
Campofrío podrá recibir ayudas directas de hasta 40.000 euros por cada trabajador de la planta burgalesa devastada por el fuego que se reincopore a su puesto de trabajo.
Ésa es una de las medidas anunciadas este viernes por la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León tras la constitución de la Comisión Delegada formada para agilizar la reconstrucción de la planta y en la que están integrados otros cuatro departamentos del Gobierno Autónomo (Economía, Hacienda, Fomento y Medio Ambiente y Sanidad).
La consejera ha detallado que línea de ayudas a fondo perdido, financiadas con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder), se convocará la próxima semana e incluirá la posibilidad de que los empleos de empresas en situación de ERE por causas de fuerza mayor, como es el presentado para la planta burgalesa, se consideren como de nueva creación, por lo que podrán beneficiarse de ayudas directas "que no sobrepasarán los 40.000 euros".
Estas ayudas, cuya cuantía dependerá de la zona en la que se creen los empleos, se extenderán también a los trabajadores que han sido recolocados en otras plantas de la compañía como la soriana de Ólvega.
Durante la reunión se han analizado también las ayudas para completar la renta de los trabajadores inmersos en el ERE, que se arbitrarán a través del Plan de Estímulo al Empleo que se aprobará próximamente con el consenso de los agentes sociales.
La consejera ha explicado que estas complementos, que se unirán al subsidio del paro, no llegarán al 100 de la nómina que cobraban "aunque permitirán recuperar a los trabajadores una capacidad adquisitivas en niveles razonables".
El pago de estos complementos serán mensual, para lo que se ha abierto un concurso público para elegir a la entidad financiera que las canalice.
De la misma forma, Clemente ha subrayado que la compañía podrá obtener ayudas financieras del BEI de hasta el 50 por ciento de la inversión, además de otras para acciones de formación e I+D+i.
Esta financiación, que será compatible con otras fórmulas que arbitre el Ministerio o la Consejería, tendrán el aval de la Junta y un perisodo especial de amortización.
Asimismo, se arbitrarán créditos blandos a través de Iberaval para las cercade 300 pymes y autónomos que son provedores directos o de segundo nivel de la compañía. Podrán ser tanto para circulante como para inversiones con un máximo de 300.000 años a pagar en cinco años, y un plazo de carencia de 18 meses, tiempo que se prevé que durará la construcción de la planta.
Por último, en la renunión, a los que han asistido los consejeros Tomás Villanueva, Pilar del Olmo, Antonio Sáez y el secretario general de Fomento, se ha analizado el tema de las agilizaciones de las autorizaciones ambientales, aunque en este punto es preciso primero disponer de un anteproyecto aunque la compañía, por el momento, no ha decidido aún si la planta se ubicará en el mismo sitio, junto a otra que posee en Burgos o en un punto intrmedio.