Por Antoni Cañete*
Decía Confucio que al tratar con los hombres "hay que escuchar sus palabras y observar sus acciones". Resolver el problema de la morosidad implica tocar muchas leyes. Nuestros políticos han alimentado sistemáticamente una especie de caos legislativo en la materia, generando ambigüedades e incongruencias, con objeto de permitir legalmente lo que el espíritu general de la normativa impide.
Como consecuencia, la morosidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los autónomos y pymes españolas: durante 2016, los plazos de pago entre empresas continuaron en los altos niveles habituales y empeoraron en el caso de las Administraciones Públicas.
En las pasadas elecciones, todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, abordaron la necesidad de la mejora de la morosidad en sus programas electorales, y el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos contiene medidas específicas en la materia.
Vistas las palabras, pasemos ahora a la acción. Algunos políticos ya están tomando nota. Empiezan a ocurrir cosas, como el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Presentado a finales de noviembre por vía de urgencia, es una ley con gran incidencia económica que contiene al menos cuatro artículos tendentes a mantener el enredo y la confusión en materia de pagos, dos especialmente preocupantes: el 196.4, que reserva a la Administración la posibilidad de ampliar sin límite concreto los plazos de certificación, y el 214.5, que permite pactar a contratistas y subcontratistas plazos de pago diferentes a los legales en función del medio de pago utilizado.
Ambos puntos generan inquietud entre nuestras pymes y autónomos. Suponen un intento de legitimar el más que probable abuso de posición dominante de la Administración y el contratista sobre la parte más débil.
Ya lo hemos visto antes: habrá que aceptar plazos de certificación desproporcionados o resignarse a recibir como pago documentos de cobro cuya fecha de vencimiento exceda ampliamente los límites de plazo legales. La intención de ambos artículos resulta evidente, y así lo vieron los grupos parlamentarios que, sin excepción, presentaron enmiendas para modificar los puntos conflictivos.
El proyecto continúa su trámite parlamentario, pero aún falta mucho recorrido. Lograr las mejoras propuestas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) solucionaría una buena parte del problema de los plazos de pago en España: el Estado mueve a través de esta Ley un importe equivalente al 20 por ciento del PIB.
La proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad es el otro punto clave. El grupo de Ciudadanos, tras el compromiso adquirido en la IV Cumbre Político Empresarial de Lucha contra la Morosidad, ha registrado una proposición de Ley en el Congreso que hace suyas gran parte de las reivindicaciones en materia de plazos de pago de la PMcM. En realidad, lo tiene prácticamente todo: la constitución de un Observatorio Estatal de la Morosidad, la regulación de sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos, la modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que en su artículo 17 establece la posibilidad de pactar plazos de pago distintos a los máximos permitidos por la Ley, y por supuesto, un régimen sancionador. Este régimen sancionador se aplicaría, además de a las relaciones comerciales entre empresas, a las Administraciones Públicas.
Por si esto fuera poco, hay otra proposición de Ley de Régimen Sancionador presentada por el PDeCat en el Senado en abril de este año. No se puede pedir más. La aprobación de la proposición de Ley de Ciudadanos, unida a las enmiendas en la Ley de Contratos del Sector Público, marcaría un antes y un después en materia de plazos de pago en nuestro país. Lograr el doblete mostraría la clara apuesta de nuestros políticos por atajar el problema. Y sería un gran empujón a la mejora de nuestra competitividad y empleo.
Respecto a la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, aunque parezca mentira, la fórmula aprobada por Real Decreto en 2014 empezaba a contar el periodo medio de pago desde el día 30 posterior al inicio legal del cómputo. Tal cual. Este truco logra que el resultado siempre esté falseado en al menos 30 días a la baja. Es por este motivo que alguna de nuestras Administraciones Públicas puede exhibir orgullosamente plazos de pago negativos.
Tras numerosas reclamaciones por parte de la PMcM, la Unión Europea ha pegado un tirón de orejas a España, obligándole a redefinir la metodología. En el nuevo texto propuesto por el Ejecutivo se elimina el extra bonus de los 30 días, pero apoyándose en la licencia de alargar el plazo de certificación sin un límite predefinido, corremos el riesgo de encontrarnos nuevamente con resultados engañosos, y lo que es peor, completamente opacos.
En el caso de la proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP en marzo para reducir la morosidad en las operaciones comerciales, una PNL no es un método adecuado para lograr resultados, sólo pone de manifiesto intencionalidad, si bien contó con el beneplácito de todos los grupos políticos.
Antes, otra PNL presentada por Esquerra Republicana abundaba en el control de los pagos a los subcontratistas. La proposición de Ley presentada por Ciudadanos pone ahora en bandeja cumplir lo firmado en ambas PNL.
Están puestos los mimbres, pero nos falta hacer el cesto. Decía Sócrates que "comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho". Hay que concretar en acciones. Y sobre todo, debemos seguir atentamente los reglamentos posteriores a la norma. Sabemos que el truco está en los detalles.
* Es secretario general de Pimec y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
