Si la banca europea ha sido el sector más penalizado en bolsa tras el Brexit, las entidades italianas, lastradas por 360.000 millones de créditos morosos (de los que 200.000 millones son inexigibles) se han convertido en el blanco ideal de todas las incertidumbres y las turbulencias relacionadas con la salida de Londres de la Unión Europea.
No se trata sólo de especulación financiera. El Brexit ha puesto el descubierto todos los problemas del sector bancario más frágil de Europa. Italia ha sido el único de los grandes países en no reparar las grietas que largos años de crisis económica han dejado en los balances de sus entidades. Cuando España recurría a la ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) para lanzar un banco malo y solicitar 42.000 millones, en 2012, en Italia el Gobierno tecnócrata de Mario Monti rechazaba pedir dinero a Europa. Año tras año, los Ejecutivos que se han sucedido en Roma y las propias entidades han ido demorando la necesaria reestructuración. Ahora, con la salida de Reino Unido de la UE, el sector financiero ha entrado en un circulo vicioso: la banca italiana necesita recapitalizarse y deshacerse de los créditos morosos, pero las turbulencias del mercado impiden sacar adelante con éxito ambas operaciones.
La única salida parece una intervención del Gobierno, pero una vez más la política italiana está ganando tiempo. En esta situación, cualquier decisión comporta costes (económicos y políticos) muy altos, quizás demasiado para un primer ministro como Matteo Renzi, que se encuentra en una crisis de popularidad.
El fardo de los activos tóxicos ofrece una foto nítida de los problemas transalpinos: a la espera de los nuevos test de estrés del 29 de julio, los últimos datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por su sigla en inglés) indican que los créditos morosos llegan, en Italia, al 16,7 por ciento de todos los préstamos, en comparación con el 7,1 por ciento de España, el 4,3 por ciento de Francia, el 3,4 por ciento de Alemania o el 2,9 por ciento de Holanda. Estos datos son inferiores a los desvelados por las propias entidades por la homogeneización de criterios, ya que en el caso de Italia, la morosidad del sistema supera de media el 20 por ciento con creces, mientras que en España, alcanza el 10 por ciento.
Una mayor devaluación
La banca italiana se justifica explicando que el valor de los créditos problemáticos ha sido devaluado más que en otros países y que las entidades tienen garantías suficientes para cubrir pérdidas.
El problema, sin embargo, es que Italia tiene que encontrar de una vez la manera de deshacerse de todos estos activos tóxicos. El Gobierno de Matteo Renzi ha prometido durante meses una solución para luego lanzar un fondo con el pretencioso nombre de Atlante (es decir Atlas, el joven titán al que, según la mitología griega, fue condenado a cargar sobre sus hombros los pilares de la Tierra) que sin embargo no tiene recursos suficientes.
Atlante fue presentado hace dos meses con una dotación de 4.000 millones, procedentes de las grandes entidades italianas, pero tras la recapitalización de Popolare de Vicenza y Veneto Banca le quedan sólo 1.700 millones en caja. Y mientras toda la banca vacila, Roma ya no puede pedir que los bancos grandes cubran las pérdidas de los más pequeños.
Otras opciones, como los bonos convertibles con los que el Gobierno de Monti financió a Monte dei Paschi di Siena (MPS) en el pasado, se han revelado un fracaso. El préstamo, para evitar sanciones europeas, tuvo que realizarse a precios de mercado y resultó demasiado caro para la entidad, que sigue siendo la más problemática del sector. El BCE acaba de pedir a Monte dei Paschi una reducción de 10.000 millones de euros de los créditos incobrables dentro de 2018. Una noticia que esta semana ha desencadenado nuevas caídas en bolsa, con un efecto dominó sobre todo el sector. Las entidades italianas tras el Brexit se han hundido más que los competidores europeos y ahora los seis principales bancos transalpinos no llegan todos juntos a una capitalización de 45.000 millones, menos de lo que vale en bolsa el Santander.
A caza de capitales
MPS es ahora el principal problema de la banca italiana y de hecho fue la primera entidad en demostrar que la industria financiera transalpina no era tan sólida como presumía. El banco cuenta con una morosidad de casi el 35 por ciento. Mientras todos en Roma (incluso el entonces gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi) seguían repitiendo como un mantra "los bancos italianos son sólidos", MPS cerraba 2011 con unas pérdidas de 4.690 millones de euros.
Lo que según el entonces presidente de la entidad, Giuseppe Mussari, era "el efecto del empeoramiento de la economía real", fue en realidad fruto de una falsificación de los registros contables continuada durante años.
