La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad se ha convertido en un auténtico azote para los malos pagadores. Esta asociación ha ejercido de grupo de presión para que el Gobierno aprobase la ley de Morosidad y aplicara la directiva europea íntegramente, evitando de esa forma la tentación de permitir que el pacto entre las dos partes permitiera esquivar la legislación vigente.
Pese a ello, su presidente, Antoni Cañete, no se da por satisfecho con lo logrado hasta ahora y se ha fijado como objetivo que la ley cuente con un régimen sancionador para los incumplidores.
La última encuesta de la federación de autónomos ATA indica que son las grandes empresas las que más tardan en pagar sus facturas. ¿Le sorprende?
Esa encuesta lo único que hace es corroborar los datos del estudio que la Plataforma presentó en junio en el que dijimos que algunas empresas del Ibex 35 son las que más tardan en pagar.
¿Quiénes son las peores?
Según nuestros datos había constructoras que estaban pagando a más de 300 días.
Es que están con el agua al cuello, ¿no?
Ya, pero ellas cobraron del Plan de Proveedores que abonó el Gobierno y luego ellas no pagaban a sus proveedores.
¿Qué tal está funcionando la ley?
Ha habido una mejora. El sistema todavía no funciona al cien por cien, pero poco a poco se está regularizando. Vemos que los plazos de pago se van rebajando mes a mes, aunque todavía quedan lejos de los 60 días establecidos.
¿Por qué no pagan? ¿Las empresas se financian con sus proveedores?
Muchas empresas tiene un problema serio de liquidez. No circula el dinero y hay muy poco crédito, por lo que ponerse al día resulta más difícil. Eso hay que entenderlo. Pero también es cierto que el sector público ha inyectado 27.000 millones de euros al sistema privado y es el momento de poner orden.
Y ¿cómo proponen ustedes hacerlo?
Desde la Plataforma vamos a hablar con todos los partidos políticos para que, por fin, se cree un régimen sancionador para los morosos. La ley de Morosidad no se cumplirá sin sanciones. También preparamos otras acciones.
¿Qué tipo de acciones?
Un acto potente a favor del régimen sancionador. Lo estamos diseñando ahora, pero será una movilización de la sociedad civil. Es imprescindible acabar con la posición de dominio que las grandes empresas ejercen sobre las pequeñas, que no se atreven a denunciarlas para seguir trabajando para ellas. La morosidad se lleva por delante muchas empresas y muchos puestos de trabajo.
Los datos del sector privado son alarmantes, pero los del sector público lo son todavía más. Su morosidad con pymes y autónomos multiplica por casi cinco el plazo de 30 días que marca la ley.
Es verdad que las Administraciones pagan tarde, pero también es cierto que este Gobierno ha puesto en marcha tres planes de proveedores y la situación ha mejorado notablemente. Además existe el compromiso del Ejecutivo de que todas las Administraciones pagarán a 30 días y en caso de que una autonomía o un ayuntamiento no lo haga el proveedor podrá reclamar el importe a Hacienda que se la pagará y luego la descontará de las transferencias que el Gobierno hace a comunidades autónomas y ayuntamientos.
¿Cree que funcionará?
La directiva europea es muy clara y la consecuencia es que España podría ser denunciada en la Unión Europea y sancionada por Bruselas si incumple el plazo de 30 días.
Y si pese a todo a uno no le pagan, ¿qué debe hacer?
La ley establece que se podrán reclamar los intereses de demora desde el día en que se produce el impago. Igual que cuando tú no pagas a Hacienda te cobran intereses, ahora también se producirá al revés. Hemos de hacer un último esfuerzo para que el sistema funciones para las pymes. Basta ya de chapuzas.
