El consistorio tiene que hacer frente a 38 sentencias firmas por valor de más de 44 millones de euros, cantidad que no está consignada en el presupuesto. Además, se prevé que en 2016 tenga que afrontar el coste de más sentencias cuyo importe podría ascender a los 45 millones de euros.
El pago de sentencias firmes ahoga las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza por lo que el consistorio ha tomado la decisión de acudir al Fondo de Impulso Local, creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de junio con el fin de asumir el pago de las 38 sentencias firmes que no tienen consignación presupuestaria y que deben cumplirse durante este año, suponiendo el pago de 44.817.270 euros.
Además, otros procesos judiciales podrían suponer que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga que hacer frente a más pagos en 2016 derivados de sentencias firmes, que podrían ascender a 45 millones de euros. Una cantidad que sumada a la cuantía de 2015 hacen un total de 90 millones de euros. Algunas sentencias proceden de contenciosos de finales de los años 90.
La decisión de recurrir al fondo se ha tomado tras los primeros datos que se han obtenido de la auditoría interna de las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza y que está siendo dirigida por el Servicio de Intervención.
Según ha explicado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, recurrir al Fondo de Impulso Local es la mejor opción para cumplir con los compromisos y poner una solución a la "falta de prudencia financiera y económica, ya que se deberían haber provisionado fondos en el presupuesto municipal para asumir estas obligaciones de la Justicia, cuando sólo había una partida de 250.000 euros".
Además, la decisión de acogerse a este fondo, cuyo plazo de solicitud finaliza el 22 de agosto de este año, se basa también en que ofrece mejores condiciones que el mercado financiero, ya que el consistorio deberá pagar por esta operación el 1,3% de interés fijo anual a partir de enero de 2016 frente a tipos de interés de entre el 3% y el 5% en el mercado financiero. La operación será a diez años -hasta el 2025-, aunque habrá dos de carencia y se empezará a amortizar en 2018.
Por su parte, el consistorio estará obligado a consignar una cantidad en los presupuestos del ejercicio de 2016 para un fondo de contingencia del 1% de los gastos no financieros que hay en los presupuestos actuales y que es de 6.278.000 euros.
Inicialmente, el Ayuntamiento de Zaragoza pedirá este año al fondo los 44,8 millones de euros que tiene que abonar este ejercicio por las sentencias, cantidad de las que alrededor de 20 millones de euros son en concepto de intereses por demora. No obstante, posteriormente, está previsto que presente la solicitud para los 45 millones que podría tener que pagar en 2016 por otras sentencias.
La solicitud de este fondo, según ha explicado el alcalde, no comprometerá el plan de ajuste económico al que está sometido el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque sí ha apuntado que habrá que hacer un nuevo cálculo para aminorar la deuda.
Ante esta situación, el alcalde ha incidido en la falta de previsión de los anteriores equipos de gobierno municipal para cumplir con las obligaciones legales. Además, Santiesteve ha denunciado que el desajuste entre las disponibilidades presupuestarias y el gasto a ejecutar se ha utilizado como vía de financiación del Ayuntamiento a través de las contratas que prestan el servicio.
Petición de responsabilidades
Desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, tras conocer la noticia del pago de los 45 millones de euros este año como consecuencia de las sentencias judiciales impagadas que se han acumulado en los últimos años, se ha anunciado que se van a pedir responsabilidades para que los ciudadanos sepan quién es el culpable y por qué hoy hay un endeudamiento de 45 millones de euros más.
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, también ha exigido explicaciones sobre "cómo, cuándo y quién ha generado este agujero" y ha denunciado que "después de oír hablar a Zaragoza en Común de auditorías ciudadanas, hoy nos encontramos con un acuerdo justo antes de agosto, aumentando la deuda en 45 millones de euros, sin auditorías ciudadanas y poco menos que de tapadillo antes de que nos vayamos de vacaciones para ocultar un agujero generado por los partidos de izquierda".
Azcón además ha insistido en que los últimos 12 años ha gobernado la izquierda y los últimos cuatro PSOE, CHA e Izquierda Unida, razón por la que ha pedido que "no se lleven las manos a la cabeza" porque buena parte de lo que hoy se ha conocido ya lo llevaba denunciado hace mucho tiempo el Partido Popular.
Jorge Azcón ha señalado que cree que este agujero de 45 millones tiene que ver con la decisión de la izquierda de utilizar la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza como un instrumento de tesorería, recurriendo las sentencias para no pagar porque no había dinero.
Además, ha indicado que esa utilización política de los recursos judiciales "nos va a costar millones y millones de euros a los zaragozanos", aparte de adelantar que "el Señor Gimeno -ocupó en la anterior legislatura la concejalía de Hacienda-, tendrá que dar muchas explicaciones en el Gobierno de Aragón sobre la gestión que ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque nos parece una broma pesada y de mal gusto que nos quieran vender que las cuentas de la comunidad autónoma las va a arreglar el mismo que ha arruinado las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza con los votos de CHA e IU".
Por último, el portavoz adjunto ha mostrado su sorpresa por que la primera decisión importante que ha adoptado el Gobierno de Zaragoza en Común signifique dar 45 millones de euros a los bancos. "Hablaban de emergencia humanitaria, pero vemos que el discurso era uno y la realidad es otra".
