"Enterramos BCN World", así de contundente se mostraba el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la presentación del nuevo proyecto redimensionado que se instalará en los aledaños de Vila-Seca y Salou, y que oficialmente responde al nombre de Centre Recreatiu i Turístic (CRT).
Y es que, aunque parezca una contradicción, el Plan Director Urbanístico (PDU) que aprobó ayer la Comisión de Urbanismo de Tarragona, poco o nada tiene que ver con el que esbozó Veremonte en 2013. BCN World debía ser el Eurovegas catalán, después de que la promotora del magnate Sheldon Adelson, Las Vegas Stands, se decantara por Madrid en vez de Barcelona.
Sin embargo, el PDU se ha encogido considerablemente para seducir a Esquerra Republicana (ver mapa al final), hoy socia de coalición de Convergència en JxSí, pero opositora de BCN World en el pasado. De hecho, el ahora secretario de Economía, Pere Aragonès, decía que no daban apoyo al proyecto, ya que "el juego está asociado a redes criminales y redes de blanqueo de dinero".
Por ello, la superficie total se ha reducido seis veces, de 600 a 101,7 hectáreas; y el espacio para casinos es siete veces menor, dejándola en 30.000 metros cuadrados. Junqueras explicó que se apuesta "por un turismo más familiar y de convenciones". De los seis casinos iniciales, sólo quedarán "uno o dos". Dependerá de quién los gestione, si la alianza entre Hard Rock y Melco prospera, habrá dos licencias; si el vencedor es el Grupo Perelada junto con Genting, sólo será una.
Junqueras aseguró que ahora la dimensión es "coherente y realista", después de reducir la zona edificable un 25 por ciento en relación al PDU de 2015 (queda en 745.000 metros cuadrados) y reducir la altura máxima de los edificios (de 90 a 75 metros), con lo que ninguno superará la altura de la montaña rusa más alta de Port Aventura. Los hoteles también ven disminuir su espacio de 600.000 a 425.000 metros cuadrados, aunque ocuparán un 57 por ciento del proyecto. Lo único que se mantiene es la zona comercial y de ocio.
Se prevé una inversión de unos 2.500 millones y la creación de 10.000 puestos de trabajo (la mitad del anterior proyecto en ambos casos).
Tributar al 10%
BCN World ha cambiado de los pies a la cabeza, de hecho, no podrá ni mantener el nombre, ya que la anterior promotora lo registró.
Pero si hay algo que sí se mantiene, es la polémica reforma del impuesto al juego, que actualmente grava el 55 por ciento de la actividad del sector. Aunque en cuanto se habilite el primer casino del complejo, pasará a ser del 10 por ciento. Esta controvertida ley, que se tramitó con el apoyo de CiU, PSC y la abstención del PP, también permite a los casinos conceder créditos para que los clientes sigan jugando.
Aragonès subrayaba en aquella votación que "el hecho de jugar a crédito genera dudas. El riesgo fiscal que asume la Generalitat es alto, ya que si no se recauda suficiente saldrá perdiendo". Sin embargo, ayer Junqueras recalcó que las empresas "pagarán todos los impuestos". Una paradoja, si se tiene en cuenta que el pacto entre Junts pel Sí y la CUP saltó por los aires ante la negativa de Convergència y Esquerra a subir impuestos a las rentas altas como el IPRF o Sucesiones en los nuevos Presupuestos.
Cara y Cruz. Mientras para los empresarios, la nueva apuesta por el proyecto es una bendición, como explica Quim Sendra, presidente de Pimec en Tarragona, "creará actividad y empleo, unos 10.000 puestos suplementarios"; en lo político, será una arista más. La Generalitat ha logrado prorrogar la opción de compra que tiene sobre los terrenos en los alrededores de Vila-Seca y Salou, donde se construirá el complejo. La parcela, que pertenece a La Caixa, alargará su plazo de venta un año más, ya que vencía el próximo septiembre. Ahora, tendrá hasta septiembre de 2017.
La reactivación de BCN World se produce justo después de las elecciones generales, y de que JxSí rompiera su pacto con la CUP, ya que los anticapitalistas rechazan de lleno el proyecto. De hecho, ayer uno de sus diputados, Sergi Saladié, avisó que "es un elemento más a tener en cuenta para la cuestión de confianza", a la que se someterá Puigdemont en septiembre.
En ese caso, si el president no logra superarla, Cataluña podría verse abocada a unas nuevas elecciones, y de facto, el proyecto volvería a quedar en el aire, ya que está gestionado y controlado por la propia administración tras la espantada de Veremonte. Según el calendario, las obras del proyecto podrían empezar en un año, o no.
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