La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, confía en una modificación de la definición de agricultor activo en la futura PAC 2014-2020 gracias al apoyo de Alemania y Reino Unido.
Clemente se reunió en el Parlamento Europeo en Bruselas con diputados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. El objetivo de esta reunión ha sido trasladar la inquietud de Castilla y León ante las propuestas legislativas de la reforma de la Política Agraria Comunitaria, presentadas por el comisario Dacian Ciolos el pasado 12 de octubre, e introducir, en estrecha colaboración con los parlamentarios europeos, enmiendas al texto que puedan mejorar la reforma. Castilla y León ha mostrado su rechazo a la pérdida de peso presupuestario previsto para la futura PAC, al modelo de pago base en forma de "tasa plana", a la eliminación de cuotas, en especial en el azúcar, y a la introducción de nuevas exigencias ambientales a los agricultores y ganaderos que lastren su productividad. Además, la región considera necesario que se introduzcan en la futura PAC instrumentos de gestión de mercados y medidas para rejuvenecer el sector.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se ha reunido con el presidente de la Comisión, Paolo de Castro; el ponente del reglamento de pagos de la reforma, Luis Manuel Capoulas Santos; los diputados populares Agustín Díaz de Mera, Gabriel Mato, Pilar Ayuso y Esther Herranz; y los diputados socialistas Iratxe García, Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez.
A juicio de la consejera Silvia Clemente, "nos encontramos ya plenamente sumergidos en un tiempo clave que se corresponde con el proceso de negociación del proyecto sobre el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 y también de las normas por las que se regirá la PAC. Un periodo que se debe aprovechar para poder introducir enmiendas a los actuales textos".
En este periodo, según la consejera, es imprescindible tratar de modificar la reforma propuesta hacia soluciones más en línea con la verdadera naturaleza, situación y problemas del sector primario. Además, ha pedido a los parlamentarios que se solicite a la Comisión un estudio de impacto económico, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial para conocer más concretamente cómo afectará la futura reforma.
Dada la importancia de la PAC para los intereses de la Comunidad -es, con más de 1.300 millones de euros, la segunda región perceptora de fondos agrarios europeos de España-, desde el Gobierno regional se viene trabajando intensamente en la futura reforma.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha lamentado que se haya recortado la asignación presupuestaria de la futura PAC 2014-2020, siendo la única Política Europea recortada a favor de otras áreas de gasto, por lo que ha pedido aumentar la dotación financiera.
En ese sentido, Silvia Clemente ha trasladado a los europarlamentarios la necesidad de mejorar nuestra dotación financiera de forma que, la cifra que se asigne a la nueva Política Agraria Comunitaria a partir de 2014, refleje el peso y la importancia de la agricultura y agroindustria española en el conjunto de la UE.
Sobre el nuevo modelo de pagos directos, Clemente ha aseguradoque "rechazamos la propuesta de tasa plana porque perjudica a las explotaciones más productivas. Este nuevo modelo perjudicará a la agricultura y ganadería de España en su conjunto y, por supuesto, de Castilla y León, caracterizada por un abanico muy diverso de producciones y de sistemas de explotación y penalizando a las explotaciones más profesionales y competitivas".
Castilla y León, al igual que otras Comunidades o Estados Miembros, considera que la ganadería, especialmente la intensiva, es la gran olvidada en la propuesta de reforma, dejando como margen de maniobra de cada Estado la posibilidad de compensar en parte, mediante pagos asociados, los efectos negativos que pueda tener la aplicación del modelo en este subsector.
En el caso de mantenerse el pago base, la consejera considera imprescindible que en España se haga uso del modelo de regionalización, que permite el texto legislativo, estableciendo regiones con criterios agronómicos o agroecosistemas productivos, que minimice los efectos negativos de la "tasa plana" en las explotaciones más productivas.
Respecto a la definición de agricultor activo que plantea la nueva PAC, la delegación de Castilla y León ha trasladado a los representantes españoles de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, la necesidad de modificarla y dirigirla más a una vinculación a las superficies y la ganadería productiva y estableciendo un sistema de prioridades dirigido principalmente a los agricultores profesionales.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha mostrado su sorpresa porque la futura PAC fije una referencia temporal futura para determinar los nuevos derechos de pago base, en el sentido de fijar como año de referencia para obtener la superficie admisible que determinarán los nuevos derechos el año 2014. Esta circunstancia invita a los movimientos especulativos sobre disponibilidad de tierras, lo que a su vez puede originar incrementos en los precios de las tierras y de los arrendatarios que perjudicarán en mayor medida a los agricultores profesionales.
En cuanto a la superficie admisible para recibir el pago base, Castilla y León considera necesario precisar esta definición para limitar los efectos negativos en las agriculturas más productivas, ante el riesgo de llegar a duplicar el número de hectáreas que actualmente perciben pagos de la PAC. "La definición de hectárea admisible debe limitarse a aquellas superficies agrícolas utilizadas para la producción efectiva de materias agrícolas o ganaderas", tal y como ha asegurado la Consejera.
Respecto al valor de los derechos de pago base, Castilla y León considera que se debería establecer un periodo transitorio más largo y, de esta forma, reducir los efectos negativos que produce la transición inmediata hacia la tarifa plana en las explotaciones más productivas. Además, esta región propone que el porcentaje de pago base idéntico para todos los agricultores en el primer año de aplicación no supere el 10 % y que se pudiera ir incrementando cada año en ese mismo porcentaje, de forma que serían necesario al menos 10 años para alcanzar la convergencia total que propone la Comisión.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha mostrado el rechazo de la Comunidad al denominado pago verde o greening. Esta región considera que el límite del 30% fijado sobre el límite financiero para este componente es excesivo.
"Nos preocupa la introducción de más exigencias adicionales, pues debilitará la competitividad y productividad de los sistemas más intensivos, al restar ingresos en la renta y añadir costes suplementarios a los agricultores. Nuestros agricultores no se limitan a cumplir las exigencias medioambientales obligatorias, sino que en muchos casos ya están alcanzando en sus explotaciones umbrales medioambientales muy por encima de los requisitos exigibles", ha resaltado Silvia Clemente.
La delegación en su encuentro con los parlamentarios ha expresado la necesidad de incluir instrumentos de mercado en la futura PAC, que permitan compensar los desequilibrios en el poder de negociación en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, especialmente en el primer eslabón, el sector primario. Unos instrumentos que contribuyan a paliar las situaciones de incertidumbre e inestabilidad de los mercados.
"Desde Castilla y León rechazamos la eliminación de los distintos sistemas de cuota o derechos de producción, que han demostrado ser instrumentos eficaces para garantizar determinadas producciones europeas tanto en el mercado interior como exterior. Especialmente nos preocupa la eliminación de las cuotas de azúcar el 30 de septiembre de 2015 y por ello proponemos su mantenimiento o prorroga al menos hasta 2020", ha afirmado la consejera.
