Banca y finanzas

La morosidad del sistema financiero cierra 2011 en el 7,61%

  • Se sitúa en el nivel más alto desde el año 1994
  • Es el sexto mes consecutivo de subida de la mora

La morosidad de los préstamos concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito cerró el año 2011 en el 7,61%, nivel que no alcanzaba desde hace diecisiete años.

Según los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España, el ratio de mora del sector financiero español superó a cierre de diciembre en una décima al registrado el mes anterior, cuando fue del 7,51%.

Se trata, según estos datos, del sexto mes consecutivo que sube la mora tras el pequeño recorte que se produjo en junio, al bajar desde el 6,48% al 6,41%.

Los créditos morosos totales del sector se situaron en diciembre en 135.749 millones de euros, más de 35.000 millones por encima de la barrera psicológica de los 100.000 millones que superó en mayo de 2010.

El total de préstamos alcanzó los 1,783 billones de euros en el último mes de 2011, una leve caída del 0,11% frente a noviembre, pero que se acentúa hasta el 3,3% si se compara con el mismo mes de un año antes.

La morosidad de las entidades de depósito, que incluye a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, alcanzó en noviembre el 7,66%, mientras que la correspondiente a los establecimientos financieros de crédito, que no pueden captar depósitos, se mantuvo en el 8,4%.

Para hacer frente a la creciente morosidad, el sector financiero español estableció sus provisiones en 76.285 millones de euros, colchón que se vio incrementado en 2.626 millones de euros en comparación con noviembre, y en 4.589 millones en relación al cierre de 2010.

Precisamente esta semana, el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, auguró que la morosidad de las entidades financieras españolas alcanzará su "cima" a finales de este año, ante las "dificultades" que se presentan para el sector en su conjunto.

La reforma financiera, convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados, eleva a 52.000 millones de euros las necesidades en provisiones y capital extra de las entidades para afrontar eventuales pérdidas derivadas de los activos inmobiliarios.

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