El Ayuntamiento de León recurrirá a dos créditos por un importe total de 15 millones de euros para pagar nóminas y a grandes proveedores.
Este dinero servirá para asumir una deuda adicional a la prevista de 35 millones que es preciso abonar de manera inminente, una cuantía que se destinará a pagar nóminas y servicios mensuales de algunos grandes administradores.
Así lo ha manifestado este viernes el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, quien ha explicado que posiblemente el Consistorio recurra a más créditos para solventar la deuda y ha destacado la buena disposición de las entidades de ahorros para formalizar este tipo de operaciones. "El objetivo es tener cuanto más, mejor", apostilló.
Concretamente, el Banco Santander otorgará un crédito de un millón de euros al Ayuntamiento y Caja España-Caja Duero otro por importe de 14 millones, ambas operaciones con fecha de vencimiento fijada el día 31 de diciembre de 2011, aunque se podrían renovar en ese momento.
Agustín Rajoy señaló que esta medida era necesaria ante la situación que atraviesa el Consistorio, a su juicio "peor" que la que tenía el anterior equipo de Gobierno municipal PSOE-UPL. Adoptamos estas medidas porque nos hace falta más dinero", argumentó.
En este contexto, precisó que el importe de los créditos no se utilizará para solventar la deuda antigua del Consistorio.
Este es uno de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana que obtuvo el rechazo del PSOE, informa Europa Press.
Concretamente, la edil socialista Natalia Rodríguez Picallo criticó el "oscurantismo" con que el actual equipo de Gobierno ha tratado este asunto. Según explicó, los representantes municipales del PSOE tuvieron que votar en la Junta de Gobierno este punto sin haber dispuesto de los informes preceptivos del interventor con antelación.
Además, mostró su rechazo a la medida, dado que la fecha de vencimiento de los créditos es el 31 de diciembre de este mismo año y como garantía el Ayuntamiento establece la recaudación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) de 2012.
A su juicio, estas operaciones son de "dudosa legalidad", motivo por el cual su voto ha sido en contra de las mismas. "Demuestra que son incapaces de gobernar. En vez de buscar fuentes de financiación, acuerdan una operación de crédito y nos hipotecan con 15 millones", agregó.
Asimismo, cree que dicha operación debería pasar por la aprobación en pleno municipal y "no es normal" que el préstamo se garantice con un dinero que se generará en 2012.
Con los 35 millones de "agujero" adicional descubierto por el PP desde que asumió tras las elecciones de mayo el gobierno municipal, la deuda del consistorio, con cerca de 1.900 empleados, asciende a 450 millones de euros.
