Unesa, la patronal del sector eléctrico, ha abierto el frente judicial contra las tasas a la producción de energía que ha impuesto la Junta de Castilla y León.
El pasado martes, la asociación que agrupa a las grandes del sector hizo efectiva la "interposición" del último de los tres recursos que Unesa ha planteado contra las órdenes que desarrollan los gravámenes aprobados por Castilla y León, incluidos en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
Las tres tasas que el pasado mes de marzo puso en marca el Ejecutivo de Castilla y León gravan la "afección medioambiental" de la producción de energía hidráulica, la eólica y las redes de transporte.
Unesa dispone ahora de 20 días para presentar la demanda, una vez que ha "anunciado" a los tribunales su intención de impugnar estos decretos.
Las compañías agrupadas en la patronal (Iberdrola, Endesa, GasNatural Fenosa, HC Hidrocantábrico y E.ON) consideran que estos impuestos vulneran la normativa, ya que bajo en su "pretendida justificación medioambiental" se esconde en realidad un ánimo recaudatorio", señalaron fuentes de la asociación.
Unesa calcula que el coste que tendrán que asumir por estos impuestos será de 42 millones de euros, una cantidad que a nivel nacional se elevaría a 140 millones después de que otras comunidades autónomas hayan implantado tasas similares, como es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia, que también están recurridos. Estos impuestos agravarían la crítica situación del sector, que arrastra 30.000 millones de déficit tarifario.
La asociación que preside Eduardo Montes considera que los nuevos decretos, publicados los pasados 3, 7 y 23 de marzo, se solapan además con otros gravámenes.
En los Presupuestos para este año, la Junta prevé unos ingresos de 55 millones de euros por lo que denomina "Impuesto por daño Medioambiental", un gravamen del que han quedado eximidas las centrales térmicas. El Ejecutivo regional también tiene en cartera implantar tasas por la energía nuclear, decisión pendiente de que se confirme la reapertura de la central burgalesa de Garoña.
Los recursos impugnan las órdenes que desarrollan los nuevos impuestos, ya que solamente están legitimados para recurrir una ley ante el Constitucional los gobiernos autonómicos, y los diputados y senadores.
La Junta afirma que con la creación de estos impuestos contribuye a la protección del medio ambiente de Castilla y León dado "el importante daño al entorno que provocan los aprovechamientos del agua embalsada, los parques eólicos y las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Los recursos de Unesa se suman al anunciado por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), que estima que el gravamen supondrá un sobrecoste anual de entre 27 y 30 millones de euros.
La asamblea general de Apecyl acordó por unanimidad ejercitar todas las acciones judiciales correspondientes, incluido el recurso ante los Tribunales de Justicia europeos, contra el nuevo impuesto. En su opinión, la conocida como ecotasa vulnera el criterio del Tribunal Constitucional establecido en resoluciones precedentes que afectaron a otras CCAA que pretendieron establecer tributos de manera similar a éste y finalmente se declararon inconstitucionales.
Para Apecyl, no es comprensible que la justificación del impuesto sea la supuesta afección medioambiental causada por los parques eólicos, cuando precisamente ésta es la manera de generar energía más respetuosa con el medio ambiente.
La perplejidad llega a su máxima expresión, añaden, cuando este impuesto deja fuera a las centrales térmicas.
