La juez Mercedes Alaya, instructora de la macrocausa de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha imputado al empresario José María Ruiz-Mateos, fundador de Nueva Rumasa, y a su hijo Zoilo por su papel en cinco expedientes de regulación de empleo en otras tantas empresas de ese grupo empresarial en las que contaron con la colaboración de Juan Lanzas.
Este exsindicalista de UGT, y principal conseguidor de ERE ante la Junta, habría cobrado 600.000 euros en negro de Nueva Rumasa por cada uno de ellos según las averiguaciones de la Guardia Civil. Y, según señala la juez en un auto del pasado viernes, los Ruiz-Mateos y él se sirvieron del tráfico de influencias para conseguir que el Gobierno andaluz financiara esos despidos con dinero público. Con estas dos personas, ya hay 143 imputados en este sumario.
La magistrada, que también ha imputado a otros dos hijos del empresario en la misma causa, llama a declarar a Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo el próximo 5 de marzo. Esta imputación formal sigue a las declaraciones de otros acusados que señalaban al patriarca del clan Ruiz-Mateos y a varios de sus hijos como conocedores y participantes en las irregularidades de los ERE que acometieron en sus empresas Dhul, Garvey, Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos y Hotel Cervantes.
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Precisamente en el ERE de esta última empresa, ubicada en Torremolinos, se introdujeron dos intrusos procedentes de otras empresas del grupo de Ruiz-Mateos que se habían vendido. El director de la división hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda, declaró como imputado el pasado mes de enero, así como Javier y Pablo Ruiz-Mateos. Fueron estos dos últimos quienes indicaron claramente que todas las decisiones, como las de esos ERE, se tomaban con el conocimiento y aprobación de su padre y de su hermano Zoilo. Miranda, por su parte, señaló que Juan Lanzas veraneaba gratuitamente en el hotel por orden de José María Ruiz-Mateos.
La rama de los Ruiz-Mateos es especialmente relevante dentro de las decenas de ERE en los que se introdujeron casi 80 intrusos y que investiga Alaya desde hace más de tres años. Y ello porque el patriarca de la familia, acompañado de su hijo Zoilo y de Lanzas, tuvo varias reuniones con el exconsejero de Presidencia y número 2 de la Junta hasta 2009, Gaspar Zarrías, para tratar de ayudas a empresas de Nueva Rumasa para instalarse en Jaén (tierra natal de Zarrías). Dhul, con concreto, recibió 8,6 millones.
En paralelo, y en otro auto del pasado día 4, Alaya ha impuesto una fianza de 593.306 euros a Juan Antonio Caravaca, exsecretario de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla. El sindicato es responsable civil subsidiario de esa cantidad. Caravaca comparte esa fianza con Enrique Jiménez, exsecretario de la misma federación pero a escala andaluza. Ambos colaboraron para introducir dos intrusos en el ERE de la sevillana Calderinox.
Y, en relación con el papel de los sindicatos UGT y CCOO en la trama fraudulenta, la juez ha aceptado la petición de Anticorrupción de solicitar todas las cuentas auditadas, informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social desde 2001 de todas las federaciones y empresas sindicales que cobraron hasta 7,6 millones por su papel en los ERE, según la Guardia Civil.
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