Un propósito de la reforma es reducir el fraude, pero la forma de exigir los tributos también importa desde el punto de vista de la igualdad.
El pacto constitucional llevaba implícita una serie de pactos sectoriales entre los que indudablemente figuraba el pacto fiscal: la reforma fiscal y los cambios tributarios derivados de la incorporación a la Unión Europea supusieron una clara modernización de nuestro sistema tributario, que se simplificó y racionalizó, a la vez que se produjo un importante avance de la igualdad tributaria y de los ciudadanos ante el Fisco. De esto hace ya más de 30 años.
Ahora, la necesidad de una reforma tributaria es ya una opinión tan común que los proyectos de ley se tramitan en el Congreso. Para llegar a este punto, han coincidido muchas causas: la considerable merma de la confianza en una razonable igualdad en el reparto de los tributos y en el tratamiento que da el Fisco a todos los contribuyentes; los altos porcentajes de fraude fiscal de los que se habla; los casos de corrupción; el dinero negro plástico o en papel; las amnistías concedidas, etc. Sin olvidar que hay causas estructurales de la desigualdad originadas por la legislación autonómica e incluso, para dos autonomías, por la Constitución. Estas dos son inevitables, por ahora, pero aquellas hubieran podido evitarse con un Tribunal Constitucional más atento a que la Constitución prevé un solo sistema tributaria.
En todo caso, el propósito de la reforma en marcha es mejorar la situación, al menos, en el aspecto material. Pero la forma de exigir los tributos también tiene mucha importancia desde el punto de vista de la igualdad, porque hay quienes están totalmente controlados mientras que otros disfrutan de un margen de actuación mucho más amplio. No parece excesivo pedir la mayor equiparación posible entre la posición de salida de unos y otros, no a la baja, lógicamente, sino mejorando la forma de aplicación de los tributos para que nadie tenga un margen mucho mayor que otros. Así se lucha contra el fraude fiscal pero también contra otros fraudes y corruptelas.
Las fórmulas técnicas existen y se han aplicado en España. Por ejemplo, los ahora vigentes en Francia como elementos del tren de vida, que se conocieron en España como signos externos de riqueza; o las deducciones de la cuota del IRPF por el pago de determinadas facturas a empresas y profesionales, que ayudarían a reducir el dinero negro en circulación; o la mejora de la información que se obtiene de los registros, que permitiría obtener más datos sobre la titularidad de los bienes. Porque, al final, el dinero, como dijo Vespasiano a su hijo Tito, no huele, pero siempre reluce.