
Los exconsejeros de Innovación Martín Soler y Antonio Ávila han declarado hoy ante la juez que investiga el "caso Bahía Competitiva" que ellos no sabían "nada" de cómo se concedieron las ayudas a la reindustrialización de Cádiz con las que un grupo de empresarios cometió un fraude de 25 millones de euros sobre un presupuesto global de subvenciones de 100 millones. Ambos exconsejeros están preimputados además en el caso de los ERE.
Felipe Meléndez, uno de los abogados personados en la causa, ha explicado que los hoy diputados por el PSOE en el Parlamento andaluz, que han declarado en calidad de testigos, han apuntado que el convenio que la agencia Idea, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ministerio de Industria firmaron para desarrollar y gestionar este plan de ayudas estatales "no era de entidad" suficiente como para que se informara de su desarrollo a los consejeros.
La que fuera delegada de esa consejería en Cádiz, Angelines Ortiz, y hoy directora de Economía Social de la Junta, está imputada en el caso y declaró en abril pasado. También está inculpada la actual gerente de Idea en Cádiz, Rosa Mellado.
La participación de la Agencia IDEA en el desarrollo de este convenio se gestionaba "básicamente a nivel provincial", a través de la Delegación de Innovación de la Junta en Cádiz, por lo que ellos "no estaban informados" de su desarrollo, según relataron los exconsejeros.
Martín Soler y Antonio Ávila han sido citados como testigos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por la titular del juzgado de Instrucción número 4, después de que el pasado 3 de octubre fuera citado para declarar también como testigo el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, antecesor en el cargo de Martín Soler, que ocupó la cartera entre 2009 y 2010, y de Antonio Ávila, que lo hizo entre 2010 y 2013.
En su comparecencia, Vallejo señaló que no tuvo "absolutamente nada que ver" con la distribución de estas ayudas, porque se produjeron "dos años después" de dejar de ser consejero. Vallejo era consejero de Innovación desde 2004, hoy es diputado autonómico por el PSOE y también está preimputado en el caso ERE.
Empresas conectadas
Fue citado como testigo, también a petición del fiscal, porque en 2008, en nombre del gobierno andaluz, firmó un convenio para la gestión del Plan Bahía Competitiva, en el que el Ministerio de Industria dispuso de cien millones de euros para ayudas a empresas que se instalaran en la Bahía de Cádiz, en un programa puesto en marcha tras el desmantelamiento de la planta de la multinacional Delphi en Puerto Real.
El convenio establecía que la Diputación de Cádiz, con la colaboración de la Agencia IDEA, se encargaría de evaluar las solicitudes de las empresas que aspiraban a estas subvenciones estatales.
La investigación sobre ese fraude se inició hace tres años cuando, tras una denuncia de la Junta, se detectó que un conglomerado de empresas conectadas entre sí y que habían recibido unos 25 millones de euros no habían puesto en pie los proyectos para los que recibieron las ayudas. La Junta asegura desde el inicio del caso que los 9 millones que le correspondía abonar al grupo de empresas que cometió el supuesto fraude no lo llegó a desembolsar al ser advertida de las sospechas, como sí hizo el ministerio de Industria con su parte.
Las pesquisas sobre el fraude ha llevado a la detención o imputación en distintas fases de más de 31 personas, entre ellas, y además de varios empresarios, cargos o técnicos del Ministerio de Industria, como el ex director general Jesús Candil, de la Diputación de Cádiz o la citada Angelines Ortiz.
Persecución
Las declaraciones de ambos exconsejeros en el juzgado de Cádiz ha deparado momentos de tensión, ya que un grupo de extrabajadores de la multinacional Delphi ha aguardado la llegada y la salida de los ex responsables de la Junta para abuchearles y recriminarles su situación, incluso la muerte de un compañero que, según dicen, ha fallecido recientemente en la indigencia.
Algunos de ellos incluso han perseguido a Martín Soler, que, para acabar con la situación, ha tenido que cruzar una avenida con intenso tráfico sin llegar a un paso de cebra.