
¡Infierno en la carretera! A pesar de que a mediodía de ayer, las tres organizaciones que habían convocado la huelga de los camioneros -Fenadismer, Confedetrans y Antid- anunciaron "el fin temporal de los paros", la red viaria española volvió a quedar colapsada.
Más de 30.000 camioneros, que se dirigían a Madrid desde distintos puntos del país, fueron movilizados sin motivo aparente, lo que provocó una avalancha de denuncias por abuso de autoridad contra la Guardia Civil.
Todo comenzó el pasado domingo, cuando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenó movilizar a todos los efectivos de Tráfico para impedir que Madrid quedara colapsada. Encabezadas por la Plataforma Nacional del Transporte, varias organizaciones de autónomos animaron durante todo el fin de semana a sus asociados a tomar la carretera y dirigirse a la capital como medida desesperada de presión. Pero no lo consiguieron.
Circulando de forma tranquila
"No nos hemos saltado ninguna norma. Estábamos circulando de forma absolutamente tranquila y nos han ordenado parar", aseguraba ayer un portavoz de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos, una de las organizaciones que convocó la marcha hacia Madrid.
"Cada camionero que paran se dirige directamente al cuartel más próximo a presentar una denuncia. Lo que han hecho es intolerable. Es un secuestro en toda regla. No se puede impedir la libre circulación de mercancías y personas en las carreteras", añaden desde la Plataforma Nacional del Transporte, una organización que asegura representar a más de 40.000 camioneros. Su presidente, Manuel Núñez, insistía en que "nuestra in- tención no era bloquear la ciudad, sino tan sólo manifestarnos".
Parar los camiones
La situación más tensa se vivió en Castilla y León, con más de 500 camiones retenidos en distintos puntos de la carretera, especialmente en Benavente (Zamora). "Lo que hemos hecho ha sido parar a los camioneros que se dirigían a Madrid sólo para bloquear o entorpecer el libre funcionamiento de los servicios y los ciudadanos", aseguró Miguel Alejo, delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma. "Tanto la Guardia Civil como la Policía han actuado con mesura y prudencia", insistió.
Pero lo peor es que el problema era algo generalizado. "Si no lleva carga, no puede continuar". Ése era el mensaje que a lo largo de toda la red viaria transmitían los agentes de la Benemérita a los camioneros. Hubo así retenciones en Benavente, pero también en otros muchos puntos. Según informó la Dirección General de Tráfico, desde primera hora de la mañana hubo fuertes retenciones en la carretera de Barcelona, entre Azuqueca de Henares y Meco; en la carretera de Burgos a la altura de La Cabrera; en la de Extremadura entre Valmojado y Casarrubios... Y así un largo etcétera.
En defensa de los agentes
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (Augc) salía ayer rápidamente en defensa de los agentes, asegurando que se estaban limitando "a cumplir órdenes", aunque reconociendo, no obstante, que todos los agentes de tráfico habían sido movilizados y que, por lo tanto, no se estaba realizando ningún otro tipo de control. "Nos han dicho que era la prioridad absoluta", aseguró la organización. El Ministerio del Interior, que mantendrá el dispositivo hasta que no haya ningún riesgo, negó sin embargo que hubiera ningún tipo de incidencia.
Ahora mismo, la única organización que mantiene el paro es la Plataforma Nacional del Transporte, cuya representatividad es dudosa y que ni siquiera ha estado en la mesa de negociación con el Gobierno. Las patronales Fenadismer, Confedetrans y Antid decidieron la suspensión temporal, para no ocasionar, según dicen, "más perjuicios" a la maltrecha economía del sector. En el último año, la subida de los carburantes había costado a los camioneros 2.713 millones de euros, por lo que no desisten, en cualquier caso, de seguir promoviendo todo tipo de actos y movilizaciones.
Pero no son los únicos que están perdiendo dinero. Debido a los paros, Asedas, la patronal de los supermercados, integrada entre otros por Mercadona, Consum, Supersol y el grupo Ifa, cifró las pérdidas causadas por la huelga en 130 millones. Y eso que las regulaciones de empleo en el sector de la alimentación empiezan ya a remitir.