l presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado este lunes un acuerdo con los representantes de Cecale, CC.OO. y UGT, en el marco del Consejo del Diálogo Social por el que se flexibiliza los criterios de acceso y se agiliza la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y se crea una ayuda extraordinaria para apoyar a las familias sobreendeudadas, con todos los miembros en situación de desempleo y que no pueden hacer frente al pago de su vivienda para evitar que sean desahuciados.
En lo relativo a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se han consensuado flexibilizar los requisitos y la documentación a aportar para facilitar el acceso a la prestación para los residentes extranjeros, los demandantes de mejora de empleo o las mujeres víctimas de violencia de género. Además, para las familias que se encuentran en situación de riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario se mejorará el procedimiento agilizando los trámites, mientras que para los afectados por las preferentes, con bienes declarados en ruina o tierras cuyo valor catastral sea inferior a 6.000 euros se excluirá del cómputo patrimonial esos bienes de imposible venta con los que no se puede hacer frente a la situación.
Asmismo, se intensificarán las actuaciones de orientación laboral y formación para el empleo y se crea una comisión delegada de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Estas medidas, acordadas en el seno de la Mesa de Diálogo Social, supondrán un incremento presupuestario de un 30 % en el año 2013, y un 65 % más en 2014, además de medidas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio con todos sus miembros en paro.
Esto supondrá incrementar en 10 millones de euros el presupuesto para la Renta Garantizada, de manera que este año llegará a los 43 millones, mientras que en 2014 se elevará hasta los 53.
El incremento de esta partida, que ha sido posible gracias al incremento, que permitirá a la Junta endeudarse por 277 millones más, permitirá que a final de año se beneficien de esta auuda 18.000 familias, frente a las 14.000 actuales, mientras que en 2014, la Junta estima que se ampliará hasta las 28.000.
Por otro lado, se establece una ayuda extraordinaria para prevenir el riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario de las personas o familias que no cuentan con ningún recurso por tener a todos sus miembros en situación de desempleo.
Estas ayudas económicas de carácter finalista, extraordinarias y compatibles con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, van dirigidas a atender de forma temporal la cobertura del pago de la cuota hipotecaria de manera que la cuantía libre de que disponen las familias sea suficiente para atender sus necesidades básicas de subsistencia, financiación de los gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, puesta al día respecto a cuotas vencidas, levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la novación del préstamo hipotecario.
La gestión directa de estas ayudas se llevará a cabo por las entidades locales titulares de Servicios Sociales y la cuantía de la prestación se ajustará a las necesidades de la familia y a su situación particular, estando limitada a 0,5 veces el IPREM anual (3.195 euros para 2013) y estarán sujetas al presupuesto establecido en este acuerdo para esta medida extraordinaria.
De la misma forma, tendrá consideración de situación de necesidad singular y específica, a los efectos del reconocimiento prioritario de la prestación esencial destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, la de aquellas unidades familiares que se encuentren en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en régimen de arrendamiento. Serán beneficiarios de la misma aquellas familias o personas que no puedan satisfacer las cuotas de alquiler y carezcan de medios para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia.
