Andalucía

Una Cámara de Cuentas bien mirada

  • Convendría actualizar la Ley de Hacienda Pública y el Plan de Contabilidad.

¿Por qué no le damos a la cámara los medios económicos para duplicar en tres o cuatro años su número de auditores y técnicos?

Un viejo amigo portuense (de El Puerto de Santa María) dice con tanta sorna como insistencia que las cosas bien miradas es como mejor se ven. La frase me viene a la cabeza al leer que la nueva presidenta de la Junta de Andalucía se propone "reforzar" la Cámara de Cuentas, después de haber leído que la presidenta de Castilla-La Mancha, en cambio, se propone eliminar en noviembre la Sindicatura de Cuentas de la comunidad autónoma que dirige.

No nos vamos a ocupar de cómo es el marco que permite propósitos tan dispares, sobre todo porque el Estatuto de Autonomía, que regula la Cámara de Cuentas como una institución autonómica, le achica los espacios a la presidenta de Andalucía, quien tanto podría dejarla como está o "reforzarla".

Años ha, Sánchez Ferlosio decía que no hace ninguna falta tocar las castañuelas, pero, si hay que tocarlas, más vale tocarlas bien que tocarlas mal. Aplicando el dicho a la Cámara ¿para qué le vamos a dar más competencias si no le damos más presupuesto? Las soluciones por la vía penal y las sanciones atacan conductas concretas e individualizadas, aparte de que se atienen siempre a los mínimos exigibles, permiten excluir lo peor, pero no marcan el camino de lo bueno y deseable. ¿Por qué no le damos a la Cámara los medios para que en tres o cuatro años -estas cosas no se improvisan- duplique el número de sus auditores y técnicos, estén convenientemente incentivados y miren bien todo lo que tuvieren que ver?

Pero a nadie se le oculta que no se podría tener una joya tan maravillosa en el serrín de la feria: poco va a hacer la Cámara si no tiene el instrumental técnico que necesita. La Ley General de Hacienda Pública de Andalucía procede de un texto de 1983. Sería conveniente echarle una miradita y reducir las facultades del Consejo de Gobierno para modificar los presupuestos aprobados en el Parlamento, de modo que se tenga mayor seguridad de que lo aprobado por la representación popular es lo que efectivamente se ejecuta y liquida.

Por cierto, que todos los ciudadanos se sentirían más representados en los presupuestos si se exigieran mayorías más amplias para aprobar las grandes decisiones de gasto, como en los países más avanzados, así se les permitiría a todos apoyar más consciente y concienzudamente tantos afanes redistributivos como -velis nolis- cunden por nuestra tierra.

Mirando bien aquella ley, también se ve que allí está regulada la Intervención. Quién no aprovecharía la ocasión para regular un cuerpo de interventores como el del Estado y, ya puestos, para separar su estructura y funciones como órganos de gestión de la contabilidad pública de las que tienen como auditores internos. De paso, como la Administración del Estado tiene desde 2010 un nuevo Plan General de Contabilidad Pública, podríamos actualizar el de Andalucía, que es de finales del siglo pasado, y así se rendirían a la Cámara unas cuentas más completas, con todos los documentos e informes que haya originado la ejecución del presupuesto.

Se ve igualmente que en la Ley de Hacienda están todavía reguladas las subvenciones. Otras comunidades autónomas, siguiendo la ley del Estado de 2003, ya han promulgado las correspondientes leyes de subvenciones. Igual se puede aprovechar el momento para implantar sin excepciones el procedimiento de concurrencia competitiva para su concesión y perfilar el de reintegro en una ley nueva y distinta de la de Hacienda.

Al final, es cuestión de mirar bien sólo unas cuantas cosas, lo que podría llevar a ver mejor otras muchas, aligerando así a la pobre transparencia, tan urgida en los últimos tiempos. A pesar de que, en el anteproyecto de su ley andaluza, no queda clara la posición de los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y, ni siquiera la del propio Parlamento de Andalucía. Si bien es cierto que éste, como dice el Estatuto en un alarde de claridad, "posee plenas facultades para la modificación, ejecución, liquidación y control" de su presupuesto.

No seremos pocos los que, mirando bien a la presidenta de la Junta ir haciendo alguna de estas cosas en los próximos años, la veremos estupendamente.

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