Ahora que MPS está al borde de la quiebra, el Gobierno de Roma está estudiando dos opciones: de un ladob podría recapitalizar la entidad (que necesita unos 3.000 millones de euros) con el sistema de garantías publicas recién avalado por la Comisión Europea; del otro, estudia lanzar un fondo gemelo de Atlante (participado esta vez por fondos de pensiones y capital riesgo, junto al banco postal público CDP) que compre una parte de los créditos morosos de la entidad.
A la espera de anuncios oficiales, sin embargo, el Gobierno de Roma sigue dando la impresión de estar siempre un paso atrás. De hecho no solo MPS necesita capital adicional. Otro banco vigilado de cerca por Fráncfort, tras el suspenso de los test de estrés de 2014, es Carige. La entidad de momento rehúsa una nueva ampliación de capital (sería la tercera en dos años), pero sigue sin explicar cómo solucionará sus problemas. Tras haber rechazado la oferta del capital riesgo norteamericano Apollo, que quería tomar el control del banco adquiriendo sus créditos morosos, según los analistas Carige tendría que encontrar por lo menos 500 millones de euros.
Otro grupo que debe elevar la solvencia es Unicredit, aunque el principal banco internacional transalpino parece haber superado su peor momento, tras unas semanas de incertidumbre. La entidad ha nombrado nuevo consejero delegado, el francés Jean Pierre Mustier, y es lo suficiente grande para poder llevar a cabo una nueva ampliación que, según los analistas, ascenderá a una horquilla de entre 5.000 millones y 7.000 millones de euros.
Luego se encuentra el grupo de los bancos cooperativos medianos que, tras la reforma aprobada por el Gobierno de Renzi el año pasado, está obligados a fusionarse para crear entidades más grandes. El primer matrimonio, entre BPM y Banco Popolare está en camino y en la actualidad el mercado espera las decisiones de otros dos protagonistas como Bper y UBI. Estos dos bancos tienen un nivel de créditos dudosos más alto que las grandes entidades, como Unicredit e Intesa, pero el proceso de fusión es la ocasión para limpiar los balances y crear grupos más solidos, es decir más capaces de enfrentarse a la difícil recuperación de la economía italiana.
Queda para resolver la cuestión de los bancos rescatados. Tras las últimas ampliaciones de capital dos entidades, Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca están controladas por el fondo Atlante; según la prensa transalpina Atlante ya han recibido ofertas por un grupo de cuatro fondos de capital riesgo norteamericanos que quieren comprar los dos bancos y fusionarlos.
Mientras tanto, las cuatro entidades más pequeñas rescatadas al comienzo del año (Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca Marche) está reduciendo sus pérdidas y podrían ser vendidas durante los próximos meses.
En la consolidación y reestructuración del sector financiero italiano quedan al margen las entidades más solidas, empezando por Intesa Sanpaolo. El principal banco transalpino ha sido el mayor contribuyente del fondo Atlante, pero ha dejado claro que no participará en otras ampliaciones de capital del fondo, ni se fusionará con entidades en apuros.
El Gobierno no descarta, aún así, favorecer integraciones entre bancos medianos: los más sólidos (BPER o UBI) podrían hacerse cargo de MPS, saneada con la ampliación de capital garantizada por el Estado y la venta de los créditos morosos requerida por el BCE.
Mientras la reforma que obliga a las populares a fusionarse podría dar sus frutos en el medio plazo, el Gobierno de Matteo Renzi tiene que enfrentarse a la emergencia de los próximos meses.
Esta semana, el subsecretario de Economía, Pier Paolo Baretta, aclaró que no ?habrá soluciones inmediatas? para MPS y que el Gobierno ?esta monitorando la situación como acordado con la UE?. Renzi de su parte ha subrayado que ?los ahorradores y los cuentacorrentistas italianos no tendrán algún problema. Ésta es la prioridad?.
La cuestión del 'bail in'
El objetivo de Roma es derogar las reglas europeas del bail-in, o sea el 'rescate desde dentro' que está en vigor desde enero de 2016 y que supone que acreedores y accionistas deben soportar pérdidas en caso de quiebra de una entidad.
La preocupación va sobre los bonistas, ya que alrededor del 30 por ciento de la deuda de las entidades financieras transalpinas se encuentra en manos de particulares. Renzi quiere utilizar las derogaciones previstas por la normas europeas para limitar las pérdidas de los pequeños ahorradores, contando con el apoyo de Bruselas.
Ya la semana pasada el vicepresidente de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis, explicó que las recapitalizaciones precaucionales (es decir, el tipo de operación que MPS necesitaría) "se pueden hacer si hay problemas de escenario económico adverso", como es la situación actual tras el Brexit. Un opinión que va ganando adeptos.
De esta manera, Roma podría poner un parche a la hemorragia, a la espera de encontrar una manera para revolver de una vez el problema de la banca italiana.
