El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, afirmó hace unos días que "el Gobierno cuenta con las Cámaras para reforzar sus apoyos y sus políticas activas en favor de las pymes". En la presentación que hizo ante un amplio auditorio de miembros de las entidades camerales, calificó a las Cámaras como instituciones fundamentales con extraordinario prestigio en la economía y la sociedad española.
Después de que en diciembre de 2010 el Gobierno de Zapatero aprobara con nocturnidad y plena alevosía una modificación sustancial en la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio (RD-ley dictado a las 21.00 horas del viernes 3 de diciembre, que dio paso a uno de los episodios nacionales más funestos de nuestra reciente historia y que culminó de madrugada con la militarización de los controladores aéreos), y aunque los ingresos de las Cámaras y sus gastos no computaran en el déficit público, éstas fueron lanzadas a una inmerecida "lapidación". Ahora el Gobierno de Rajoy ha mostrado su voluntad y compromiso político para restablecer la normalidad de unas instituciones constituidas por mandato legal para colaborar con la administración pública en sus políticas económicas, en defensa y promoción de los intereses generales de la economía, al servicio de la empresa y de los empresarios.
El Gobierno del PP ha incorporado sentido común en la nueva orientación sobre el papel institucional, económico y social de las Cámaras de Comercio, que pasarán a denominarse Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, a la par que contarán con una Cámara de Comercio Española (el actual Consejo Superior de Cámaras).
Las Cámaras son herramientas para la solución estructural de la economía nacional y, por ende, también deben serlo de la estructura económica de la autonomía de Castilla y León en sus demarcaciones locales (emprendedores, internacionalización, formación, mediación mercantil, ventanillas empresariales, gestión de servicios públicos, etc.). En palabras del propio secretario de Estado, "las Cámaras de Comercio serán las palancas de las políticas públicas para acelerar la recuperación económica y la salida de la crisis".
Esta apuesta del Gobierno de España difiere sustancialmente de la usual desidia regional que hasta este momento han padecido unas instituciones tuteladas por una administración autonómica que, a pesar de tenerlas reflejadas en la letra y el espíritu del Estatuto de Autonomía, no ha dudado en fustigarlas en el día a día con el "látigo" de la indiferencia.
Gran parte de los proyectos, programas y políticas que los dirigentes y representantes políticos han de aprobar dentro de sus competencias pueden y deben ser desarrolladas con plena eficacia por las Cámaras. Así lo hacen los países de nuestro entorno: Francia, Italia, Holanda o Alemania, donde además contribuyen a gestionar múltiples y variados servicios públicos que las Administraciones de esos países no pueden o no deben realizar. En este sentido las Cámaras son un excelente instrumento para afrontar la reducción o el adelgazamiento del sector público, con plena seguridad jurídica y con garantía de eficiencia. Además, se comenzaría a cumplir el principio de una competencia por Administración, resolviendo la tan debatida cuestión de las competencias impropias.
Ninguna institución, en palabras de García-Legaz, puede ayudar mejor al Gobierno que las Cámaras de Comercio, para ayudar a las pymes y recuperar empresas y así crear nuevo empleo productivo. En este sentido, antes de que termine 2012, las Cámaras tendrán una nueva Ley como ha anunciado el secretario de Estado. Una realidad y una valiente apuesta que deberá ser refrendada institucionalmente por el poder legislativo autonómico con la aprobación por las Cortes Regionales de la Ley de Cámaras de Castilla y León y, en igual medida, por el poder ejecutivo regional en los ámbitos competenciales y dotacionales correspondientes. Es momento de mirar hacia delante.
En Europa es hoy un principio común pensar primero a pequeña escala: "Small business act". En esa tarea, las Cámaras hoy, 125 años después de su creación, siguen siendo los mejores socios para el desarrollo y ejecución de las políticas públicas en los diversos sectores económicos, así como los más destacados aliados de las pymes y de los empresarios para sus negocios.
FRANCISCO ISAAC PÉREZ DE PABLO
Secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila
