España

El Gobierno abre la puerta a ampliar aún más la jornada laboral del funcionario

  • Los empleados públicos asumirán un esfuerzo de 14.500 millones de euros
  • El Plan Presupuestario 2013-2014 recoge una ampliación a 37,5 horas "mínimo"
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristobal Montoro. Foto: Archivo

El Gobierno se ha cuidado muy mucho de guardarse las espaldas en el Plan Presupuestario 2013-2014 de cara a tener que acometer futuros recortes presupuestarios. Y los funcionarios están en ese disparadero de salida. El documento remitido el pasado 3 de agosto a Bruselas contempla -en su página 26- que "se extiende la jornada laboral del sector público estatal a las 37,5 horas semanales como mínimo".

De esta forma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que capitanea Cristóbal Montoro se reserva la posibilidad de ampliar aún más las horas semanales que trabajan los empleados públicos después de incrementar su jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales en el primer gran ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy anunciado el pasado 30 de diciembre y recogido, tres meses más tarde, en los Presupuestos de 2012.

El Ejecutivo abre esta puerta en un Plan Presupuestario que, en líneas generales, recoge la posibilidad de llevar a la práctica nuevos recortes. "Si persistieran elementos de riesgo que pusieran en peligro el logro de este objetivo, el Gobierno aprobaría nuevas medidas de ajuste", reza el texto.

Recorte a empleados públicos

Hasta el momento y después de los sucesivos tijeretazos acometidos en 2012 y los previstos para 2013 y 2014, los funcionarios asumirán un esfuerzo presupuestario total de 14.520 millones de euros (ver gráfico), una cifra que equivale al conjunto del ajuste anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Entonces, el Gobierno socialista aplicó un recorte medio en las retribuciones a los funcionarios del 5 por ciento en lo que supuso un ahorro de 4.500 millones de euros para las arcas públicas.

Rajoy se negó desde un principio a rebajar el sueldo a los empleados públicos y optó por un recorte encubierto realizado a partir del aumento de horas laborales con el mismo sueldo. Además, el Gobierno mantendrá otros dos años la congelación de la tasa de reposición de empleo público aplicada por Zapatero con las excepciones de educación, sanidad, seguridad y lucha contra el fraude. Así, también de forma indirecta los funcionarios sufren un importante ajuste laboral. De hecho, ésta es la medida más recaudatoria: se ahorrarán en los dos Presupuestos 5.300 millones.

Sin embargo, la iniciativa más dolorosa anunciada por Rajoy el 11 de julio en el Congreso de los Diputados pasó por la eliminación de la paga extraordinaria de esta Navidad, con la que el Gobierno tiene previsto recaudar 5.210 millones, esto es, más que Zapatero en 2010 ya que, en líneas generales, eliminar la paga 14 supone una rebaja salarial de en torno al 7 por ciento.

Pero éste no fue el único sacrificio que el presidente del Gobierno pidió a los funcionarios hace poco más de un mes. El documento remitido a la Comisión Europea recoge que en 2012 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y apuntan que, a lo largo de este año, tampoco se podrán realizar aportaciones a los planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Hacienda eliminará en 2013 y en 2014 los días de libre disposición adicionales, los conocidos popularmente como moscosos, y los días de vacaciones por antigüedad para ahorrar un total de 1.688 millones.

Además, el Gobierno prevé ahorrar 1.023 millones en tres años por la rebaja salarial a funcionarios en situación de incapacidad temporal. Si antes se mantenía el salario íntegro los primeros 90 días de baja, ahora los tres primeros días, tanto para el personal funcionario como para el laboral, el salario quedará reducido a la mitad, mientras que desde el cuarto día hasta al vigésimo, no superará el 75 por ciento.

El plan recoge también restricciones complementarias a la contratación del personal temporal y regula la incompatibilidad para que los altos cargos reciban simultáneamente pensiones indemnizatorias y prestaciones compensatorias.

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