizar este trámite, como contempla la euroorden. Llarena responde así a la negativa de los dos exconsejeros a personarse en el procedimiento que se instruye en España y que imputa a Comín por rebelión y malversación y a Serret por desobediencia y malversación.
