José Ignacio García, doctor en Economía por la universidad Complutense y profesor de Economía y Evaluación de Políticas en la universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es coautor de un duro informe del Observatorio Económico de Andalucía sobre las políticas activas de empleo (PAE) en la comunidad, cuyo fraude está siendo investigado por diversos jueces.
Hemos gastado en Andalucía en torno a 1.000-1.200 millones de euros al año en PAE entre 2007 y 2012. Y la tasa de paro está estancada en el entorno del 35%. ¿Hemos tirado el dinero?
Pues no lo podemos saber, porque no hay ninguna evaluación de impacto. Ni se ha analizado desde el punto de vista del coste-beneficio, ni desde el punto de vista del impacto, que supone tratar de averiguar qué hubiera pasado de no aplicar esa política concreta. Este último sistema es el más interesante para el decisor político. ¿Si no hubiéramos gastado esos mil millones, cuál sería hoy la tasa de paro? Podría aventurar que sería parecida, porque los resultados de la aplicación de las PAE en Europa indican que no resuelven los problemas de paro desde el punto de vista cuantitativo. Es difícil conseguir que la tasa de paro sea X puntos más baja invirtiendo mil millones de euros al año.
En Andalucía los jueces investigan a sindicatos, empresas privadas. El papel de la Junta como ente gestor está también en cuestión. Aunque el informe no entra en ello, como experto, ¿cómo se pueden evitar situación de supuesto fraude como las que están apareciendo?
Es sencillo: hay que mirar a otros sitios donde no ocurren estas cosas. Y allí, en esos otros países, todos los fondos se adjudican por concurrencia competitiva: esto es fundamental. Parece que la nueva ley de formación andaluza lo va a incluir, y lo celebro, aunque es algo de cajón. Además, no deberían de abonarse completamente los cursos mientras no se hayan evaluado a posteriori los resultados de empleabilidad que incluían. Así se hace en Finlandia, Holanda, Dinamarca, Alemania y otros sitios.
La nueva Ley de Formación de Andalucía se lanza ahora, tras más de un año largo del inicio de investigaciones judiciales. ¿Por qué crees que no se han implantado esos criterios antes? ¿Y qué otras cuestiones debería incluir esa ley?
Habrá que preguntar a los responsables políticos por qué, con el dineral que se han gasta no en los últimos años, sino en los últimos 20 años, se ha dado de esta manera. Y también habría que preguntarse por qué quien en último término otorgaba ese dinero, es decir, Europa, no se ha preocupado hasta hace relativamente poco de controlar cómo se estaba usando. Esto no es de recibo. Sobre la ley, espero que la asignación competitiva sea para todos los fondos, no que una parte se reparta atendiendo a otros criterios como acuerdo social u otros. Entonces estamos en las mismas. Hecho en falta que se incluya una evaluación a posteriori y, además, creo que la propia ley debería de partir de una evaluación previa de qué se ha estado haciendo. De qué resultados han tenido los en torno a 6.000 millones invertidos en los últimos cinco años. La Comisión Europea la está reclamando, así que la van a terminar haciendo.
En Andalucía, el órgano gestor de todos los tipos de ayudas para el empleo es en el que más corrupción hay: la consejería de Empleo. ¿Cómo de excepcional o no es esta situación en Europa? ¿Qué se está transmitiendo con ello?
Esta situación, en primer lugar, no es particular de Andalucía. En Alemania, la comisión Hartz que dio pie a todo el sistema de políticas activas de Empleo que se aplican desde antes de la crisis y le han permitido mantener su tasa de paro inalterable, se generó tras descubrirse a inicios de siglo una situación de graves corruptelas en la gestión de los fondos. Con responsables públicos de Empleo, sindicatos y empresarios involucrados: lo mismo que en Andalucía ahora. Lo que hicieron fue una comisión independiente, compuesta por presidentes de empresas, gestores de recursos humanos, junto con Gobierno o sindicatos. El libro verde que generó fue implementado punto por punto por el gobierno de Gerhard Schröder, y luego por el Ejecutivo de coalición con Angela Merkel. Está todo inventado: en Andalucía hay que ponerse en manos de gente experta que identifique dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Pero aquí siempre se hace lo mismo: si hay una comisión, un tercio la componen estos, otros los otros y otro los otros.
Pero crear una comisión así no es lo que parece que vaya a ocurrir...
En general en España, cuando hay que crear una comisión sobre empleo siempre se compone con los mismos, no sé en qué ley sagrada está escrito eso. Es decir, que las políticas de empleo sólo se pueden discutir con a, con b y con c. No digo que no se cuente con empresarios y sindicatos, pero no sólo con ellos, sino con expertos independientes también. Es decir, en función de su curriculum. Y también posiblemente tendríamos que recurrir a expertos internacionales.
Justamente en Andalucía se ha rechazado que el SAE colabore con empresas privadas en intermediación...
Esa es la medida de la reforma Hartz que más éxito ha tenido en Alemania. Lo dice el propio servicio alemán de Empleo. Las oficinas del Inem alemán ya no se dedican a gestionar subvenciones, algo burocrático que se puede hacer por internet, sino a sentarse con los demandantes de empleo para asesorarles periódicamente. En España se ha empezado a hacer de manera tímida, con unos 200 millones para dos años, lo que no da ni para 10.000 trabajadores, pero los objetivos son los mismos. Aquí cada empleado del servicio de empleo toca a 300 o 400 parados. Se necesita ayuda externa. De las otras comunidades que, como Andalucía, se descolgaron del acuerdo marco del Gobierno central, lo hicieron porque quieren ser ellas las que desarrollen esas colaboraciones externas. Así ocurre en Cataluña. En Andalucía no se participa, y no se hace nada. No lo entiendo, con un 35% de paro y sin alternativas, ya que los recortes han llevado a despedir a más de mil orientadores laborales en Andalucía. Algo de ideología hay. Lo que hay que hacer es hacer un convenio muy claro con las empresas externas para maximizar los resultados.
