La Junta de Andalucía concede el dictamen favorable a la Autorización Ambiental Unificada (AAU), aunque aumenta hasta 300 las exigencias ambientales que debe cumplir la explotación una vez reabierta. Estos mayores condicionantes empujan a Emed a dar a entrada en el proyecto a algún gran grupo minero: Glencore es el mejor poscionado tras la inminente incorporación de su exconsejero delegado, Issac Querub, como nuevo CEO de la empresa.
Tras siete años de trámites, compromisos logrados con financiadores internacionales para respaldar la reapertura (como Goldman Sachs, Red Kite o XGC), cambios en la cúpula directiva y altibajos en las relaciona con la Junta, la multinacional chipriota cotizada en Londres ultima por fin la puesta en funcionamiento del yacimiento onubense. Se estima que la puesta en producción creará unos 800 empleos, la mitad directos y el resto de subcontratas. La inversión asociada a esta reapertura -la mina lleva clausurada desde 2001- será de 180 millones, que se suman a los 80 desembolsados hasta ahora por Emed.
Tras este dictamen favorable recibido hoy por la empresa, se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones, tras el cual la AAU será ya definitiva. La importancia clave de este trámite deriva de que con él se está autorizando, indirectamente, buena parte del proyecto industrial minero. La aprobación de este proyecto minero como tal por parte de la Junta derivará en la concesión de los derechos mineros, en manos de la administración, a la empresa: es el último trámite de peso que resta para volver a operar.
Emed está además a punto de incorporar como consejero delegado a Isaac Querub, como adelantó Abc. Querub sustituiría al australiano Rod Halliday como CEO de Emed Mining. Halliday ejerce actualmente de consejero delegado la matriz y la filial española Emed Tartessus, que es quien promueve la reapertura. La llegada de Querub ha estado dirigida por José Sierra, presidente de Emed Tartessus que se incorporó a finales de 2013.
Querub, exconsejero delegado del gigante minero Glencore y exsocio de su fundador, Marc Rich, es además presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Su incorporación permitiría atraer nuevos socios capitalistas -como Glencore, que ya explora otro posible yacimiento en Huelva junto a la británica Cambridge Minerals- que permitieran cumplir las nuevas exigencias ambientales. Y, también, despejar del todo las reticencias de la Junta sobre la capacidad financiera del grupo para acometer la explotación de Riotinto -que tiene 1.300 hectáreas, incluidas las balsas mineras- con garantías.
Condiciones
Con esas trescientas cláusulas de obligado cumplimento se trata de evitar, prevenir y minimizar los impactos ambientales, en especial, los relativos a la gestión del agua y los vertidos a los ríos Tinto y Odiel, la gestión de las escombreras y presas; la afección a la flora y la fauna; la contaminación atmosférica y acústica; así como las cautelas en materia de patrimonio cultural.
En dicho informe se prohíben, asimismo, todos los vertidos sin depurar al río Tinto, para lo cual todos los efluentes deberán dirigirse a una estación depuradora, y sólo se permitirá el vertido de esta planta si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente.
La contaminación difusa, procedente de las antiguas escombreras, tendrá que ir reduciéndose progresivamente de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de diez años, la carga contaminante que actualmente llega al río Odiel se reduzca en un cien por cien.
En el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se establece también la obligación de restaurar todas las escombreras incluidas en el ámbito de la concesión minera, e incluso las procedentes de explotaciones antiguas que no van a ser objeto de aprovechamiento. Esta remodelación se realizará a la vez que se desarrolla la explotación minera y no al final de la misma.
Con esta medida se pretende garantizar que una vez rehabilitadas, se minimice la producción de aguas ácidas como consecuencia de la lluvia y se proceda a una total integración en el paisaje.
Dicho dictamen incorpora además el Plan de Vigilancia y Control de los distintos valores ambientales, tanto en las fases de obras como de explotación, de cierre y clausura, al menos durante 30 años, así como la figura del técnico ambiental residente por parte del promotor, con objeto de disponer de un organismo externo, independiente y acreditado, que garantice el cumplimiento y control de los condicionantes ambientales establecidos en las autorizaciones, legislación o reglamentación al respecto.
Emed nombra presidente a José Sierra para despejar la reapertura de Riotinto
