La patronal de la energía fotovoltaica, Unef, maneja ya informes internos sobre la posible retroactividad del Real Decreto Ley que aprobó la moratoria verde.
Según un informe interno, al que ha tenido acceso elEconomista, la medida abriría la puerta a las reclamaciones judiciales. Con los cálculos realizados por esta patronal, las dos convocatorias que han sido suspendidas para otorgar una potencia de 280 MW han supuesto unos costes hundidos de cerca de 35 millones de euros, lo que supondría una medida retroactiva.
Unef considera que existen unos costes hundidos fruto de la supresión de las dos convocatorias en los procedimientos de preasignación por las cantidades invertidas en los avales, el coste de proyectos visados y memorias de las instalaciones, las licencias de obras, así como los potenciales estudios mediambientales. El sector no considera el estudio del punto de conexión porque la práctica de cobrarlo por parte de las distribuidoras (las grandes eléctricas) ha desaparecido.
Cierre de convocatorias
Por ese motivo, la patronal ha insistido al Ministerio para que permita que se cierren estas dos convocatorias.
Unef ya tiene hechos también los cálculos sobre la repercusión de la moratoria verde aprobada por el Ministerio de Industria.
Según otro informe interno de Unef, la decisión del Gobierno tendrá un impacto de 70 millones de euros, sobre los 160 millones en los que estimaba el ministerio el impacto de esta medida.
Según las cuentas que ha realizado el sector, en base a las 4.200 empresas que integran esta agrupación, se estima en 1.441 millones de euros para 2013 y en 5.586 millones hasta 2016 la cantidad de negocio anual. Según las cuentas que ha elaborada la patronal, entre 2012 y 2013, el parón de la actividad dejará sin empleo a 4.500 personas. Asimismo dejarán de generarse 1.100 empleos estructurales hasta 2016.
El impacto real atendiendo a la ratio determinada por Istas en 2010, deberá incrementarse con los empleos inducidos hasta un total de 9.570 personas a tiempo completo.
En las cuentas del estado, las tres administraciones (local, autonómica y estatal) dejarán de ingresar 230 millones en 2013 y 264 millones anuales en 2016.
La estimación para la balanza de pagos supone que habrá que incrementar en 35 millones por las importaciones de combustibles fósiles y de derechos de CO2.
También se ha anticipado y se mantiene un saldo regular de 150 millones de euros en poder de la administración, correspondiente al IVA soportado en la construcción y no repercutido hasta la entrada en actividad de las instalaciones.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha justificado la suspensión de primas a nuevas instalaciones renovables argumentando que durante la anterior etapa de Gobierno socialista, entre 2004 y 2011, las primas a estas tecnologías aumentaron un 400%, lo que provocó un mayor coste al sistema eléctrico en un contexto de caída de la demanda y menores ingresos tarifarios.
El PSOE pedirá al Gobierno que retire el Real Decreto, que se debatirá para su convalidación en el pleno del Congreso de este jueves, 9 de febrero.
El secretario de Ordenación del Territorio, Hugo Morán, que en paralelo considera necesario que el Ejecutivo abra "un proceso de diálogo que permita consensuar una estrategia de país en relación con el modelo energético, en general, y del papel de las renovables, en particular".
Sin reunión en el PP
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en línea con el PSOE, había pedido una reunión con Soria y los consejeros de Industria de las comunidades del PP, pero ésta ha sido suspendida por "problemas de agenda" Por su parte, fuentes cercanas al encuentro señalan que la reunión iba a servir para trasladar al ministro la preocupación por las primas.
El daño sufrido por las fotovoltaicas
