La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que podría sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del 'caso Nóos'. Se archiva no obstante la imputación por delito de blanqueo. Los vericuetos legales de esta decisión
Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50% junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
De este modo, la infanta podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel, solicitud que podría verse reducida si hace frente a las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50% junto a su marido.
Además, el juez José Castro tendrá que tomar la decisión de aplicar o no, "con libertad de criterio", la 'doctrina Botín' sobre la hija de Juan Carlos I y hermana del rey Felipe VI.
"Innegable e inobjetable"
Así, en el auto se considera "innegable e inobjetable" que la Duquesa de Palma, desde el momento en que era copartícipe de una sociedad "ficticia" -en alusión a Aizoon-, contribuyó a defraudar a Hacienda y además "se benefició de ello". De este modo se expresa la Sala en un auto de 160 páginas, en el que deja a las puertas del juicio a la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos ilícitos contra la Hacienda pública presuntamente cometidos en 2007 y 2008. La Audiencia considera así que la infanta fue figura indispensable para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años.
En este sentido, la Audiencia prosigue que el dinero que recibía Aizoon -percibió más de un millón de euros de los fondos supuestamente ilícitos que cobró el Instituto Nóos de las Administraciones públicas- no se quedaba en su cuenta, sino que los Duques disponían del mismo sin que tampoco estas cantidades fuesen declaradas a Hacienda. De este modo, recalca, "también colaboraron en la ocultación de esos beneficios".
"El blanqueo era el delito más grave"
Minutos después de conocerse la noticia, Miguel Roca, abogado de la infanta, ha comparecido antes los medios para asegurar que la Audiencia ha estimado en parte los recursos presentados por la infanta. "Estamos de acuerdo en el tema del blanqueo pero no en el de los delitos fiscales. La Agencia Tributaria ha insistido en que no hay delitos", ha asegurado Roca, para incidir en que no comprender por tanto la imputación. De todos modos, se ha mostrado satisfecho porque se ha caído la acusación que consideraban más graves y ha dejado abierto posibles recursos a la espera de leer la resolución y ver como avanzan los cauces legales.
A las preguntas de como se siente la infanta, Miguel Roca ha indicado que supone que no le hará "ninguna gracia" que solo se hayan estimado en parte sus recursos.
Otras imputaciones
Además de las imputaciones a las infanta, la Audiencia Provincial de Baleares ha elevado a diez los delitos por los que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.
Del mismo modo, decreta que continúe el proceso penal contra el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y un delito fiscal, los mismos delitos que pesan sobre su mujer, Ana María Tejeiro, así como sobre los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro. La Audiencia también imputa un delito de blanqueo al matrimonio Torres-Tejeiro.
También mantiene la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Los mismos que ya imputó el juez José Castro al exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.
En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, mantiene la imputación del exsecretario de Turismo Luis Lobón por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad, los mismos que a los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.
Finalmente, también continuará encausada la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
A todos ellos se suma la nueva imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, así como del exdirector financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa. También la Audiencia al supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet.
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