Rajoy no logrará la investidura salvo milagro inesperado. La exposición de su programa de gobierno no va a alterar los votos predeterminados, pese a que ese programa es fruto de un acuerdo transversal entre varias formaciones políticas. Los que anunciaron el no se mantienen en él, y los que han comprometido el sí exactamente igual. Si el presidente en funciones alardea de ser un dirigente previsible, este trámite tan crucial de nuestro entramado institucional ha terminado por serlo igualmente.
Una de las reformas que se podrían haber pactado en el momento histórico que ha traído el destino a la vida pública española es la de la sesión de investidura, a la que se llega con el prejuicio de los grupos respecto a lo que el candidato va a proponer. Hubo un tiempo en que la exposición del programa de gobierno podía plantear cambios de posición en diferentes grupos, aquellos que vieran rendijas de acuerdo o medidas que fueran susceptibles de suscribir. De eso nada se sabe a estas alturas de la renovación que nos lleva hacia la nueva política.
El carácter institucional del discurso de Rajoy, remarcando la necesidad de que se pueda configurar un Gobierno lo antes posible, va más dirigido a los ciudadanos que al resto de partidos, a los que sabe convencidos de lo que han decidido e inamovibles en su posición.
No mencionar prácticamente al PSOE pese a que es la llave de esta cerradura atascada va en la misma línea: da la sensación de que el candidato ha empezado con su intervención a preparar las próximas semanas de indescifrable negociación más que a tratar de convencer a los socialistas.
Más determinante es, de cara a ese futuro inminente, la oferta de pactos de Estado lanzada desde la tribuna, ante la cual algunas siglas tendrán difícil una explicación de su negativa a explorarlos. La educación, la violencia de género, el plan de choque contra el paro o establecer una línea común sobre la energía son cuestiones en las que cualquier ciudadano español aprobaría el diálogo y el consenso. Son lo que podemos llamar el modelo de país, de su productividad y de su desarrollo para las futuras generaciones. Oponerse a esas grandes líneas de Estado puede pasar factura a cualquiera que lo haga.
Lo realmente analizable de esta sesión de investidura, segunda en un año y segunda presumiblemente fracasada, es la sensación de que España ha perdido ya una gran oportunidad para afrontar el futuro con garantías y entendimiento por el bien común. Esa opción envidiable se ha producido en dos comicios consecutivos, en los que el resultado marcaba claramente la necesidad de una alianza entre los dos grandes para modernizar el país como se hizo en 1977.
En ese gran acuerdo del que ya nadie habla por obsoleto y por lamentablemente trasnochado se habrían incluido las reformas que habrían permitido adaptar las leyes y las instituciones a la nueva realidad. Una gran oportunidad perdida hace muchos meses.
