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Seis meses de MiFID verde: el minorista da el "Sí quiero" a la ESG, pero hay poca oferta
- Por primera vez, la industria tantea al cliente 'retail' sobre inversión sostenible
- En algunas de las categorías de fondos, la oferta es aún muy escasa
María Domínguez
Hace ya medio año -desde el 2 de agosto de 2022- que empezó a aplicarse el Green MiFID o MiFID verde. Tras la modificación de MiFID II (la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros), el test de idoneidad que se realiza a los inversores ya les pregunta también por sus preferencias de sostenibilidad. Visite elEconomista ESG.
Dicen que la primera impresión es la que queda, y de ahí la relevancia de este nuevo test que, por primera vez, tantea el sentir del cliente retail por la inversión sostenible. Cuestión aparte es que esta primera toma de contacto con el minorista se haya producido demasiado pronto, tal y como lamentan desde la industria.
Los escollos a los que se ha encontrado el Green MiFID son importantes. En primer lugar, en 2022 la preocupación del cliente retail fue la de proteger su propio dinero, más que la de salvar el planeta. En segundo lugar, el nuevo test se topó con una regulación de finanzas sostenibles aún sin terminar. A todo esto se sumó que la oferta de producto sostenible todavía es limitada. Pero, aún así, los participantes en el último Encuentro ESG de elEconomista.es coincidieron en que la respuesta mayoritaria de los clientes minoristas en el nuevo test de idoneidad está siendo "sí": sí, quieren incorporar los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en sus carteras.
La pregunta que de entrada se les está planteando es del tipo: "¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad?" "La respuesta a esa pregunta inicial está siendo claramente afirmativa", explica Claudia Antuña, socia y responsable de sostenibilidad en Afi. Jorge González, director de Análisis de Tressis, añade: "Existe una falta de conocimiento que hace que estas cuestiones que les vas planteando tengas que acompañarlas de aclaraciones; pero en general, cuando les explicas estos temas, los clientes sí quieren tener inversiones de impacto, y les interesa el tema de la sostenibilidad". Aún así, González enfatiza que el timing ha jugado en contra del nuevo test: "En un año como el pasado, de tantas caídas en el mercado, la sostenibilidad no ha sido tan importante para ellos", afirma.
Vuelta a las dudas 'clásicas'
Con la entrada en vigor del MiFID verde, "el cliente retail, según nos comentan los asesores financieros, está volviendo a las preguntas clásicas sobre inversión sostenible", añade Andrea González, subdirectora general de Spainsif. "Quiero tener en cuenta la sostenibilidad, pero ¿me perjudica en rentabilidad? ¿Esto me sirve para proveerme frente a riesgos de sostenibilidad, o para contribuir a soluciones?". González también apunta: "Hubiese sido deseable que esta primera impresión del cliente retail se hubiese producido un poco más tarde en el tiempo, cuando la oferta hubiese tenido más tiempo de prepararse".
Esta experta se refiere a que el Green MiFID empezó a aplicarse con la regulación a medio hacer, porque hasta enero de 2023, las gestoras no han tenido obligación de divulgar de forma detallada y estandarizada la información sobre sus fondos sostenibles (con la entrada en vigor del nivel 2 del Reglamento de Divulgación de Finanzas sostenibles de la Comisión Europea). Le puede interesar: Se cumple un año del 'Big Bang' de los fondos sostenibles.
Es decir, desde el 2 de agosto pasado ha sido obligatorio para las distribuidoras de fondos preguntar al cliente por sus preferencias y darle respuesta con producto adecuado, pero hasta el 1 de enero de 2023 no han contado con la información que necesitan por parte de las fábricas de los fondos.
"A partir de ahora ya sí que se espera que esa información que ya está reportada se traduzca en una capacidad mucho mayor para saber si los productos que estamos incorporando en nuestras carteras o en nuestro asesoramiento cumplen con lo que demanda el cliente", aclara Claudia Antuña.
La A, la opción más limitada
Una vez que el cliente responde "Sí" a la pregunta inicial, la siguiente cuestión sería la siguiente: "¿Cómo quiere usted materializar esas preferencias de sostenibilidad?" De acuerdo con MiFID II, puede aterrizarlas en su cartera de tres formas: a través de inversiones consideradas sostenibles en base al Reglamento de Taxonomía verde (opción A, ver gráfico); hacerlo a través de inversiones sostenibles conforme al Reglamento europeo de Divulgación (opción B); o a través de productos que tienen en cuenta las principales incidencias adversas (Pias); es decir, que gestionan los impactos negativos que puede tener esa inversión sobre cuestiones climáticas o sociales (opción C).
Aquí empiezan los problemas, porque existen todavía pocos fondos para dar respuesta a las opciones A y B, especialmente a la A, la relativa al alineamiento con la taxonomía (el listado de actividades que, según la Comisión Europea, contribuyen a mitigar el cambio climático y a adaptarse a él).
