A raíz del escándalo Rato, uno más entre los políticos del 'ancien régime', nos preguntamos los motivos que inducen a un gobierno a decretar una amnistía fiscal. Debe leerse el texto legal donde aparece esta amnistía, pero como norma general, una amnistía indica que cualquier persona que posea dinero en el extranjero, podrá traerlo a España sin pagar impuestos.
Indica también que quien lo traiga, no deberá justificar el origen de aquel dinero, ya que de otro modo no se trataría de una amnistía, sino de una trampa para poder investigar a los incautos que se acogieran a ella.
Los motivos que poseen los gobiernos para decretar amnistías de esta índole son la necesidad de recuperar capitales que se hallan fuera de España debido a las crisis económicas, la intranquilidad financiera y el origen ilegal del dinero o bien su ocultación para evitar embargos iniciados en España. Esta necesidad de recuperar estos capitales promete a quien se acoja a ella que nada se investigará sobre el origen de aquellos capitales.
Otro motivo que en nuestro caso sería posible sería legalizar con esta amnistía los capitales propiedad de gentes del PP o amigos y cercanos que se consiguieron en la época de Aznar y en Cataluña, en la época Pujol y hasta épocas recientes, originados por el boom inmobiliario. El gobierno de Rajoy decretó la amnistía para protegerse de las demandas y denuncias que preveía se interpondrían en su contra y con esta coraza evitaba persecuciones y condenas.
Primero Bárcenas, luego Rato
No investigar el origen del dinero no le salió bien al gobierno de Rajoy porque el primer caso que se hizo público fue el de Bárcenas y la financiación irregular de su partido. En este caso no pudo alegar la ley de amnistía porque tenía en contra a toda la opinión pública española e internacional y no le quedó más remedio que permitir que se indagase sobre el origen de estos capitales.
Lo mismo ha ocurrido con Rodrigo Rato. Se acogió a la amnistía pero ahora investigan el origen de sus capitales. Aquí advierto que cuando se le juzgue seguramente se le absolverá porque la ley de amnistía se halla en vigor e impide analizar el origen del dinero y no existe deuda fiscal. Aquí afirmo que se ha tratado de un montaje mediático ejemplarizante para pretender prestigiar al PP.
Ahora la opinión pública y la oposición exigen conocer los nombres de los setecientos amnistiados que son funcionarios públicos y políticos, seguramente más adelante, se exigirá el nombre de todos los que se acogieron a la amnistía.
Todo ello era previsible y por esta causa muchas personas con capitales en el extranjero no se han acogido a dicha amnistía. De gobiernos tramposos no te puedes fiar. De un gobierno -que el juez Ruz de la Audiencia Nacional ha dicho que el partido que lo sustenta se ha demostrado que se financiaba con dinero negro y tanto el Gobierno, como el PP, miran hacia otro lado- no puede esperarse nada bueno y menos seriedad. Lo mismo que en Cataluña, reclamando su gobierno la independencia y teniendo embargada su sede en el ensanche barcelonés, el partido que apoya al Govern, CIU.
En definitiva si un gobierno decreta una amnistía fiscal es para salvar a los suyos que han huido con capitales propios o ajenos o bien recuperar los capitales huidos por graves causas de intranquilidad económica. Pero lo que debe recordar toda persona que se acoja a ella es que figura en una lista y los gobiernos cambian de color y las leyes las promulgan los gobiernos cuando se hallan en el poder pero las listas se encuentran archivadas durante años.
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