Al convocar elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 22 de marzo, la Junta ha perdido la oportunidad de reordenar bajo criterios de eficiencia y eficacia su abultado sector público, compuesto según el criterio legal por 102 entes. Descárguese gratis la revista elEconomista Andalucía
No obstante, Andalucía es la segunda comunidad con menos firmas públicas en relación con los habitantes, según explica la consejería de Hacienda. La prometida auditoría de este entramado prometida por la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura en septiembre de 2013 se está ultimando, según fuentes de Hacienda, y se está llevando a cabo por funcionarios especializados.
La denominada administración paralela, que es el principal foco de fraudes e investigaciones judiciales desde hace un lustro, debería estar al servicio de la industrialización de Andalucía, según los expertos consultados, pero ni se ha orientado a ello ni hay un plan de futuro al respecto. Todo ello también porque la ley de reordenación de 2011, conocida como ley del enchufismo, aprobada por el expresidente José Antonio Griñán sólo sirvió para consolidar como personal de la Junta a 25.000 externos afines políticos y no funcionarios.
Según Hacienda y Administración Pública, departamento que dirige María Jesús Montero, la Junta ha obtenido un ahorro anual de 347 millones de media entre 2011 y 2015. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los entes eliminados son las Utdlt -95 unidades de apoyo al empleo-, investigadas por posible recepción y gestión de subvenciones fraudulentas. Lo mismo ha ocurrido con la fundación Faffe, eliminada e integrada en el Servicio Andaluz de Empleo -SAE- en medio de la investigación judicial sobre la percepción y gestión fraudulenta de fondos.
Se necesitan ajustes reales
La Junta, que ante estos casos proclama repetidamente que colaborará con la justicia y no permitirá irregularidad alguna, asegura que continuará las medidas de eficiencia en el sector público instrumental este año, reduciendo la financiación un 1,5%, 43,7 millones de euros menos de transferencia y subvenciones. Desde 2012 la financiación presupuestaria se ha reducido un 11%. Los entes que prestan servicio de carácter social suponen el 73% de la financiación.
Para IU, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, se necesita una poda mayor en el sector público sobre todo de cargos directivos. Valderas señala que hay más voluntad política en las Consejerías dirigidas por IULV que en las del PSOE-A para reordenar sus agencias públicas. Y pone como ejemplo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, donde IU ha reducido de 107 a 26 los cargos directivos, lo que supone un 81% menos. La federación de izquierdas lamenta que las empresas públicas, en muchos casos, están al servicio de los partidos políticos en vez de ser instrumentos de servicio público.
El catedrático de Economía en la Universidad de Granada José Luis Sáez va mucho más allá que las críticas de IU y asegura que en la actual legislatura no se ha realizado por parte del Gobierno andaluz "nada relevante" en materia de reordenación del sector público empresarial de Andalucía. Sáez entiende que en un contexto económico como el actual, en el que la industria andaluza está sumida en una profunda crisis, el papel de la empresa pública es fundamental para dinamizar el sector. Considera que si el sector empresarial público estuviese gestionado de forma eficiente, quizás habríamos conseguido que el conjunto de la industria andaluza no hubiera registrado pérdidas en los últimos años.
Nueva orientación
El catedrático afirma que al gobierno andaluz se le ha escapado una gran ocasión para reorganizar el sector público empresarial en un periodo de crisis económica, como el actual. "Podría haber utilizado la política industrial para reequilibrar territorialmente el sector industrial. No debemos olvidar, que la industria andaluza se concentra en un número muy reducido de municipios, básicamente, en grandes ciudades.
Según el profesor del departamento de Teoría e Historia de la UMA, Joaquín Aurioles, el problema del tamaño del sector público andaluz hay que relativizarlo en dos sentidos: por un lado, porque el verdadero problema de la economía andaluza no es que el sector público sea excesivamente grande, sino que el privado es excesivamente pequeño; por otro, que se refuerza su condición estratégica debido a la dependencia que genera en el conjunto de la economía. "El problema del sector público en Andalucía no está tanto en el tamaño, como en la composición del gasto y en la eficiencia de su actividad, es decir, en el coste que supone para el contribuyente, en relación con su contribución al funcionamiento de la economía", resalta.
Habrá adelanto electoral en Andalucía