Si el cliente pide una cartera alineada en un 50% con la Taxonomía, se encontrará con que no es posible. Su asesor le podrá ofrecer como máximo porcentajes del entorno del 5% de alineamiento con ella, al no existir todavía producto disponible para que ese porcentaje sea mayor. La taxonomía verde: un hito, aunque incompleto, de las finanzas sostenibles.
Aquí estriba otra de las incoherencias del calendario normativo de las finanzas sostenibles: hasta 2025 no será obligatorio para las grandes empresas publicar los datos que reflejen el alineamiento de su actividad con la taxonomía (la fecha se dilata hasta 2028 si hablamos de las pymes). Estos son los plazos de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive, o CSRD), recientemente aprobada. Le puede interesar: La Plataforma de Finanzas sostenibles pide que se eviten los 'problemas de calendario' en la regulación verde.
Opción B: Reglamento de Divulgación
También es posible construir una cartera sostenible en base al Reglamento europeo de Divulgación, que estableció los famosos fondos 'artículo 9' -los más puros, al tener un objetivo de impacto- y 'artículo 8' (fondos que invierten en activos que "promocionan características ESG", más laxos). Para dar respuesta al cliente que elija esta opción, son válidos todos los fondos 'artículo 9', pero solo algunos de los 'artículo 8' (en concreto, los llamados '8 Plus', un poco más exigentes que los '8'). Le puede interesar: España avanza lenta, pero apunta a la máxima exigencia en fondos sostenibles.
Las limitaciones de esta opción tienen que ver con las etéreas definiciones que incluye el Reglamento de Divulgación. La Esma ha pedido en varias ocasiones a la Comisión Europea que aclare qué significa "promover características ambientales y/o sociales". Tampoco ha ayudado a ampliar la gama de producto el aluvión de rebajas de clasificación que han sufrido muchos fondos 'artículo 9'. "La problemática con la opción B es que, según ha revelado un estudio de Morningstar, existen diferentes interpretaciones de la definición de inversión sostenible" por parte de las gestoras, apunta Sandra Feteiha, asesora de finanzas sostenibles en Sustainalytics, y el regulador "no ofrece más precisiones" en este sentido. Sube la presión de los reguladores para evitar el greenwashing.
Opción C, la mayoritaria
Es la tercera opción, la C, la que está aglutinando la mayor parte de las respuestas, al ser la más abierta. Consiste en meter en cartera instrumentos financieros que gestionan sus potenciales impactos adversos (Pias) sobre el medio ambiente y la sociedad. Esto es compatible prácticamente con cualquier estrategia, siempre que se analicen esos posibles impactos nocivos, y se gestionen. La Unión Europea ha elaborado una lista de indicadores (entre ellos, las emisiones de gases de efecto invernadero o la diversidad en las cúpulas directivas).
"El reto que nos plantea el MiFID verde es cómo compilar toda esta información y hacerla digerible para los clientes", explica Jordi Mercader, CEO de inbestMe, un roboadvisor que lleva ofreciendo carteras ESG desde 2018 y en el que el 40% de los activos ya son sostenibles. "Nuestro objetivo es que la información que ofrecemos sea suficientemente entendible y que no genere más incertidumbre al cliente. Que esa información sobre las carteras sostenibles sea mucho más fácil de leer para él. Ese es el reto que tenemos en estos momentos", añade.
José Carlos Méndez, dircom de Evo Banco, apunta: "Uno de los elementos que hemos identificado en los procesos de comercialización es que el volumen y la complejidad de información que tenemos que trasladar son demasiado abrumadores para un usuario medio". Desde Tressis, Jorge González señala: "En nuestro caso, en lo que se refiere a la gama de productos, tenemos más que suficientes desde hace muchos años". En su opinión, el problema no es tanto de cantidad de producto existente sino de la información que, por el momento, está disponible sobre los fondos, sobre todo cuando las carteras son de fondos de fondos.
El reto para el asesor financiero
Según explica Eva Hernández, experta en finanzas sostenibles y colaboradora de Efpa España, "desde Efpa estamos adaptando los materiales continuamente. Pero, por otro lado, el haber realizado un curso de formación no capacita al asesor para resolver las preguntas que va a plantear el cliente minorista, que tiene todavía muchísima confusión respecto a las finanzas sostenibles". Más allá de esto, lo que estamos viviendo "es un cambio de paradigma total que implica un nivel de complejidad técnica muy elevado incluso para los asesores", añade.
También lamenta que "para muchas gestoras, especialmente las menos especializadas, este nuevo test se considera como un mero trámite: "No se percibe aún como una oportunidad de averiguar qué quiere el cliente ni generar ideas para nuevos productos", afirma Hernández.