La ministra Fátima Báñez critica que el Gobierno andaluz solicite planes especiales de empleo mientras mantiene sin justificar millonarias ayudas para el Plan Bahía de Cádiz. La Cámara de Cuentas denuncia que la Junta incumple la ley en todas sus subvenciones al Empleo.
Enésimo, y gravísimo, varapalo por parte de la Cámara de Cuentas a la gestión que la Junta de Andalucía hace de los fondos públicos. En esta ocasión en la consejería de Empleo, foco de corrupción donde se gestó el macrofraude de los ERE, donde la Guardia Civil investiga la falta de control en las ayudas al empleo subvencionadas con fondos europeos que ha provocado otro fraude, o donde un juez tiene imputada a una exdirectora general por entregar dinero a sindicatos que luego se gastó en charangas y pancartas. La Cámara ha detectado que todas las ayudas de fomento al empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en 2009 - que ascendieron a 420,6 millones de euros- se otorgaron sin transparencia, igualdad ni objetividad ya que no utilizaron el método de concurrencia como dicta la Ley General de Subvenciones.
En este clima, la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, lanzó una dura crítica a la Junta de Andalucía al exigirle que le justifique 23,4 millones de euros gastados para fomentar el empleo en la Bahía de Cádiz antes de exigir cualquier nuevo plan especial de empleo para Andalucía. Báñez ha desvelado que se han hecho numerosos requerimientos a la Junta para que justifique el empleo de esos fondos y que el Ejecutivo regional tiene previsto enviar esa información antes del 15 de noviembre. "Si no lo hace, tendremos que solicitar el reintegro de ese dinero como dicta la ley", ha concluido la ministra.
Caos en Empleo
Por su parte, el órgano fiscalizador dependiente del Parlamento andaluz resalta también que la consejería de Empleo se negó a aportar el expediente de una ayuda de 1,9 millones concedida a UGT en 2009, "lo que ha imposibilitado revisar su adecuada justificación y liquidación", según el organismo. También trasluce del informe de la Cámara el caos de gestión que impera en la consejería de Empleo, donde a final de 2011 sólo se había culminado la tramitación del 7,5 por ciento de las subvenciones concedidas durante 2009.
De hecho, la Cámara ha constatado el retraso de más de dos años en la contestación por parte de la consejería a las solicitudes de ayudas en nueve de las diez líneas de trabajo abiertas, todas menos la de empleabilidad. Por último, el documento critica también que el SAE no ha implantado ninguna de las recomendaciones de mejora sobre las deficiencias detectadas en un informe sobre el año 2004.
Literalmente, el documento señala: "Todas las ayudas analizadas siguen contabilizándose en el capítulo VII Transferencias de capital del presupuesto de gastos del SAE [en lugar de como gastos corrientes, que es lo que la Cámara recomendó y sigue recomendando hacer]; continúan produciéndose descuadres entre las liquidaciones mensuales y el resumen anual del IRPF; se han detectado diferencias, al igual que en 2004, entre la plantilla presupuestaria y la plantilla real; y se siguen detectando deficiencias similares en los expedientes de ayudas concedidas en 2009".
"Adicionalmente, de la revisión de los expedientes que no habían finalizado su tramitación a la terminación de los trabajos de campo del informe anterior, se han puesto de manifiesto: incumplimientos de plazos de presentación de la justificación que alcanzan retrasos de más de cuatro años, gastos de periodos o naturaleza no elegibles, retrasos en el inicio de la actividad, ausencia de toda la documentación justificativa, errores y retrasos en la contabilización de las ayudas, y no constancia de los informes de inserción laboral en los proyectos".
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