Denunciáis también en el estudio la absoluta falta de transparencia sobre las PAE. ¿Es diferencial esto en Andalucía?
En España, en general, es donde dentro de Europa hay menos estudios de impacto hay porque es donde menos acceso a los datos hay. Con excepciones honrosas, como Asturias, que pide a investigadores que analicen sus PAE desde hace años. También en Madrid. En España estamos empezando a recorrer este camino.
Apostáis igualmente por reformar el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Cómo?
Primero, poniendo a un gerente que entienda de recursos humanos. Segundo, dando incentivos a los trabajadores para que cumplan objetivos y librándoles de de las tareas burocráticas absurdas que les quitan tiempo. Este afán igualitarista que tenemos en Andalucía de que todo el mundo cobre lo mismo es antieconómico. En el mundo, desde que es mundo, los agentes económicos reaccionan ante los incentivos. Hay que trabajar sobre los salarios de los empleados del SAE, por ejemplo. En España en general tendremos que pensar si conviene tener una sociedad algo menos igualitaria, pero más eficiente.
También habláis de que hace falta generar demanda de empleo.
El drama de Andalucía es ese. Nuestra tasa de paro del 35% se compone de una tasa de paro de los jóvenes universitarios de menos del 20%, tras siete años de crisis, de una tasa del 35% para quienes tienen estudios medios, y del 50% para quienes no tienen estudios. Y la solución del paro en Andalucía no es el autoempleo, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. En el informe decimos que hay que destinar los recursos a incentivar la creación de empresas donde más posibilidades de éxito haya. Porque el problema del paro en Andalucía no se soluciona sólo con políticas de oferta, sino también de demanda. De generación de proyectos empresariales y, a ser posible, grandes. La obsesión que tenemos por las pymes es un mantra: el empleo lo generan las empresas de más de 10 trabajadores. Esas son las empresas que necesitamos en Andalucía, de más de 10 trabajadores, ni siquiera de 50 o 100.
¿Cómo va Andalucía a evaluar las PAE si ni siquiera ha podido terminar de revisar los expedientes de las subvenciones y ha tenido que exonerar de esa revisión para poder seguir adjudicando?
Yo me refiero más bien a una evaluación de impacto, como decía antes, no contable que por supuesto tiene que hacerse. En Andalucía detecto que hay interés en hacerla, pero el barullo está llevando al político a solucionar esto en primer lugar. Pero creo que se puede hacer esa evaluación en paralelo. Primero, por exigencia moral. Y, segundo, porque en el nuevo marco comunitario va a haber menos fondos y van a estar muchos más controlados. Habrá que hacer una selección aleatoria, como en Asturias o Madrid, y sacar conclusiones por parte de expertos cualificados.
Sin una buena evaluación cualitativa, ¿cómo se va a hacer una nueva ley de Formación?
Eso mismo pienso yo. Pero creo que en la mente del político está hacer una buena ley. Y no sólo de los políticos andaluces. Porque el problema de los cursos de formación en Andalucía es también un problema del Gobierno de Madrid. Porque es el que va a pedir ese dinero a Bruselas para luego enviarlo aquí y luego tendrá que devolver o no los cientos de millones que se hayan empleado mal. Si ahora nos exigen devolver desde Bruselas que devolvamos lo que la propia Junta está reclamando a los entes que presuntamente han hecho las cosas mal, ¿qué hacemos? ¿De dónde lo sacas? Tendrás que cerrar una planta de un hospital porque en la sede de la Junta no hay máquinas de hacer dinero. Esto es lo que hace que la revisión de los expedientes y la identificación del posible fraude sea ahora el problema número 1 del político.
Pero el anuncio de una nueva ley se ha hecho muy rápido, en medio del escándalo...
Espero que en el trámite parlamentario se pueda mejorar con la colaboración de expertos. Y, una vez más, que los expertos no sean los de siempre. Nosotros hemos enviado este documento a la Junta andaluza, a todos los que deben tenerlo, desde la presidencia de la Junta al resto de agentes sociales. Si sirve para hacer las cosas mejor, estupendo.
Del contenido de vuestro informe se deduce, por todo ello, que el problema de las PAE no es de recursos...
En absoluto. Quizá incluso hay un problema de exceso de recursos. Estamos en un 0,8% del PIB destinado a estas políticas, frente al 0,6% de media en países desarrollados del norte de Europa. Es un problema de cómo distribuirlos, porque hay estudios que dicen claramente qué es más efectivo: la intermediación laboral. En Holanda, Dinamarca o Finlandia gastan más de la mitad de sus recursos en esta intermediación. Aquí lo hacemos al revés: casi nada en intermediación, con 6 millones de parados, y casi todo en formación y en subvencionar a empresarios para que creen empleo. Nuestras investigaciones demuestran que estas subvenciones sólo sirven para alimentar a los empresarios que más despiden. Son cuatro mil millones al año en esas subvenciones.
Formación sin justificar