El marido de la consejera cobró 400.000 euros a un consistorio del PSOE por labores urbanísticas El alcalde socialista en esa época (2004-2008) está condenado por delitos contra el territorio.
El PP andaluz disparó ayer con munición de calibre grueso contra Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y una de las dos manos derechas del presidente José Antonio Griñán junto al consejero de Economía, Antonio Ávila, en el gobierno de la Junta. Aportando documentación de pagos e informes del interventor del ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), la formación acusó al marido de la consejera, Manuel Caramé, de haber cobrado 41.000 euros entre 2004 y 2008 mediante pagarés mensuales pese a no constar en el consistorio "ni un sólo informe, documento o escrito" firmado por él, según el alcalde popular del municipio, Domingo Delgado.
Las labores supuestamente prestadas por el cónyuge de Aguayo estaban relacionadas con el asesoramiento urbanístico de Burguillos en una época en la que el pueblo, de 6.500 habitantes y gobernado por el PSOE durante 16 años hasta 2011, vivía en pleno boom. Delgado añadió que Caramé no tenía además la titulación necesaria para firmar proyectos urbanísticos.
Martínez Aguayo criticó ayer la estrategia de "difamación" del PP-A contra su familia, negó que su marido haya cobrado sin trabajar "para este y otros ayuntamientos" con los que ha tenido relación, y señaló que sí tiene la titulación adecuada, la de "asesor urbanístico autorizado" para ejercer esas labores.
Junto a esas acusaciones de irregularidades, Delgado desveló además en la sede del partido en Sevilla que una empresa propiedad al cien por cien de Caramé y de la que es administrador único -según el registro mercantil- facturó otros 358.000 euros al ayuntamiento por la redacción de proyectos urbanísticos "sin que mediara concurso alguno o petición de ofertas a otras empresas". Los siete proyectos facturados desde que la empresa se creó en 2006 corresponden a iniciativas privadas que el ayuntamiento costeó y luego no reclamó a los promotores, criticó el alcalde.
Un informe encargado al interventor municipal de Burguillos sobre estas actuaciones irregulares señala con claridad que la contratación de un asesor de urbanismo externo a la plantilla municipal era ilegal, "ya que son funciones que serían idóneas para un funcionario público por la independencia que conlleva el asesoramiento. Por otra parte, debió de realizarse un procedimiento de contratación, al ser un contrato de servicios que supera el umbral del contrato menor [18.000 euros, frente a los 41.000 reconocidos a Caramé] y por último, conjuntamente con el contrato de servicios se tuvo que aprobar por el Pleno de la corporación la autorización y la disposición del gasto presupuestario los años en los que discurriera el servicio". El interventor señala además que, en caso de que el ayuntamiento hubiera detectado insuficiencia de personal cualificado en materia urbanística debería de haber requerido los servicios de la Diputación de Sevilla, o bien dotar las plazas públicas oportunas de funcionario.
Caso ERE
El exalcalde en la época en que se produjo la relación entre Caramé y el ayuntamiento, el socialista José Juan López, fue condenado en 2009 a ocho años de inhabilitación por delitos urbanísticos. Y afronta actualmente otros juicios similares.
Los populares apuntan además a la consejera que está actualmente en la picota por el caso ERE, ya que reconoció haber recibido los informes de la Intervención General que alertaban de irregularidades en la gestión del dinero para los ERE y no se los entregó a su entonces jefe (entre 2004 y 2009), Griñán. Aguayo ha señalado además recientemente a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández -en libertad bajo fianza- y José Antonio Viera -diputado en el Congreso- como responsables políticos del mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía.
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha apuntado además que un miembro del actual Gobierno -en una velada referencia a Aguayo- podría ser imputado por la juez Alaya que investiga el caso. Fuentes jurídicas cercanas al PSOE dan por hecha esa imputación.
