Los socialistas quieren unir en un ente no bancario los infrautilizados instrumentos de apoyo a pymes existentes.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, en la Cuenta General de 2011 que fiscaliza la labor de la Junta ese año, dejó clara la infrautilización de los instrumentos financieros de apoyo a las empresas -sobre todo, pymes- que gestiona el Gobierno regional a través de diversos fondos. De los 704 millones con que fueron dotados los nueve que han tenido actividad entre 2009 y cierre de 2011 sólo se utilizaron 166,6 millones (el 23,7 por ciento). Justo en los años en los que la sequía crediticia era igual o más acusada que en la actualidad.
En paralelo, hace justo un año el pacto de Gobierno de PSOE e IU recogía, en uno de sus escasos apartados dedicados a la actividad económica, la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz. El objetivo declarado del mismo es aliviar la restricción crediticia. Sin embargo, a la hora de definir cómo poner en marcha este instrumento se han generado fricciones entre los socios de Gobierno. Un grupo de trabajo en el Parlamento, por el que están pasando expertos, trata de acercar posturas aunque de momento sigue sin hallarse un punto medio. ¿Qué defiende cada cual?
Divergencia
La coalición de izquierdas quiere un banco público, con su correspondiente ficha bancaria, capacidad de captar depósitos y supervisión por el Banco de España. La mayoría del PSOE, sin embargo, prefiere un ICO andaluz que sería más sencillo de poner en marcha legalmente, más barato al aprovechar personal público ya en nómina de la Junta y cumpliría el sentido del pacto de Gobierno. El PP andaluz, por su parte, pide aprovechar la creación de este ente, al que no se opone en principio, para dar transparencia y dotar de mayor profesionalidad a la gestión de los fondos públicos para el apoyo empresarial. Y se pregunta qué concesión harán los socialistas a sus socios para que desistan de crear un banco, como parece que ocurrirá.
El documento programático firmado por ambos partidos avanzaba que este nuevo ente "coordinará la intervención en la actividad productiva de Andalucía en materia de fondos reembolsables [...] para préstamos, préstamos participativos, entradas en el capital o avales". Incluso cifra el volumen de esos fondos reembolsables -que proceden en gran medida de fondos UE- en 1.500 millones anuales.
Además, avanza que ese ICO andaluz contribuirá a "la minoración de las necesidades de liquidez mediante un sistema de compensación de deuda entre pymes" y fomentará la prestación de avales entre pymes "mediante un sistema reforzado de garantías recíprocas para facilitar el acceso a determinada financiación". Es decir, nada de banco público.
Ignacio Contreras, presidente de la sección andaluza del Instituto Español de Analistas Financieros, es uno de los expertos que ha pasado por el grupo de trabajo, junto al expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, Julio Rodríguez. "No lo veo para nada, no tendría sentido y afrontaría las mismas restricciones que el resto de la banca o más", asegura Contreras respecto a la propuesta de IU. "Los ejemplos de injerencia política en las cajas están ahí, no creo que debamos incidir por ese camino", añade.
Financiación no bancaria
Apunta además que el MoU por el que España ha recibido 40.000 millones para sanear su sistema financiero "plantea precisamente la necesidad de abrir vías de financiación empresarial no banacarias". "Si hacemos una revisión crítica de los instrumentos que ya hay, profesionalizando los equipos de gestión de los fondos reembolsables y siendo más proactivos que ahora para buscar a las empresas, el nuevo ente puede ser una buena oportunidad", resume.
Manuel Ángel Martín, de la Escuela Andaluza de Economía (integrada en la patronal andaluza CEA), pide que ese ente "no cueste nada a los contribuyentes andaluces" y que no se cree "algo que ya está creado porque organismos similares sobran en Andalucía". Enlaza esta idea con otra lanzada por el PP andaluz, que recuerda la existencia del Instituto Andaluz de Finanzas desde 1999, al que no se ha dado apenas uso. Martín también pide sacar conclusiones de las "públicas cajas de ahorro" que existían en Andalucía y de lo ocurrido con la banca pública en España a la hora de afrontar este debate.
Ejemplos en Madrid, Cataluña o Euskadi
Las cuatro sesiones celebradas hasta ahora del grupo de trabajo parlamentario en torno al Instituto (o banco) de Crédito Andaluz han visto a pasar a expertos de renombre. Julio Ruiz, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, apostó por una entidad con su ficha bancaria, centrada en pymes y orientada a financiar al sector agroalimentario y las VPO (viviendas de protección oficial) para alquiler, entre otros sectores. Ruiz señaló que, vista la evolución de la crisis y las medidas tomadas en EEUU o Japón, "es momento de dejar de lado la ortodoxia".
Opuesto a la creación de un banco se mostró Gumersindo Ruiz, asesor de presidencia en Unicaja, que aseguró que para poder tomar medidas a corto plazo, un instituto público es mucho más ágil y rápido de crear. Puso como ejemplo de ente público que tiene perfectamente regulado y ordenado su papel el Instituto Vasco de Finanzas. Por su parte, Ignacio Contreras, presidente en Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros, explica a elEconomista que ejemplos de entes que están trabajando de forma eficaz en apoyo de las pymes desde el punto de vista financiero pueden ser Madrid Network, dedicado al fomento general de la actividad empresarial; o el Instituto Catalán de Finanzas.
A la hora de poner en marcha un banco con su ficha, en las sesiones de la comisión se han planteado dos posibilidades claras: aprovechar la ficha del Banco Europeo de Finanzas, propiedad de Unicaja y que sirvió para poner en marcha el hoy paralizado banco de las cajas andaluzas. O bien usar la ficha bancaria en desuso de Cajasol, que está en manos de la Fundación Cajasol. Ambas fichas se le han ofrecido a la Junta de Andalucía por si finalmente se decide por crear un banco público.
También se ha planteado la opción, tanto por parte de los grupos políticos como por algunos expertos, de aprovechar parte de los 60.000 millones de dinero europeo no utilizados por España en el rescate bancario para capitalizar la nueva entidad. Tras esa aportación inicial -cuyo origen está aún por determinar-, y en caso de que fuera banco, captaría recursos en el mercado mayorista según coinciden en recomendar los expertos.
