Andalucía

Constructores piden al TSJA investigar impagos de 25 millones de la Junta

  • El plazo de pago debería de ser de 60 días, pero es al menos el triple
  • Hay 45 empresas y 600 empleos afectados por los retrasos de Fomento
Francisco Fernández, presidente de Ceacop. Foto: Ceacop

La patronal andaluza de la construcción Ceacop vuelve a denunciar, dos meses después, que la Junta sigue adeudando seis meses a las empresas encargadas de la conservación de las carreteras de su red. El monto es de 25 millones, cifra similar a la de diciembre. En enero comunicaron los hechos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "para que evalúe en qué grado estos impagos son constitutivos de delito y quién es el responsable".

Esta medida judicial se ha tomado después de reiteradas peticiones de reuniones con el equipo de la consejería de Fomento, que hasta hace una semana dirigía Elena Cortés, de IU. Las empresas afectadas por esos retrasos en los pagos por parte de la Junta son 45 y emplean a 600 personas, han precisado Francisco Fernández, presidente de Ceacop, y Ana Chocano, gerente. Las competencias de Fomento las ha asumido, hasta la constitución del nuevo gobierno tras las elecciones del 22M, la consejería de Medio Ambiente que dirige María Jesús Serrano.

Tras la anterior denuncia de diciembre sobre los mismos seis meses de retrasos, Fomento abonó las cantidades de junio y julio, pero desde entonces no se ha regularizado nada más, según Ceacop. El plazo contractual firmado por empresas y administración es abonar las certificaciones que se entregan mensualmente en 60 días, señalan desde la patronal.

La seguridad vial, aseguran desde la asociación, está garantizada, ya que son las empresas las que están aportando los medios y asumiendo el coste de estos servicios aunque algunas de ellas "está al borde de la quiebra". Ana Chocano Román, secretaria general de la organización, ha señalado que "lo que no es normal es que sean las empresas las que tengan que cargar con los costes de la Administración, porque las dotaciones presupuestarias de la Junta para estos contratos no cubrían todo el año".

Ceacop ya llevó a la fiscalía del TSJA en 2013 la gestión del canon del agua establecido en 2010 por parte de la consejería de Medio Ambiente. La patronal denunció que el dinero se estaba reteniendo y no se empleaba en los fines para los que estaba previsto legalmente. 

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