El caso Malaya, cuya sentencia se conocerá el próximo 4 de octubre, dará paso a la macrocausa de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. La trama de corrupción política y urbanística más importante destapada en la Costa del Sol se queda pequeña comparada con el caso que investiga la juez Mercedes Alaya, en el que están imputados más de un centenar de personas por el mayor caso de corrupción de la historia andaluza y que tiene contra las cuerdas a la Junta.
El presidente del tribunal, José Godino, junto a sus compañeros Rafael Linares y Caballero Bonald, será el encargado de leer el fallo tras dos años de juicio y 14 meses de deliberaciones. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga afecta a 94 personas, entre los que se encuentran el ex gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, encarcelado desde el 29 de marzo de 2006; la exalcaldesa Marisol Yagüe; el exregidor Julián Muñoz (también en prisión); la exteniente alcalde, Isabel García Marcos; o los empresarios Carlos Sánchez; Andrés Lietor; Rafael Gómez -Sandokán-; Manuel Lores; Javier Arteche; Fidel San Román; Jesús Ruiz; Jenaro Briales; Tomás Olivo; José María González de Caldas; José Ávila Rojas, Carlos Llorca, Enrique Ventero o Máximo Filippa.
La Fiscalía pide 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Roca como responsable de una organización criminal que impulsó un urbanismo a la carta en Marbella. Los empresarios acusados pagaban sobornos a cambio de resoluciones urbanísticas favorables. Y Roca camuflaba el dinero mediante una red societaria conformada por numerosos testaferros.
Durante el proceso ha fallecido el galerista francés Jean Fournet y se fugó el ex edil del GIL, Javier Lendínez. También desapareció de España el exconcejal andalucista Carlos Fernández cuando realizaba el camino de Santiago. Lo triste es que aunque haya sentencia, el dinero robado -más de 500 millones- sigue en paradero desconocido. ¿Se podrá recuperar el dinero de los ERE?
Benítez nuevo pulmón verde
