El papel jugado por supervisores en la crisis del Popular y, de manera particular, por la junta única de resolución (SRB, por las siglas en inglés) y su brazo español Frob, está en el ojo del huracán. Accionistas buscarán depurar responsabilidades y el resarcimiento de sus quebrantos apuntando a dicho mecanismo, que ya ha recibido ácidas críticas del cuerpo de inspectores del Banco de España y cuyas decisiones busca escrutar en Europa algún grupo político para verificar si la actuación fue la adecuada. Santander busca una solución para los minoritarios.
La rauda actuación en el Popular, donde apenas transcurrieron quince horas desde que solicita su intervención hasta ser adjudicada al Santander, ha recibido parabienes de expertos y autoridades. Se valora que la ágil ejecución evitó deterioros a la entidad y la ausencia de ayudas elimina el riesgo de contagio con la deuda soberana, como ocurrió con el rescate de cajas.
El director de instituciones financieras en la Comisión Europea, Mario Nava, subrayó ayer mismo que prueba que las reglas son "flexibles", ya que han permitido soluciones distintas en el Popular y el italiano Monte dei Paschi di Siena. "En el caso de Popular, España ha demostrado que claramente respetamos las reglas y las reglas que nos hemos dado funcionan. No hay necesidad de un atajo", reivindicó a su vez el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista concedida al británico Financial Times.
Hoy será un tema clave, junto a la deuda de Grecia, en la reunión que celebran los ministros del Eurogrupo y donde se espera, de nuevo, su valoración como un éxito, pero sobre el proceso sobrevuelan incógnitas que están moviendo a dispares colectivos a exigir un escrutino.
En Europa, el Grupo Socialista abrió la espita con la petición de la comparecencia de la presidenta del SRB, Elke König, en el Parlamento Europeo para explicar los hechos que rodearon los acontecimientos, desde que el expresidente Emilio Saracho solicita intervenir al BCE hasta que se acepta la oferta del Santander. Entre los puntos a aclarar, el eurodiputado socialista Jonás Fernández, incluye conocer si había alternativas reales -fusión o ampliación- y la razón de su fracaso.
Un extremo que también pidió ayer aclarar Bernardo Cremades, abogado del bufete Cremades y Asociados, que negocia representar a distintas asociaciones de inversores perjudicados. En declaraciones a Ep, el letrado indicó que sus clientes barajan denunciar por la vía civil al mecanismo de resolución y reclamar arbitrajes de compensación contra el Estado español en nombre de inversores extranjeros. El recurso al SRB lo interpondrá ante el Tribunal Europeo de Justicia y en la Audiencia Nacional contra el Frob -las decisiones las adoptan el SRB y el BCE, y su ejecución la delegan en el Frob-, en paralelo con otras denuncias contra exadministradores del banco y el accionista mexicano Antonio del Valle, que ya ha presentado ante la Fiscalía.
La discrepancia nace, más allá, en el mismo seno del supervisor. La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España cuestionó en un comunicado el método de valoración del asesor independiente del SRB/Frob y sembró dudas sobre la actuación del supervisor, sosteniendo que "es difícil aceptar" que un banco caiga hoy por asfixia de liquidez.
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