Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo confiesa públicamente, al menos en los juzgados. Es la conclusión que se desprende de todas las comparecencias del caso Pujol.
Los ex altos cargos de la Generalitat citados ayer ante el juez José de la Mata tampoco fueron la excepción. Negaron que la familia del expresident Jordi Pujol cobrara ?aguinaldos? para otorgar la gestión de los seguros sociales, el IRPF y otros saldos de la nómina de los funcionarios a entidades financieras.
Concretamente, el juez De la Mata citó a declarar a ocho testigos. Entre ellos, al exgerente del Incasol, Antonio Paradell; al exdirector financiero de Ferrocarriles de la Generalitat, Antonio Herce; y al director general de la Conselleria de Hacienda, Francesc Xavier Ruiz del Portal, después de que un exdirectivo de la Banca Natwest Mark (que fue absorbida por el Banco Sabadell) denunciara estos pagos. También comparecieron los directivos de Natwest, Antonio Tomás y Modesto Custodio.
Estos últimos explicaron que esas entidades ofrecían a las empresas públicas ?pequeñas bonificaciones? por la domiciliación de estas nóminas que ?nunca? se pagaban en efectivo, sino que se abonaban en la propia cuenta de cada compañía.
A modo de ejemplo, el antiguo responsable de Incasol recordaba ante el magistrado que su empresa percibía 10.000 pesetas (60 euros) por las nóminas de 50 funcionarios.
El auto recoge que el empleado de Natwest apunta a la existencia de una ?operativa destinada a que la familia Pujol amasase grandes cantidades de efectivo para su patrimonio?. Según su declaración, existían acuerdos que ligaban a las entidades bancarias con grandes empresas y organismos públicos ?para gestionarles las nóminas de los empleados?. De este modo, acumulaban saldos en las cuentas bancarias y pagaban a cambio ?un porcentaje en efectivo?, que el denunciante cifra en un 3 por ciento. De la Mata precisaba que muchos de los capitales que se acumularon en el mandato Pujol procedían de estas comisiones, ofrecidas por la cesión a las entidades de seguros sociales, del IRPF y de saldos medios ociosos, es decir, recaudaciones que debían ir a la Seguridad Social o a Hacienda, pero que el banco mantenía por largos periodos para obtener beneficios.
El juez investiga a Jordi Pujol Ferrusola por presuntos delitos de blanqueo, fraude fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales de supuesto ?origen criminal? y dejar fuera del alcance de la Hacienda española al menos 2,4 millones.
