Talgo, Sabadell, Telefónica, Naturgy, Indra, Grifols...Sánchez lleva el intervencionismo a una nueva dimensión

El veto oficial a la oferta pública de adquisición (opa) de Magyar Vagon sobre Talgo consuma las amenazas que desde el Gobierno se habían ido deslizando desde que a finales del año pasado trascendiera el interés de la compañía húngara por hacerse con el control del fabricante de trenes español. Un posicionamiento frontal, soportado por la normativa vigente sobre inversiones extranjeras, con el que obstruye la aspiración del grupo húngaro y genera aún más incertidumbres sobre el futuro de la compañía que controlan Trilantic, la familia Oriol y Torreal (familia Abelló).

La decisión de la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, justificada en el carácter estratégico de Talgo para la seguridad nacional y el orden público, abunda en una política de creciente intervencionismo público en el terreno empresarial privado. Detrás de la oposición de Moncloa se encuentra la participación del Ejecutivo de Viktor Orbán en el consorcio ofertante, a través del fondo estatal Corvinus. Ahora, Magyar Vagon y quizás también los principales accionistas de Talgo llevarán al Gobierno a los tribunales.

En paralelo a su rechazo a la opa de Magyar Vagon, el Gobierno ha tratado en los últimos meses de armar una propuesta alternativa que conceda más garantías a la españolidad de Talgo. En dicha búsqueda encontró a la checa Skoda, con el ímpetu porque ésta estuviera acompañada de grupos nacionales -Criteria y Escribano emergieron de entre todos los contactos realizados-. Sin embargo, por el momento Skoda únicamente ha expresado su interés en acometer una fusión, sin calibrar aún de qué manera compensará a los dueños del fabricante de trenes español.

Si bien la injerencia política ha sido una constante en España, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se ha agudizado. Más allá de Talgo, en estos años el Gobierno ha participado, de un modo u otro, en relevantes movimientos en torno a grandes grupos como Naturgy, Indra, Telefónica, BBVA, Sabadell, Grifols u Opdenergy.

La mayor operación que hay en marcha en la actualidad en España es la opa de BBVA sobre Sabadell. Y como en el caso de Talgo, distintos representantes del Gobierno ya han expuesto su oposición. La entidad vasca planteó inicialmente una fusión, pero se topó con la negativa del consejo de administración de Sabadell. Ante ello, el banco que preside Carlos Torres lanzó una opa hostil. Lo hizo a pesar de que ya conocía el rechazo a la fusión del Ejecutivo, sustentado, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la "excesiva concentración" y sus "nocivos" efectos. El Gobierno no puede impedir la opa, que requerirá el permiso del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero sí tendrá capacidad para frustrar la integración de ambas entidades.

Al igual que hizo desde un inicio en el caso de Talgo, el Gobierno ha advertido de que ejercerá sus poderes en la posible opa sobre el fabricante de hemoderivados catalán Grifols al considerar que se trata de una empresa estratégica para España. El fondo de infraestructuras canadiense Brookfield anunció semanas atrás que exploraba la adquisición de la compañía y ya entonces el propio Cuerpo aseguró públicamente que el Ejecutivo tendrá "algo" que decir si llega a oficializarse la operación. Así, la transacción pasará por la Junta de Inversiones Exteriores para analizar la operación y "las condiciones necesarias, si es que se da el caso, para que pueda darse y sea beneficiosa para la empresa y para este sector, que es clave en España ahora mismo, pero también a nivel mundial", indicó el ministro de Economía.

El carácter estratégico de Naturgy ha sido también argumento constante del Gobierno ante los distintos movimientos empresariales que han rodeado a la gasista en los últimos tiempos. En 2021, Moncloa impuso ocho condiciones al fondo australiano IFM en su opa sobre la compañía que dirige Francisco Reynés, entre las que figuró apoyar la inversión en renovables, una política de dividendos prudente y el mantenimiento del grueso de los empleos en España. Unas exigencias que también estuvieron sobre la mesa cuando la pasada primavera la emiratí Taqa anunció que estaba manteniendo conversaciones con Criteria, CVC y GIP para entrar en el accionariado de Naturgy y gestionar la empresa junto con la entidad catalana. Sin embargo, en junio dieron por rotas las negociaciones.

Dentro del ámbito energético, el Gobierno también consiguió en el marco de la opa de Antin sobre Opdenergy el "compromiso voluntario" del fondo galo de no llevar a España a más arbitrajes por las inversiones en energías renovables.

Al margen de las opas, el Ejecutivo de Sánchez también ha hecho gala de un mayor intervencionismo con su entrada este mismo año en el capital de Telefónica, del que ha tomado el 10% contrarrestando así la posición de la saudí STC, que irrumpió en la teleco hace casi 12 meses. El Gobierno analiza ahora que pase del 4,9% al 9,9%. De igual modo, en 2022 el Gobierno incrementó su participación en Indra hasta el 28% para reforzar su control. La tecnológica, además, entró en el accionariado del fabricante de motores aeronáuticos vasco ITP Aero para asegurar su españolidad.

Las amenazas a Ferrovial por su traslado

La injerencia del Gobierno en el entorno empresarial no sólo se ha hecho notar con su posicionamiento en opas y fusiones o con la compra de acciones de compañías. En 2023, el Ejecutivo de Sánchez no dudó en poner en la diana a Ferrovial por su decisión de trasladar su sede desde España a Países Bajos para así cotizar en Amsterdam como paso previo a hacerlo en Wall Street. Aunque la operación no afectaba a cuestiones estratégicas de país, el propio Sánchez lanzó descalificaciones contra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y el Gobierno amenazó con no aplicar la neutralidad fiscal a la compañía.