La consejera de Hacienda y AAPP, Carmen Martínez Aguayo, señala que 1.500 de los 2.115 millones de la primera entrega de fondos del Estado servirán para pagar a proveedores.
La solicitud formal de la Junta de Andalucía de 4.906 millones al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) tendrá consecuencias inmediatas sobre el sector público andaluz en 2013. La consejera de Hacienda y AAPP, Carmen Martínez Aguayo, recalcó que la única condición que exige el gobierno central para acogerse al fondo es el cumplimiento del plan de reequilibrio financiero aprobado por la Junta en junio, incluido el cumplimiento del objetivo de déficit -"confío en que podamos cumplirlo" sin acometer nuevos ajustes, según Aguayo- y el de la reestructuración del sector público que incluye ese documento. Y aquí es donde vienen curvas.
La consejera se escudó en que esa reordenación ya la había iniciado la Junta con la aprobación de una ley en 2010 que suponía eliminar decenas de organismos y agencias, prescindir de 118 puestos directivos y ahorrar 118 millones en tres años. Una reforma que ha sido durísimamente criticada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya que supone la inclusión en la administración general de la Junta como empleados públicos de 20.000 laborales que pertenecen a la plantilla de empresas públicas y que han entrado en ellas sin pruebas de selección. Sólo por ser del PSOE, UGT o CCOO o familiares de miembros de estos partidos y sindicatos. Los llamados "enchufados".
Aguayo señaló que esa reordenación se culminará a 31 de diciembre de este año, dando cumplimiento a lo que recoge el plan de reequilibrio. ¿Termina con ello la remodelación del sector público de la Junta? No, debido a que los presupuestos autonómicos para el próximo año serán difíciles -pese a que el Gobierno central ha permitido a la Junta elevar el tope de endeudamiento al 15 por ciento del PIB desde el 13 aprobado en julio por el CPFF-. "La consejería de Hacienda determinará el marco financiero general y las empresas públicas tendrán que decidir cómo adaptarse a él".
Y citó expresamente la fórmula de reducir jornada y sueldo para evitar la destrucción de empleo, máxima que la Junta ha seguido frente a todas las medidas de recorte de gastos acometidas por el Ejecutivo central. La Junta emplea a algo más de 260.000 personas, tras reducir el número de profesores en 4.500 a comienzos de curso.
El gobierno de PSOE e IU ya lanzó antes de verano un globo sonda: que se estudia un plan para reducir un cincuenta por ciento la jornada laboral de miles de empleados públicos, al tiempo que se les rebaja un 40 por ciento la nómina. No se ha vuelto a saber nada de él oficialmente.
Aguayo ni confirmó ni desmintió que vaya a haber EREs -"No puedo contestar por otros centros administrativos que no son de mi competencia", señaló- y eludió contestar sobre un ejemplo concreto planteado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno: qué pasa con el millar de empleados de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía que prácticamente no tienen trabajo. Aguayo aludió vagamente a que podrían asumir nuevas funciones en las oficinas antideshaucios que la consejería de Fomento, que controla IU, ha empezado a poner en marcha.
Pagos a proveedores
Con respecto al FLA, Aguayo confirmó que el ministerio de Hacienda ha decidido inicialmente conceder a Andalucía 2.115 millones sobre los 4.906 solicitados, de los que 600 serán para pagar deuda (bonos patrióticos) y el resto para "el normal funcionamiento de la Junta", incluyendo específicamente el pago a proveedores. La consejera se mostró de acuerdo con este importe inicial, pero reiteró que aspira a más.
Sobre el cumplimiento del objetivo del 1,5 de déficit para este año -hasta junio era ya del 1,2 por ciento-, Aguayo confió en cumplirlo pese a descartar que en 2012 vayan a llegar los 350 millones de euros por la operación de venta y alquiler de sedes de la Junta (pese a que esa cifra representa un tercio del objetivo inicial planteado en 2011). En contrapartida, recordó que el Tribunal Supremo ha reconocido a Andalucía en dos sentencias firmes que el Estado debe de abonarle 274 millones más intereses, lo que compensaría la no llegada de esos ingresos por la operación inmobiliaria.
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