La Junta concreta y endurece el plan de reequilibrio aprobado en junio pasado, elevando el porcentaje de ahorro en alquileres y de recorte de la flota de vehículos.
La Junta de Andalucía ha concretado, y endurecido, algunas medidas del plan de reequilibrio financiero aprobado en junio. Y ello tras la reunión técnica mantenida la semana pasada por videoconferencia con la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que pidió al Ejecutivo andaluz precisiones sobre cómo se estaba aplicando dicho ajuste, de casi 3.800 millones.
El Gobierno de PSOE-IU aprobó ayer varias medidas, entre las que destaca la limitación de los salarios de todos los altos cargos de las decenas de entes, agencias y empresas públicas de la comunidad. Ninguno cobrará más que un viceconsejero de la Junta, es decir, 59.500 euros brutos (a ello se añadiría únicamente el plus de antigüedad, en su caso). El presidente de la Junta (que cobra 65.500 euros) y sus viceconsejeros se han reducido el sueldo un 20 por ciento desde 2010. Con esa limitación, que entrará en vigor como muy tarde en enero de 2013, se ahorrarán 2,7 millones anuales en sueldos.
Sobresale en este sentido el salario de 140.000 euros del director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que se reducirá un 60 por ciento. A él se suman otros como el del director general del hospital de Poniente (93.000 euros) o el del director del Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (81.700).
Además, se endurece la reducción de la flota de vehículos oficiales en uso desde 200 hoy hasta una horquilla de entre 30 y 40 (es decir, un 80 por ciento). La reducción anunciada inicialmente era del 50 por ciento. La Junta dejará de usar los coches, pero no los venderá al entender que no tienen valor, y ahorrará unos tres millones. También crece el objetivo de ahorro en alquileres, que pasa a ser del 25 por ciento del coste, no del 15 por ciento apuntado en junio.
Con respecto al crédito que negocia la Junta con varios bancos por 800 millones y el papel de intermediador entre Andalucía y el ministerio de Hacienda que ayer anunció que haría Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló: "Lo único que necesita Andalucía es que el Gobierno deje de poner en cuestión su solvencia permanentemente y no entorpezca nuestra capacidad de acudir a los mercados".
Lucha contra el fraude
Junto a las citadas medidas, el Gobierno regional también quiere mantener la presión sobre la evasión fiscal, centrándola en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, y de Patrimonio. A los 60 millones 'extra' ya recuadados hasta junio, se añadirán hasta 20 millones más que se prevé obtener antes de fin de año, que totalizarán entre 75 y 80 millones. Se realizarán para ello 7.500 controles en el último trimestr, anunció Aguayo.
Con respecto a la reposición de la paga extra de julio para los 266.000 empleados públicos andaluces, tras eliminar el Gobierno la de Navidad, la consejera detalló que el ahorro que logrará la Junta será 443 millones, mayor que los 294 que ahorraría la Junta suprimiendo la extra de julio. Sin embargo, los aproximadamente 100 millones más en IVA que pagará la Junta y la reducción de casi 60 millones en ingresos para Dependencia que proceden del mismo real decreto del pasado 13 de julio hacen que el supuesto ahorro de costes para la administración andaluza no sea tal, y se incremente incluso el gasto en 8 millones. "Cantidad marginal dentro de nuestro plan de ajuste, pero que muestra la contradicción en la que incurre el Gobierno", incidió Aguayo.
Por último, la consejera avanzó que los servicios jurídicos de la Junta estudian la posible inconstitucionalidad de varios aspectos del citado decreto, en concreto en lo que se refiere a negociación colectiva, permisos sindicales y limitación de competencias autonómicas en ciertas materias como lactancia materna.
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