
El céntimo sanitario puede costarle muy caro al Gobierno. Si el Alto Tribunal Europeo da en septiembre la razón a los transportistas, al entender que su finalidad no era por la que estaba clasificado, el Estado podría verse obligado a devolver casi 5.000 millones de euros a los afectados. La resolución, que se conocerá en septiembre, es definitiva y no cabe recurso contra ella. Desde el sector de la carretera, la confianza es total después de años de guerra por un impuesto que "ni es un céntimo ni es sanitario", puntualizan los afectados.
"El Estado está intentando que no salga adelante, pero en las distintas instancias nos han dado la razón al dictaminar que era un impuesto ilegal", explica el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Julio Villaescusa.
El céntimo sanitario es uno de los asuntos que afectan de forma directa a los transportistas españoles, que ven cómo se aplica un impuesto más a un bien que representa ya el 40% de la tabla de costes de sus empresas. Según justifica Villaescusa, el problema es que la denominación céntimo sanitario podría ser ilegal, ya que la legislación establece que no se puede pagar dos veces por el mismo servicio. "Y las empresas ya estamos financiando la sanidad pública a través de las deducciones a la Seguridad Social", dice puntualizando el error del nombre por partida doble.
En ese sentido, ese mal llamado céntimo no es correcto, porque no es uno, sino 4,8 por litro de gasóleo repostado, que si se le aplica el IVA, asciende a 5,8. Es decir, casi seis veces más. Sólo cuatro regiones (País Vasco, La Rioja, Aragón y Canarias) no lo tienen en vigor.
Si Europa les da la razón, los transportistas podrán reclamar las cuantías pagadas, pero con su justificante, algo que en ocasiones será casi imposible. "Pero será una batalla ganada", dice Julio Villaescusa, que sabe que el Gobierno tendrá que pagar. Su primera victoria fue con el cambio de nombre el pasado 1 de enero, que pasó de céntimo sanitario a Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).
Los transportistas son conscientes de que las arcas públicas necesitan ingresos y tiran de donde mejor pueden: de las fuentes de energía y de un sector que mueve el país. De hecho, el 84% del volumen de mercancías transportado en España lo hace en tren. Así, al céntimo sanitario se suma otra batalla que dan casi por perdida: la euroviñeta, que supone el pago por uso de las carreteras, algo que ya se viene haciendo en gran mayoría de los países europeos.
Quien usa, paga
De momento, los Gobiernos han logrado frenarlo conocedores de la difícil situación que atraviesa el sector y que ha reducido su negocio en un 30%. Sólo en el primer semestre se han bajado del camión 2.000 autónomos, 70.000 en toda la crisis.
"Pero los transportistas no podemos actuar como recaudadores de impuestos sólo para que los constructores tengan trabajo", dice en relación a los que solicitan que se imponga el pago por uso. "Lo estamos pasando muy mal y si al final el Gobierno implanta la euroviñeta, no nos quedará más remedio que repercutirlo en el precio final. Es decir, lo acabarán pagando todos los españoles".
Según el presidente de Fenadismer, la situación del sector en España es la peor de Europa. "Somos los más baratos del mercado", apunta, argumentado que muchos portes no compensa hacerlos "ya que cuesta más el trabajo que lo que se hagan". Mientras en Europa el dumping (fijar un precio de venta inferior al coste incurrido) está prohibido, en España aseguran que es el día a día. "Pero pararse es mucho más grave. Si no hacen estos servicios, la muerte empresarial es súbita". Trabajar "es un espejismo" y lo hacen porque creen que mañana mejorará. Pero según los datos que maneja el sector, la actividad está a nivel de hace 13 años "y no hay signos de que esto mejore. Si llega la euroviñeta, "muchos van a tener que abandonar sus camiones".
En cuanto a la morosidad, Villaescusa insiste en que cualquier ley que no tenga régimen sancionador es una ley inútil. El que haya 30 días de fecha de pago y que se pueda con pacto entre partes los 60 días es un canto al sol ya que el observatorio de la morosidad da 85 días de media.