El consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) sorprendió ayer a Cajastur al rechazar por unanimidad parte del contrato por el que pactaron constituir un Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Caja Extremadura y Caja Cantabria.
Según una nota emitida al término de la reunión, el consejo aprobó "el contrato de integración propuesto por Cajastur, excepto algunos matices respecto a las condiciones de gobierno corporativo". En concreto, la CAM se opone a la delegación de algunas facultades del consejo de administración del SIP en quien será su consejero delegado, Manuel Menéndez, presidente de Cajastur.
La CAM no explicó la repercusión legal que puede tener esta excepción introducida en el contrato, ya que Cajastur y el resto de socios aprobaron, también ayer, el acuerdo en su totalidad.
Desde la caja asturiana se sostiene que es un rechazo total a la constitución del SIP y fuentes financieras añaden que en las cláusulas del contrato se estipula que es de obligada aprobación el documento íntegro y sus anexos para que se autorice la operación.
De esta manera, la CAM se expone de nuevo a la decisión que tome el Banco de España, que podría intervenir la entidad, intentar fusionarla con otras cajas o darle una oportunidad para que altere su posición con respecto al SIP liderado por Cajastur.
Puntos conflictivos
Las condiciones del contrato "propuesto por Cajastur", según reconoce la propia caja alicantina, habían provocado malestar y rechazo en algunos miembros del consejo. Las reticencias venían provocadas por un protocolo en el que Cajastur, con mucho menor tamaño que la caja alicantina aunque mucha más eficiencia, va a tener el mando durante 12 años.
Éste es el tiempo que el presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, tiene asegurado como consejero delegado del nuevo SIP, los mismos que quien será su presidente no ejecutivo, Modesto Crespo, actual presidente de la CAM . Pero el asturiano se ha garantizado, por ejemplo, los nombramientos de los directivos de primera y segunda categoría.
Según fuentes cercanas a la alicantina, el documento de constitución fue aprobado por 18 de los 20 vocales, pero hubo una votación especial para las atribuciones del presidente de Cajastur. En ésta, la totalidad de los miembros del consejo se opusieron.
Muchos de ellos alegan que el día que autorizaron las negociaciones no pudieron leer el documento porque no se les presentó y tampoco se les ofreció los detalles del mismo. De ser así, sería responsabilidad del presidente del consejo e, incluso, de los propios vocales al votar a ciegas.
Fuentes del sector manifiestan a elEconomista que entonces ya se habían establecido todos los pormenores y que en las últimas semanas, cuando desde la CAM se ha protestado, el Banco de España se ha negado a permitir cambios sustanciales en el contrato, porque la operación ya había sido aprobada por la Comisión Europea.
14 miembros en el consejo
Para calmar los ánimos, Cajastur cedió en un punto, que fue asegurar al director general de la CAM , Roberto López Abad, un sillón en el consejo de administración de la nueva entidad, que será un banco con sede en Madrid.
El consejo tendría 14 miembros, de los que CAM y Cajastur propondrán a cuatro cada uno, Caja Extremadura y Caja Cantabria, a dos cada uno, y habría dos independientes. El presidente de la CAM no tendría voto de calidad, por lo que las decisiones por mayoría simple necesitarán ocho votos. Algunas decisiones requerirían una mayoría cualificada, de manera que CAM y Cajastur tendría derecho de veto sobre ellas.
El SIP conformaría el tercer conglomerado español de cajas de ahorros cuando acaben todos los procesos de fusión, con unos activos de más de 135.000 millones de euros. La entidad había pedido 1.600 millones del Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (Frob). Al grupo se iba a incorporar Caja Castilla- La Mancha (CCM), que será próximamente absorbida por la entidad asturiana.
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